CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A punto de cumplirse seis años desde la desaparición de 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un informe con los avances sobre el caso reactivado por su administración. En su conferencia de prensa matutina, el mandatario confirmó que el próximo 26 de septiembre se darán a conocer diversos aspectos del caso. “Este es un asunto de Estado, nosotros nos hemos comprometido a esclarecer todos los hechos y se está avanzando en ese propósito, es un compromiso con las madres, padres de familia, con todo el pueblo de México”, dijo. En dicho informe participará la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas; el fiscal general, Alejandro Gertz Manero y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. https://www.proceso.com.mx/649360/buscan-en-mexicali-a-uno-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-estaria-en-situacion-de-calle Desde hace una semana, la representación de las familias saludó los avances y anunció la presentación del informe que hoy confirmó el mandatario, quien abundó en que expondrán los resultados alcanzados hasta ahora, las órdenes de aprehensión en curso, entre éstas el caso de Tomas Zerón de Lucio, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, a quien se le imputa la construcción de la llamada “verdad histórica” con base en tortura y otras irregularidades. “Vamos a procurar que (el informe) sea lo más amplio posible, que la única limitante sea lo que tiene que ver con el cuidado del debido proceso por el sigilo, la dignidad de las personas, todo lo que se debe cuidar… informar todo lo que se tiene hasta ahora”, explicó. https://www.proceso.com.mx/649255/normalistas-de-ayotzinapa-vandalizan-la-sede-del-poder-judicial-en-iguala Entre la noche del 26 y el amanecer del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes fueron desaparecidos, nueve personas ejecutadas y al menos 27 resultaron heridas, durante una movilización de agentes del Estado, en un caso que cimbró al país y a la comunidad internacional. El caso fue detonante del deterioro de la imagen del gobierno de México que quiso salir al paso con una conclusión ministerial que fue descalificada por organismos internacionales, derechohumanistas y, principalmente, por las familias de los jóvenes, presentada como “la verdad histórica” del caso por el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam. Entre las primeras decisiones del gobierno de López Obrador se cuenta la reapertura del caso, un proceso que a casi dos años de iniciado, ofrecerá sus avances conforme a lo expuesto por el mandatario.