#SeguridadSinGuerra pide estudiar a fondo la constitucionalidad del #AcuerdoMilitarista

Yasmín Esquivel Mossa, magistrada de la SCJN. Yasmín Esquivel Mossa, magistrada de la SCJN. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por organizaciones sociales, académicos y activistas, pidió a los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votar contra el proyecto impulsado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa para desechar la impugnación que presentó la legisladora Laura Rojas, expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, contra el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener a las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública.

En un pronunciamiento titulado “¿Ministra militarista?”, las organizaciones cuestionaron que Esquivel, quien tiene “vínculos personales con el círculo cercano al presidente”, se limitó a replicar las consideraciones del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, para que la controversia constitucional presentada por la Cámara de Diputados sea desechada, al considerar que la entonces presidenta “no tiene legitimidad” para exponer la inconformidad contra el acuerdo del 11 de mayo firmado por López Obrador.

“La constitucionalidad del #AcuerdoMilitarista del presidente debe ser estudiada y resuelta para garantizar la seguridad jurídica y definir los límites del actuar militar. La autonomía del Poder Judicial y la posibilidad de construir la paz están de por medio”, alertó el colectivo.

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Tras señalar que este miércoles 30 será definitorio para la “esperanza de paz en México”, porque se analizará el proyecto de Esquivel, resaltó que el documento fue enlistado sorpresivamente el pasado viernes 25.

Luego de considerar que el objetivo de la propuesta de Esquivel es impedir que la SCJN “estudie a fondo y resuelva sobre la constitucionalidad del #AcuerdoMilitarista”, las organizaciones destacaron que, además de la Cámara de Diputados, la orden presidencial fue impugnada por los municipios de Pabellón de Arteaga y Colima, de los estados de Aguascalientes y Colima, respectivamente, y por el estado de Michoacán.

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Los recursos presentados consideran que el ordenamiento presidencial incumple el “mandato constitucional que exige que el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario”, y que “todas las fuerzas políticas del Congreso y los estados aprobaron el año pasado que así fuera, cuando se creó Guardia Nacional”.

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#SeguridadSinGuerra agregó: “el uso extraordinario y acotado de las fuerzas armadas hasta 2024 es un elemento fundamental de la reforma y una obligación internacional del Estado, fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos e inscrito en nuestra Constitución”.

Y resaltó que, pese a que en su momento López Obrador declaró su acuerdo de que la SCJN determinara la constitucionalidad de su resolución, “su consejero jurídico promovió un recurso de reclamación para pedirle a la Corte que deseche la controversia presentada por la Cámara de Diputados, argumentando que la presidenta no tiene legitimidad para presentarla”.

La argumentación del consejero es contraria al reglamento de la Cámara, que “es claro sobre la facultad de presentar la controversia y la existencia de precedentes del Pleno de la Corte sobre la procedencia de controversias presentadas por quienes representan legalmente a las cámaras”.

Al recordar que la asunción de Yasmín Esquivel como ministra de la Corte se dio en medio de “las críticas sobre cómo sus vínculos personales con el círculo cercano al presidente podrían generar conflictos de interés”, los integrantes de #SeguridadSinGuerra resaltaron que su proyecto “propone darle la razón al consejero jurídico, y así impedir que la Corte estudie a fondo la controversia y resuelva sobre la constitucionalidad del #AcuerdoMilitarista”.

Apuntaron que el proyecto de Esquivel fue puesto a la mesa “aprovechando la tensión generada por el inminente revés que la Corte daría el próximo jueves a la propuesta de consulta popular del presidente”, que cuestiona si los cinco exmandatarios que lo antecedieron deben ser enjuiciados.

Por ello, insistieron en llamar a los integrantes de la Segunda Sala de la Corte “para votar en contra del proyecto de la ministra Esquivel”.

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