Antisindicalismo enmascarado

Introducido en el estado a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el esquema de subcontratación de personal conocido como outsourcing se ha expandido hasta abarcar 40% de la fuerza de trabajo. A decir de varios investigadores, mediante ese modelo las empresas incumplen sus obligaciones hacia los trabajadores e incluso cuentan con una cobertura sindical que evita el surgimiento de una organización genuina.

 

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Rafael Yerena Zambrano, y el de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Antonio Álvarez Esparza, dicen que repudian el outsourcing, pero en la práctica lo respaldan al firmar contratos colectivos con agencias de subcontratación de personal y con empresas de electrónica que recurren a ellas.

En virtud de esos acuerdos, los trabajadores subcontratados ni siquiera se enteran de que los afiliaron a un sindicato, de modo que están indefensos ante la violación de sus derechos laborales, opina Jorge Barajas Martínez, coordinador general para Jalisco del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), una asociación jesuita que brinda asesoría y realiza investigaciones sobre esos temas.

Los investigadores Jaime Tamayo Rodríguez, de la Universidad de Guadalajara (UdeG), y Manuel Flores Robles, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), coinciden en que el outsourcing es una figura ilegal que conculca derechos laborales y el ejercicio de las libertades sindicales.

El outsourcing o subcontratación de trabajadores por terceros no es sólo un sistema ilegal, propicio para que los patrones evadan sus obligaciones laborales, sino que también les permite combatir el sindicalismo independiente, ya que los líderes charros y las empresas llegan a arreglos al margen de los empleados.

Más aún: los trabajadores contratados a través de este esquema suelen firmar los contratos a ciegas, no únicamente porque desconocen al sindicato y a quienes lo dirigen, sino porque la necesidad de empleo los obliga a aceptar salarios míseros y a renunciar de entrada a derechos como el de huelga o la antigüedad.

De esta forma, los empresarios hacen aportaciones mínimas a los sindicatos para que sus líderes los protejan y se evitan negociaciones, obligaciones y derechos. Incluso pueden recortar puestos cuando lo deseen y sin pagar prestaciones e impuestos, porque de esto se encarga la compañía de outsourcing.

Aureliano Rosas Suárez radica en Guadalajara desde hace seis años y siempre ha buscado empleo mediante compañías de outsourcing. Recuerda que antes del cierre de la trasnacional Hitachi él y sus compañeros se enteraron de que estaban afiliados al Sindicato de Trabajadores y Empleados en Almacenes, Comercio, Locales, Exhibición, Industria y Oficinas, de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

Ante la inminencia del despido, los trabajadores pidieron el apoyo de su líder sindical, José García Ortiz, pero debido a que éste ocupaba una regiduría por el PRI en Guadalajara, los canalizaron con su hijo, cuyo nombre no recuerda el entrevistado.

Nada consiguieron. Cuando cuestionaron al hijo de García Ortiz por qué nunca fue a la empresa, respondió que “se confió en los abogados de Caspem (la empresa de outsourcing) y de Hitachi, quienes le decían que todo estaba bien y nomás hacían el pago al sindicato”, dice Aureliano Rosas.

Agrega que el representante de facto de la CROM les comentó: “Ni tanto que me dieran de pago al sindicato, nada más nos dan 2 mil pesos mensuales para gastos de papelería”. Indignados, los trabajadores le contestaron: “¿En qué papelería gastas, si no haces nada?”.

Actualmente Aureliano Rosas trabaja en la empresa Sanmina, y calcula que 80% de su personal también fue contratado por medio de outsourcing. De esa forma, comenta, “se ahorra mucho la empresa, porque cuando despiden a un trabajador le dan unos 600 pesos de liquidación, diciéndole que los trabajadores de agencia no tienen derecho a liquidación, sólo los de planta. Eso es una vil mentira”.

El entrevistado sólo estudió hasta la secundaria, pero sabe de memoria varios artículos de la Constitución y de la Ley Federal del Trabajo, por lo que cuestiona: “¿Cómo la Junta (de Conciliación) permite eso? ¿Hasta dónde llega la corrupción de las autoridades, de los empresarios y de los sindicatos?”.

Aureliano tiene un sueldo semanal de 826 pesos, pero le descuentan 526 porque le otorgaron un crédito para vivienda. Desconoce si está afiliado a algún sindicato.

