Guanajuato: Criminalización de la mujer

GUANAJUATO, GTO.- A partir de la reforma constitucional que establece el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte natural impuesta aquí por el PAN en mayo de 2009, las organizaciones feministas locales advierten que las autoridades se están ensañando con las mujeres que deciden abortar.

Y ponen un ejemplo: en menos de un año, se abrieron 20 averiguaciones en las agencias del Ministerio Público en la entidad. En contraste, arguyen, entre 2000 y 2008 fueron 130 las averiguaciones previas por el delito de aborto, según los datos de la Procuraduría de Justicia estatal.

Hoy, Guanajuato es el estado donde más se criminaliza a las mujeres por decidir sobre su cuerpo al interrumpir un embarazo de manera  voluntaria o por accidente, como ha sucedido en varios casos, sostiene Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro de información en Salud Sexual Región Centro Las Libres, A.C.

Con un trabajo de más de 17 años en la promoción de los derechos de las mujeres y la educación en salud sexual y reproductiva, Cruz Sánchez ha obtenido varios reconocimientos, entre ellos el que otorga Human Rights Watch a defensores de derechos humanos en el mundo. Recibió el premio de esa organización internacional en 2006.

Entrevistada en su oficina, comenta que la despenalización del aborto en el Distrito Federal –con la posterior declaratoria de constitucionalidad de esta reforma declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y la emisión de la Norma 046 para garantizar los servicios públicos de salud en los casos de aborto legal desataron la ira de los grupos conservadores en la entidad.

La activista asegura que, aun cuando el producto de la mujer es un bien jurídico a tutelar, “nosotras somos sujetas de derechos”. Y esa es la gran discusión: ¿quién tiene más derechos? “Este es el debate que nos hemos tardado en discernir. Y ahora resulta que el PRI y el PAN ya lo saben”, ironiza.

Según ella, aun cuando en el caso de Guanajuato el PAN no requirió de los votos de toda la fracción del PRI para las enmiendas de 2009 –consiguió sólo dos, pues los otros priistas abandonaron  la sesión cuando se votó la reforma–, ese partido ha respaldado a los panistas en otras 16 entidades que han legislado sobre el derecho a la vida.

En el fondo, dice, se trata de una alianza PRI-PAN con miras a 2012, pues ese año el PAN le entregará la presidencia al PRI, de ahí que éste “se está legitimando con la Iglesia católica”; “los tres decidieron aliarse para lograr estas reformas. Sabemos que es una agenda del Vaticano”.

“Beatriz Paredes se ha querido lavar las manos diciendo que (el cabildeo) se hizo con cada legislador de cada estado donde votaron, pero sabemos que en este país y en este sistema de partidos no se hacen así las cosas.”

A estas alturas, afirma Cruz Sánchez, ninguna organización feminista le cree a la presidenta del PRI. Claramente dio su anuencia en este caso que, insiste, es un retroceso en los derechos ganados por las mujeres a lo largo de la historia.

“Ya sabemos que la política se vende al mejor postor, y en este momento el mejor postor es la Iglesia católica, que está legitimando a ese partido para que llegue al 2012 con propuestas muy conservadoras”. Y, añade, quienes están pagando los costos son las mujeres.

 

La embestida judicial

 

El Centro Las Libres ha venido documentando desde el año 2000 los  embates del gobierno estatal contra las mujeres que interrumpen su embarazo, incluso cuando han sido violadas, pese a que esta es una condición de excepción prevista en el Código Penal del estado.

De las mujeres acusadas del delito de aborto de 2000 a la fecha, 14 están sujetas a un proceso penal. Y, de acuerdo con informes del Poder Judicial del estado, todas pisaron la cárcel, aunque fuera sólo por un día, explica la activista.

Asimismo, nueve fueron declaradas culpables y recibieron sentencia, que cumplen fuera de prisión. Para el delito de aborto, según el Código Penal (“la muerte provocada del producto en cualquier momento de la preñez”, artículo 158), la pena máxima es de tres años de prisión y hasta 30 días de multa, con derecho a libertad condicional.

