CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), la Red Rompe el Miedo (RRM) y Comunicación e Información de la Mujer (
CIMAC) condenaron la actuación de los cuerpos policiales de la Ciudad de México y de otros estados de la república durante las movilizaciones del #28S para exigir la despenalización del aborto.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que su actuación contravino los estándares internacionales de derechos humanos y muestra un grave desconocimiento sobre los ordenamientos legales que reglamentan el actuar de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta y manifestación.
La policía de la Ciudad de México, expusieron, realizó el encapsulamiento arbitrario y prolongado de manifestantes, no mantuvo distancia con los contingentes y registró sin sustento jurídico las mochilas de las manifestantes como condición para ser liberadas del cerco policial.
Por otra parte, acusaron el uso indebido e indiscriminado de extinguidores y gas lacrimógeno contra los manifestantes y la presencia de policías hombres, que fueron denunciados por diferentes colectivos de mujeres por acosar y realizar tocamientos a las manifestantes.
Las organizaciones denunciaron que en las movilizaciones ocurridas en Xalapa, Veracruz y Tijuana, Baja California, también se utilizó gas lacrimógeno en contra de las manifestantes y periodistas, y recordaron que “las mujeres pueden cubrir sus rostros en contextos de riesgo como son las protestas por razones legítimas y no delictivas, como el miedo a las represalias”.
RRM, FLEPS y CIMAC, lamentaron las declaraciones de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien criminalizó a las mujeres, activistas, defensoras y protestas de colectivas feministas que participaron en las movilizaciones por la despenalización del aborto #28S, ya que “las descalificaciones estigmatizantes y criminalizantes, reflejan una falta de voluntad política para atender las causas que llevaron a la apropiación del espacio cívico”.
También recordaron que “resulta grave y condenable que las autoridades empleen el doxing” para señalar y poner en riesgo la integridad de activistas que apoyan el movimiento de las mujeres, ya que al ser expuestas al escrutinio público pueden convertirse en blancos de ataques.
Los organismos recordaron a las autoridades que las protestas se realizan en un contexto nacional de violencia generalizada contra las mujeres en donde se asesinan alrededor de 11 mujeres al día, además de la inacción y omisión de las autoridades por frenarla, que ha impulsado la diversificación de las formas de expresión de cientos de mujeres que “ante un Estado que no las escucha, se apropian del espacio cívico como única forma de exigir justicia”.
Por ello exigieron a la Jefa de Gobierno y funcionarios públicos, abstenerse de criminalizar y deslegitimar el derecho a la protesta, las diversas formas de expresión y a quienes ejercen este derecho; publicar un informe policial que establezca los criterios que guiaron el encapsulamiento de la manifestación, la cantidad de personal movilizado y los contextos donde se usaron los extinguidores; así como una investigación sobre el uso de gas lacrimógeno o gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.
También apegarse a los protocolos de actuación policial de la secretaría de seguridad pública de la Ciudad de México para la protección de personas en el contexto de manifestaciones o reuniones, el Protocolo de actuación de la Secretaría de Gobierno ante manifestaciones o reuniones que se desarrollen en la Ciudad de México, así como los acuerdos que los complementan. (
Melisa Carrillo)
