Balas contra la prensa

SALTILLO, COAH.- Con el homicidio del reportero Valentín Valdés Espinosa, del diario Zócalo de Saltillo, cometido el jueves 7, ya son 65 los periodistas asesinados en México en la última década.

Hasta ahora, en Coahuila dos asesinatos y la desaparición no esclarecida del reportero Rafael Ortiz Martínez, del periódico Zócalo de Monclova, en julio de 2006, se han atribuido a la delincuencia organizada, pero los cuerpos de seguridad pública también han incurrido impunemente en agresiones e intimidaciones a periodistas.

La muerte de Valdés Espinosa provocó reacciones de organismos defensores de los derechos humanos, así como del obispo Raúl Vera López, quien el sábado 9 ofició la misa de cuerpo presente para el reportero y en su sermón calificó de vergonzoso que México sea el país con más asesinatos de periodistas.

“No podemos resignarnos –dijo Vera–; (los periodistas) no pueden estar viviendo y realizando su trabajo con el riesgo constante de ser agredidos.”

La primera reacción del gobernador del estado, Humberto Moreira Valdés, fue calificar como fracasada “la guerra” de Felipe Calderón contra el narco, a la que atribuyó los numerosos asesinatos que padece el país, entre ellos el de Valentín Valdés. Añadió que mientras Calderón conduce esa lucha desde la comodidad de Los Pinos y protegido por mil militares, a la región lagunera, una de las más violentas del país, envió 300 soldados.

El jueves 7, alrededor de las 22:30, Valentín Valdés y otros dos reporteros salieron de la redacción de Zócalo en un auto de la empresa.

Rumbo a la casa de Valdés transitaban por el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de la colonia República, cuando se les cerraron dos camionetas con unos 10 hombres armados. Fueron bajados del carro.

El comando se llevó a Valdés, a otro reportero y el auto del periódico. El conductor fue golpeado y abandonado en la calle; una hora después pidió que lo recogieran en la carretera antigua a Arteaga.

Cerca de la 1:00 de la madrugada, el cuerpo de Valdés fue localizado en el bulevar Fundadores, a un costado del hotel Marbella, donde anteriormente se realizaron dos operativos en los que el Ejército detuvo a 15 personas.

Al llegar al sitio los policías reconocieron de inmediato al reportero, pues desde el inicio de su carrera cubrió la fuente policiaca. Sólo tenía unos meses de estar asignado a la cobertura de la fuente local y las actividades del gobernador Moreira.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el cuerpo de Valentín Valdés tenía cinco balazos, cuatro de ellos calibre .38 súper y otro calibre .223. Tenía signos de tortura y un mensaje escrito en una cartulina: “Esto les va a pasar a los que no entiendan. El mensaje es para todos”.

Aunque el fiscal general del estado, Jesús Torres Charles, anunció que revisarían las publicaciones recientes de Valdés Espinosa, dio a conocer que el asesinato sería turnado a la PGR, pero hasta ahora no se ha informado qué instancia lleva la investigación.

Como la mayoría de los diarios en el norte, en Zócalo de Saltillo no se firma la información sobre la delincuencia organizada. Sin embargo, el hotel donde fue arrojado el cuerpo de Valdés fue escenario de dos operativos recientes del Ejército y la policía, que el diario difundió bajo la firma de “la redacción”.

Zócalo de Saltillo es uno de los diarios integrantes de Grupo Zócalo, propiedad de la familia Juaristi Septién, que posee otros periódicos en Piedras Negras, Ciudad Acuña y Monclova, además de emisoras de radio y operadoras de televisión por cable.

El 8 de julio de 2006, en Monclova, el reportero y conductor de noticiarios de Grupo Zócalo Rafael Ortiz Martínez desapareció con todo y su vehículo. Hasta ahora se desconoce su paradero.

Según sus compañeros de trabajo, por esos días Ortiz investigaba la trata de personas y la prostitución en el centro de la ciudad, pero las autoridades no pudieron confirmar dicha versión. Cuando se informó a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en contra de Periodistas de la PGR, se esperaba que ésta abriera una averiguación previa, pero jamás se investigó la desaparición, según dijo el fiscal estatal Jesús Torres Charles a este reportero, cuando se cumplió un año de los hechos.

El 26 de mayo de 2009, en la parte duranguense de La Laguna, fue asesinado el reportero Eliseo Barrón Hernández, quien cubría la fuente policiaca para el diario La Opinión-Milenio y para el canal de televisión que opera en Torreón el Grupo Multimedios.