Todas son mujeres de entre los 16 y los 25 años, de escasos recursos, sin escolaridad o con estudios básicos. Todas acudieron a hospitales públicos y algunas comentaron que utilizaron pastillas para inducir el aborto. Fueron denunciadas por los médicos que las atendieron, dice Cruz Sánchez.

Recuerda que la Norma 096, que estuvo vigente por lo menos cinco años en México, obligaba a los médicos a denunciar cuando tuvieran casos de presumible violencia contra mujeres y menores de edad o abusos sexuales. En contraste, agrega, “en la mayoría de los casos no lo hicieron, mientras que en el tema del aborto sí hay denuncias avaladas hasta por 20 médicos en Guanajuato”.

En algunos expedientes incluso se habla de “aborto en agravio de su producto de (ene) meses de gestación”. Eso es absurdo, comenta, pues “ese delito ni existe en el Código Penal”.

–¿Hay médicos procesados o sentenciados por causar o provocar el aborto consentido?

–No. Ninguno.

Además, prosigue, en Guanajuato siete mujeres purgan su sentencia en la cárcel por el delito de aborto –provocado o culposo–, pero los ministerios públicos y los jueces las procesaron y condenaron por homicidio. Ese es otro absurdo.

Según ellas, esos casos son ejemplos de los “torcidos caminos que a veces sigue la impartición de justicia”. Y cita dos de esos casos de mujeres que abortaron en circunstancias similares, aunque las sentencias que recibieron son diferentes. Ambas tenían seis meses de gestación: una fue acusada de aborto y alcanzó la libertad condicional; la otra aún cumple una condena, pero por homicidio.

También figuran casos de abortos imprudenciales o por violación, previstos como excepción de punibilidad en el Código Penal, en los cuales las mujeres fueron acusadas de homicidio. En uno de los expedientes el argumento es el siguiente: “homicidio en razón de parentesco del producto de la gestación”.

Las siete mujeres entraron a la cárcel cuando tenían entre 16 y 19 años de edad. La que menos sanción recibió purga una condena de 10 años y ocho meses. A otra, un juez le impuso 35 años.

 

La lucha

 

La mayoría de los casos, dice la activista del Centro Las Libres a Proceso se ciñe a un patrón. Las mujeres fueron denunciadas por personal de hospitales de la zona norte del estado, que es la más pobre, la menos atendida y la más marginada.

“En Dolores Hidalgo detectamos que los ministerios públicos se comportan como si las mujeres estuvieran cometiendo el delito más grave del mundo, cuando están optando por su propia vida”, dice Cruz Sánchez.

Ante la andanada de reformas en los 17 estados y sus repercusiones en otros ordenamientos jurídicos, en Guanajuato y otras entidades varias organizaciones se han manifestado para contrarrestar las iniciativas que, dicen, “contradicen los derechos humanos y los tratados internacionales en la materia”.

Antes, en mayo de 2009, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, con sede en León, y otros grupos pidieron al Instituto Nacional de las Mujeres que se declarara una alerta de género en la entidad por agravio comparado, luego de las reformas al Código Penal del Distrito Federal.

Las activistas encontraron eco en el ayuntamiento de Uriangato, municipio del sur del estado, que ese mismo año presentó una controversia constitucional (62/2009). Esa petición se sumó a las de dos municipios –uno de Querétaro y otro de Oaxaca–, así como a las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California y los diputados de oposición en el Congreso de San Luis Potosí ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los cambios en sus constituciones locales.

En este paquete, que de acuerdo con la agenda de la SCJN será desahogado en el primer semestre de este año, va también la controversia que interpuso el gobernador de Jalisco, Emilio González, contra la Norma 046 emitida por el consejo de la Secretaría de Salud.

Además, cientos de mujeres en edad reproductiva de varios estados, incluyendo el de Guanajuato, mantienen viva la lucha jurídica mediante amparos contra la reforma por afectar sus derechos reproductivos.

Dicen que buscan protegerse contra las arbitrariedades y los abusos que las autoridades cometen contra las mujeres. No sea que ahora quieran meternos a la cárcel “por usar el Dispositivo Intrauterino (DIU) o la pastilla de emergencia”.

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