La práctica de sindicalizar a los trabajadores sin que lo sepan no sólo afecta a los subcontratados, sino también a los de base. Martha, una empleada de la empresa Jabil que sólo acepta dar su nombre de pila, se sorprende al ver el contrato colectivo que firmaron un representante de la CROC, Joaquín Álvarez Esparza –hermano del secretario general, Antonio–, y el representante de la empresa, Ernesto Sánchez.

“¿Cómo dicen que hay sindicato? Si no hizo nada por los mil 500 trabajadores a los que despidieron a finales de noviembre y principio de diciembre pasado. A algunos no les dieron liquidación; todos tenían entre ocho meses y dos años trabajando. Y a los que les dieron liquidación fue nada más de mil 500 a 2 mil pesos.”

Tanto Aureliano Rosas como Martha esperan que a través de la Coalición Nacional de Trabajadores de la Industria Electrónica, creada el año pasado de manera independiente y a la que ambos pertenecen, este año se forme un sindicato que realmente defienda los derechos de laborales en ese ramo.

 

Corporativismo sin límite

 

El coordinador del Cereal, Jorge Barajas, estima que 40% de la fuerza de trabajo jalisciense está bajo el esquema de outsourcing, pues no sólo la industria electrónica aplica este sistema; también lo hacen ya todas las áreas, incluso universidades y dependencias gubernamentales.

La principal empresa en subcontratación de personal de producción es Manpower, en tanto que Addeco ofrece la mayoría de los profesionistas, técnicos y supervisores. En los paquetes que ofrecen estas empresas se prevé el despido y la creación de sindicatos a modo para el patrón.

El colmo es que las outsourcing ofrezcan el servicio de sindicato, se le comenta a Barajas.

–En el fondo, la utilidad de una agencia no es la reducción de costos fiscales, como podría pensar la mayoría de los estudiantes de administración, sino los costos de riesgo. Lo primero es reducir el costo por liquidaciones, que es el coco para cualquier empresa porque son tres meses de salario, más 20 días por cada año laborado. ¿Y cómo lo hacen? Expidiendo el contrato temporal sin superar el mes: 28 días, porque si es por 30 días, la ley federal considera que ya es trabajador permanente.

“La segunda táctica consiste en establecer un contrato colectivo; afiliarlos a un sindicato de manera secreta y a la fuerza, porque incluyen a todos sus empleados. Los depositan (los contratos) ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y los trabajadores nunca se enteran. En lugar de cobrar la cuota sindical, la empresa da una mensualidad o anualidad al supuesto líder sindical, que todos conocemos.”

–¿Cuáles serían los sindicatos de protección?

–Parte del sindicalismo charro de la CTM, de la CROC y sus filiales en Jalisco. Se contabiliza que 300 son los sindicatos realmente activos y que están detectando este tipo de contratos con las empresas, los restaurantes, las escuelas y demás.

–¿Qué empresas contratan ese tipo de paquetes?

–Prácticamente todas, pero quienes lideran esa forma de contratación son las de la electrónica: Jabil, HP, IBM…

–¿Por qué los sindicatos no detienen el outsourcing?

–Porque esos sindicatos de hace 40 años, que tienen registro ante la junta, se convirtieron en negocios familiares. Lo único que les importa es seguir usufructuando el contrato laboral.

–¿Qué se puede hacer jurídicamente?

–Respecto de los sindicatos locales, hace cinco años se intentó obligarlos a que entregaran cada tres meses la lista actualizada de los afiliados, pero esto quedó en el olvido. Respecto de las agencias, entró hace poco la nueva disposición del Instituto Mexicano del Seguro Social que obliga a las agencias a entregar su lista de trabajadores cada tres meses, pero ninguna ha cumplido. Aunque legalmente hay instrumentos, no ha habido voluntad de las autoridades.

Por su parte, el investigador Jaime Tamayo Rodríguez, del Departamento de Estudios Sociales de la UdeG, comenta que la subcontratación “es posible por la complicidad de los sindicatos que no han enfrentado estas formas que son ilegales y  esquirolaje; es decir, que buscan romper la organización y la negociación colectiva. (Y cuenta) con la complicidad silenciosa del Estado, en la medida que mientras nadie protesta no hacen nada para evitar ese tipo de contrataciones irregulares”.

Añade que el outsourcing llegó a Jalisco con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y “cobra mucho más fuerza a partir de la llegada de empresas maquiladoras, que son a las que se orientó un convenio tácito, con el Estado mexicano, de que no habría problemas sindicales (y que esto se lograría) por medio de los sindicatos de protección y al permitir la subcontratación”.

El investigador afirma que los actuales líderes de la CTM y de la CROC de Jalisco actúan igual que sus antecesores Heliodoro Hernández Loza y Francisco Silva Romero: son “aliados de la política del gobierno”.

