Búsqueda en Carrizalillo revela los nexos del caso Ayotzinapa con la minería y la disputa de bandas

43 normalistas - Búsqueda en Carrizalillo revela los nexos del caso Ayotzinapa con la minería y la disputa de bandas El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia a seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Octavio Gómez

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La confirmación del gobierno federal sobre las labores de búsqueda forense que se realizan en el poblado de Carrizalillo, para determinar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, significa un reconocimiento oficial de que la confrontación que mantienen grupos delictivos en la zona minera de la entidad ha dejado una estela de desaparecidos, homicidios y desplazamiento forzado de personas.

Durante la presentación del informe sobre el caso Ayotzinapa el pasado sábado 26 en Palacio Nacional, el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, reveló que familiares de los 43 estuvieron la semana pasada en la comunidad de Carrizalillo, donde desde octubre de 2014, los pobladores denunciaron que sicarios de Guerreros Unidos habrían trasladado a un grupo de normalistas a este lugar donde se encuentran las minas Los Filos – El Bermejal, ambas explotadas por las empresas canadienses Equinox Gold y Leagold Mining.

El reciente anuncio de Gómez Trejo confirmó la pista que Proceso documentó hace seis años en la nota titulada “Señalan a pandilleros de “Los Peques” como agresores de normalistas”, y que fue omitida por el gobierno federal anterior.

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De esta manera, el funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) admitió públicamente que en este año han visitado en dos ocasiones la zona minera de Carrizalillo por los señalamientos de que en este lugar habrían sido trasladados una parte de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y donde han realizado labores de búsqueda forense.

De hecho, el mismo sábado 26, el grupo delictivo de La Bandera, una facción de Guerreros Unidos tapizó con narcomantas la ciudad de Iguala donde aseguró que los integrantes de la banda de Los Peques “se llevaron a 17 estudiantes a la (policía) preventiva y después a Cocula; 12 alumnos fueron enviados a Apetlanca donde el líder es Erick Román y su familia, ellos se encargaron de desaparecerlos, y 14 a Mezcala – Carrizalillo donde el líder era El Nueve, junto a Kiko, Cebú, Caballerango y El Monstruo. Estos últimos donde Marcelo Ríos (líder de la CTM en la zona minera de Cocula) tiene sus tiraderos de gente que le estorba”.

Los sitios donde presuntamente fueron trasladados los 43 normalistas de Ayotzinapa, son puntos estratégicos de la franja minera en la entidad que a la fecha siguen bajo fuego y presiones de la delincuencia.

Implicación de mineras

En este contexto, se advierte la implicación de empresas mineras y autoridades de los tres niveles en los crímenes registrados en las inmediaciones de las minas ubicadas en  los municipios de Eduardo Neri, Cocula, Cuetzala del Progreso, Teloloapan y Arcelia donde la delincuencia lo controla todo y se han convertido en zonas silenciadas.

Ello debido a que las concesiones mineras explotadas por compañías nacionales y extranjeras están asentadas en poblados donde operan grupos delictivos como Los Tlacos, Guerreros Unidos y La Familia Michoacana, indican reportes oficiales del gobierno estatal.

Incluso, la minera canadiense Torex Gold Resources que dirige Fred Estanford emitió un informe público hace cuatro meses donde afirmó que las comunidades del municipio de Cocula donde esta asentada la mina El Limón – Los Guajes y explotadas por su filial Media Luna,  “pueden estar influenciadas por entidades externas, grupos u organizaciones opuestas a la minería”.

El empresario extranjero reprochó “la incapacidad o falta de voluntad” del gobierno federal y estatal para “hacer cumplir la ley” o “restablecer el orden” en Guerrero y advirtió riesgos como secuestros de empleados y contratistas. Así como la exposición de empleados y contratistas a actividades relacionadas con el narcotráfico, el crimen, disturbios y daños o robo de activos personales, incluidos futuros envíos de oro de la compañía”, presagió la minera en su informe del año pasado.

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