El 12 de junio, fuerzas federales detuvieron a Israel Sánchez Jaimes o Israel Sánchez Jiménez, José Pedro Jáuregui Jiménez, Raúl Francisco Rodríguez Valderrama, Víctor Alfredo López Ramírez y Óscar Cárdenas Castillo, supuestos zetas a quienes la PGR responsabilizó por la muerte de Barrón.

El 22 de julio se les dictó el auto de formal prisión, pero no se ha dado a conocer si hubo más implicados, los motivos del crimen ni el estado del proceso contra los presuntos responsables.

Pinza militar y policiaca

 

Los reporteros de Coahuila enfrentan otros peligros: los excesos del Ejército y de los cuerpos de seguridad.

El 7 de agosto de 2007, en Monclova, un grupo de militares privó de la libertad e incomunicó durante casi 16 horas a Manuel Acosta Villarreal y Sinhué Samaniego Osorio, reporteros de Zócalo, así como a Jesús Arnoldo González Meza, de La Voz, y José Alberto Rodríguez Reyes, de Núcleo Radio Televisión Canal 4.

Eran las 22:30. Los reporteros de la fuente policiaca se dirigían a cubrir lo que parecía un operativo militar, pero al llegar vieron que el convoy se dirigía a su cuartel y se retiraron; sin embargo, calles adelante fueron interceptados por soldados, que los ataron e interrogaron. Posteriormente los acusaron de pertenecer a una célula del crimen organizado, pero finalmente se demostró la falsedad del cargo y quedaron en libertad bajo fianza.

El 30 de octubre de 2009, los reporteros Magda Guardiola, de Imagen, y Karina López y Víctor Ventura, de Zócalo de Saltillo, fueron encañonados por un agente del Grupo Especial de la FGE cuando cubrían un enfrentamiento verbal entre agentes de esa corporación y policías municipales de Saltillo.

Luego, el 24 de noviembre, al cubrir un robo bancario, fue encañonado por agentes de ese Grupo Especial el reportero Miguel Reyna, de la agencia Infonor, a quien dejaron ir tras despojarlo de su credencial de elector.

En Torreón, un día después del asesinato de Eliseo Barrón, aparecieron unas mantas con amenazas colgadas de las instalaciones de Televisa Laguna, del museo La Casa del Cerro y de una emisora de radio. Una de ellas decía: “Ya estamos aquí periodistas, pregúntenle a Eliseo Barrón. ‘El Chapo’ y Cártel del Poniente no perdonan”.

Otra: “Esto es para toda la prensa y sus periodistas por meterse con el ‘Chapo’ Guzmán y su patrón Felipe Calderón, autor intelectual de muchos sucesos que todos saben, sigan mandando soldaditos pa’ matarlos. No se metan con el Cártel del Poniente y a ver cuando me vuelven a ver. Atte. ‘El Chapo’ Guzmán y el Cártel del Poniente y Aliados”.

Sin embargo, la PGR atribuyó el asesinato de Barrón a Los Zetas.

Asimismo, el 18 de agosto fue baleado el edificio de El Siglo de Torreón, pero sólo se registraron daños materiales.

Desde 2007 las redacciones de los diarios coahuilenses reciben llamadas anónimas que prohíben publicar tal o cual nota relacionada con la delincuencia organizada, según le han confiado a este reportero directivos de varias casas editoriales.

Tras el asesinato de Valentín Valdés, el miedo paralizó a los medios. A diferencia del caso de Eliseo Barrón y otros, cuando la prensa local ha protestado, esta vez la información apenas se difundió. Fue más amplia la cobertura de medios nacionales y extranjeros, mientras que los reclamos los hicieron el obispo Raúl Vera López, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, el sindicato de La Jornada, la CIDH y la CNDH, que anunció una investigación de oficio. La televisión local ni siquiera trató el caso.

El viernes 8, el diario afectado, Zócalo de Saltillo, informó en sus ocho columnas del asesinato de su reportero, pero el sábado 9 y el domingo 10 destinó sólo pequeñas notas de seguimiento a las exequias. No asistieron directivos del diario al velorio ni al entierro.

Para el lunes 11, el asesinato había desaparecido de las páginas de los diarios locales. Proceso intentó comunicarse con la familia Juaristi, propietaria del Grupo Zócalo, pero no hubo respuesta.

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