Por eso, dice, es necesario que el sindicalismo se renueve: “Tiene que asumir que estamos en un modelo globalizador; tiene que sumarse al proceso de modernización productiva, garantizando mejores condiciones para los trabajadores y no renunciando a éstas, y buscando espacios de carácter internacional que le permitan acceder a espacios de negociación más firmes”.

A su vez, el investigador Manuel Flores, del ITESO, considera que otro factor que impulsa la subcontratación es la transformación de los procesos productivos, que antes eran en masa pero ahora se han diversificado y trasladado a países en desarrollo.

“Estos esquemas son estrategias para descargarle costos a las grandes empresas, para no pagar aguinaldos, costos de salud, prestaciones y otros. No me atrevería a decir tajantemente que es un acuerdo claro entre las grandes industrias y los gobiernos actuales, pero sí es evidente que se ha tolerado ese esquema de contratación”, explica.

Y si bien, aclara, los actuales líderes sindicales se comportan de la misma forma que los de hace 30 años (con el corporativismo, la cooptación, la mezcla de intereses empresariales y políticos, la eternización en el poder y los cargos hereditarios), a diferencia de los viejos caciques, los líderes sindicales de ahora “ya no negocian con la empresa, más bien se subordinan a las imposiciones de la empresa. Su papel de agentes de intermediación entre el trabajador y la empresa ha perdido mucha fuerza”.

 

Avance irrefrenable

 

Los secretarios generales de la CTM y de la CROC consideran que es ilegal que miles de trabajadores en Jalisco sean contratados mediante outsourcing, pero nada hacen para frenar la expansión de tal esquema.

Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la CROC Jalisco, que engloba a 400 organizaciones –contra 120 del grupo disidente encabezado por Alfredo Barba Hernández, según refiere el propio Álvarez–, admite que la subcontratación es una forma de evadir la Ley Federal del Trabajo.

Añade que ha “minado mucho la fuerza de los sindicatos a nivel nacional, al margen de siglas organizacionales”, por lo que “se ha convertido en el enemigo número uno de los sindicatos”.

¿La razón? “Últimamente hemos visto que hay un gran avance de outsourcing en la plantilla laboral. Hay algunas empresas que deberían meter trabajadores sindicalizados, de planta, pero los contratan nada más para cubrir eventualidades, vienen de una empresa intermediaria y con esto evitan pagar aguinaldos, pero principalmente utilidades”.

–¿Cómo pueden defender a estos trabajadores?

–Como sindicato, las empresas que tratan de incluir este asunto pues nomás no se acerca uno y ya. No las aceptamos.

–Pero las empresas lo establecen…

–Es otra área, distinta de nosotros, donde se podrá dar esto y habrá que revisar qué tipo de negocios abusan de esta figura (…) Al gobierno no le conviene mantener esta política de permisibilidad de este tipo de figuras que son extralegales, no le conviene porque está perdiendo ingresos de la seguridad social y del fondo de la vivienda.

–¿De seguir creciendo el outsourcing, desaparecerá el sindicalismo?

–El riesgo es de fondo, porque al perder el trabajador la planta de trabajo, ¿cuál sindicato y cuál contrato colectivo puede hacer? El trabajador es el que pierde esa red protectora que actualmente le cubre el artículo 123 constitucional (el cual establece que la empresa en la que un trabajador presta sus servicios tiene obligaciones con él).

Sin embargo, el dirigente señala que “detener el crecimiento del outsourcing” queda en manos de los diputados.

Al plantearle el problema, Rafael Yerena, líder de la CTM Jalisco y actual diputado federal, se compromete a presentar una iniciativa “para que las outsourcing tengan que ser patrones solidarios con el empresario que ocupa al trabajador. De acuerdo con la ley lo son, pero hay que reglamentarlo. El patrón que contrata a un outsourcing está engañándose a sí mismo, porque es solidario responsable jurídicamente hablando, pero además está engañando al fisco, porque los impuestos se le deben cobrar a quien tiene los servicios de un trabajador”.

Yerena dice también que la subcontratación es una “amenaza para los trabajadores, los empresarios y la economía del país”, por lo que indica que el firmar un contrato sindical obliga a cada empresa a que “llame al outsourcing para que sea patrón o empleador solidario. En lo personal, no tengo ningún problema con los contratos colectivos donde existe el outsourcing, porque están muy claros los contratos, uno con el empleador y otro con el outsourcing”. 

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