CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Documenta A.C. solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, para evitar violaciones a derechos humanos de los más de 300 internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2, “Occidente”, ubicado en Puente Grande, Jalisco, cuyo cierre fue anunciado este lunes por las autoridades. En un comunicado, la organización no gubernamental (ONG) destacó que, ante la falta de información, familiares temen que los traslados de los reos a otras cárceles se realicen de forma inmediata esta noche o la madrugada del martes 29. Es indispensable que se informe con celeridad y de forma detallada sobre los procesos subsiguientes al cierre del penal, tanto a personas privadas de la libertad como a sus familiares y personas defensoras, apuntó. Te recomendamos: La fuga de Puente Grande: ni un error, ni un percance, ni un titubeo Documenta presentó una queja ante la CNDH, así como una solicitud de medidas cautelares y la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ante el anuncio que hizo el gobierno federal sobre el cierre del reclusorio de donde escapó Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, en enero de 2001. De acuerdo con la publicación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las personas privadas de la libertad que actualmente se encuentran en el Cefereso número 2 suman 376, de acuerdo con datos del último cuaderno mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente a julio de 2020. Documenta llamó a observar en todo momento el pleno respeto a los derechos humanos de esas personas, pues los traslados penitenciarios representan uno de los momentos de mayor riesgo para la comisión de tortura y malos tratos, uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad e inclusive desapariciones forzadas, ya que durante largo tiempo los reos se encuentran a solas, incomunicados, aislados y en espacios poco visibles. Señaló que, de no realizarse con apego a derecho, los traslados pueden afectar los procesos penales, en el caso de personas que están siendo procesadas, y su derecho a la comunicación con sus defensores y familiares. “Por eso presentamos una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a fin de que solicite a autoridades que se respeten los derechos humanos de las personas trasladadas, respetando en todo momento su dignidad humana. Además, presentamos una solicitud de medidas cautelares y la intervención del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT)”, precisó. Nota relacionada: Adiós a Puente Grande: la SSPC anuncia su cierre La ONG estableció una serie de condiciones que deben cumplirse para realizar el traslado de los internos. En primer lugar, que informen a las familias de personas privadas de la libertad sobre el traslado que se llevará a cabo, brindándoles información sobre el centro penitenciario al que será trasladado su familiar, así como el día y la hora del traslado. Notificar cada uno de los traslados, dentro de las 24 horas posteriores, a jueces de ejecución para calificar su legalidad; que se comuniquen con las personas defensoras legales o familiares de los traslados, que en el caso de personas sentenciadas se garantice su traslado al centro penitenciario más cercano a su domicilio. En el caso de personas en prisión preventiva, garantizar que sean ubicadas en el centro más cercano al juzgado donde se tramita su proceso penal; que no se les encadene, amarre o utilice instrumentos que causen dolor durante el traslado. En general, garantizar que no se ocasionen sufrimientos físicos o mentales a las personas trasladadas. Asimismo, que no trasladen en el mismo vehículo a grupos de mayor exposición a abusos o a personas que requieran medidas especiales o ajustes, como son personas con discapacidad, mayores o con enfermedades crónicas. Finalmente, que garanticen que las personas con alguna enfermedad contagiosa no sean trasladadas con otras, para evitar su propagación, entre otras condiciones de traslado.