Proyecto Costalegre, Litigios en puerta

Con el lema “un Cancún, pero bien hecho”, el gobernador Emilio González Márquez trata de revivir un viejo proyecto soñado hace 18 años por su predecesor Guillermo Cosío Vidaurri. Y aun cuando los terrenos de Costalegre, municipio de Tomatlán, están en litigio desde entonces, González Márquez insiste en impulsar su megadesarrollo turístico, y lo hace con los fondos de los burócratas en activo y de los pensionados y jubilados.

 

 

TOMATLÁN.- El gobernador Emilio González Márquez pretende erigir un nuevo Cancún, “pero bien hecho”, sobre un predio de mil 200 hectáreas de terrenos de playa en las inmediaciones de los esteros Chalacatepec y Xolaparám de Costalegre, programa similar al que hace 18 años intentó realizar Guillermo Cosío Vidaurri cuando estaba al frente del gobierno.

Este proyecto, que González Márquez impulsa con las cuotas de los burócratas al Instituto de Pensiones del Estado, puede resultarle contraproducente, como en su momento lo fue para su antecesor priista, quien semanas después de que anunció su ambiciosa obra (Proceso 798) cayó de la gubernatura tras la explosión de los colectores de Guadalajara el 22 de abril de 1992.

Al igual que entonces, al problema de la tenencia de la tierra se le suma el riesgo de que un desarrollo turístico como el de Costalegre destruya el endeble ecosistema y se le revierta al propio Ejecutivo estatal, así como a sus promotores y a la operadora de fondos Rasaland, que funge como intermediaria.

Creada hace poco menos de tres años con un capital semilla de 200 millones de dólares, esta empresa se jacta de haber negociado la compra de terrenos con los dueños de las tierras, ejidatarios y pequeños propietarios, durante más de dos años.

El solo anuncio del gobernador en la Cámara de Comercio de Guadalajara, el 26 de enero pasado, revivió los viejos conflictos agrarios, pues los ejidatarios de José María Morelos y Campo Acosta aseguran que poseen los terrenos desde hace más de cuatro décadas gracias a un decreto presidencial emitido en 1960 por Adolfo López Mateos, que fue ratificado poco después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su mensaje, González Márquez dijo que en Costalegre se construirá un desarrollo turístico de baja densidad sobre una extensión de mil 200 hectáreas. Asimismo, contará con 14 mil cuartos de hotel, contra 48 mil de Cancún, y se invertirán mil 200 millones de dólares; también se crearán mil 300 empleos directos y 6 mil indirectos.

Según el mandatario, en la primera etapa Pensiones invertirá 89 millones de dólares, contra 94 de Rasaland, todo con el apoyo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). Hasta ahora, precisó, ya se han invertido 150 millones de dólares en la compra de las tierras.

Situado entre los humedales Ramsar de Chalacatepec y Paramán, el megadesarrollo se ubica entre la reserva de la biosfera de Chamela-Cuixmala, promovida por el inglés James Goldsmith (Proceso 1086), y el santuario natural de Mismaloya, lugar donde desovan anualmente decenas de miles de tortugas. De emprenderse la obra, es posible que especies de quelonios desaparezcan y el entorno sufra daños irreversibles, aseguran los ejidatarios consultados por Proceso Jalisco.

En José María Morelos, donde se ubican la mayor parte de los predios afectados, la comunidad acusa a su comisario ejidal, Ricardo Vázquez Nájar, de haber cedido a las presiones del gobierno estatal y de la empresa Rasaland. Y sus vecinos de Campo Acosta aseguran que por cada hectárea vendida han recibido una cantidad ínfima, por lo que calculan que los compradores a lo sumo erogaron 100 millones de pesos, incluido el 5% que le toca a la mesa directiva en este tipo de transacciones.

Los entrevistados aseguran que el resto del dinero presuntamente desembolsado por la operadora –50 millones de dólares– quizá se lo quedaron los intermediarios Ignacio Moreno y Ricardo Santacruz, quien es director de proyectos de Rasaland.

Sin embargo, Santacruz declaró al periódico Vallarta Opina el martes 2: “El Instituto (de Pensiones) no compró ni un milímetro de tierra al ejido (…) lo que hizo fue comprarle a RLD (Rasaland) los terrenos escriturados que teníamos (…) la mecánica fue que nosotros creamos un fideicomiso.

“RLD aporta los títulos de propiedad de ese fideicomiso, con dinero de nuestra parte para infraestructura, y el Instituto aporta dinero tanto para infraestructura como para la posesión de la tierra en ese mismo fideicomiso; pero toda esa tierra ya estaba negociada antes de que entrara el fideicomiso.”

 

Un proyecto inútil y antiecológico

 

Para el asesor jurídico del ejido José María Morelos, Pedro León Corrales, la transacción de las tierras se hizo de manera irregular. Las tierras, dice, siguen sujetas a un conflicto jurídico que no ha terminado. Y advierte que, de llevarse a cabo el proyecto turístico, “se violentarían tratados ambientales internacionales suscritos por México.

Los académicos también han manifestado su inconformidad. El doctor en biología Juan Luis Cifuentes, adscrito al Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, sostiene que la obra turística debe frenarse para evitar daños al entorno ecológico. Su colega Jorge Téllez López asevera que el desarrollo está mal planeado y debe ser denunciado. Cifuentes adelanta que promoverá un amparo ciudadano.

Roberto Castelán, rector del Centro Universitario de Lagos de Moreno, afirma que el proyecto no beneficia en nada a Jalisco. Y arremete contra sus promotores, a los que acusa de pretender cometer un “ecocidio con dinero que no es suyo”.

Según él, el Cancún que piensa construir el gobernador “va a destruir una gran cantidad de áreas naturales, de especies endémicas y en vías de extinción; va a destruir un trabajo de muchos años de campamentos tortugueros”.

El arquitecto José de Jesús García Rojas asegura que detrás de este megaproyecto hay personas e intereses muy poderosos, así como complicidades entre instituciones públicas y empresas particulares.

“Es un negocio inmobiliario con empresas privadas sin licitación, particularmente, con fondos de inversión de los burócratas que cotizan a través del Instituto (de Pensiones del Estado)”, dice García Rojas en entrevista.

Además, destaca que “se afectarán áreas de preservación ecológica que en este caso son promovidas por el POEL (Programa de Ordenamiento Ecológico Local), que el 23 de diciembre pasado aprobó de manera apresurada el cambio de uso de suelo de agropecuario y forestal a turístico a un total de 2 mil 730 hectáreas, cuando el proyecto señala que se trata de mil 200 hectáreas”.

García Rojas se pregunta: “¿Quién conservará la propiedad de las mil 530 hectáreas restantes de uso turístico, que es 56% del total?”.

El asesor León Corrales estima que la modificación al POEL se hizo con dedicatoria especial, por lo que promoverá que se revoque esa disposición municipal.

Para el presidente de la Asociación de Abogados y Profesionistas en Materia Laboral y del Trabajo de Jalisco, Francisco Orozco Rubio, es indebido que se arriesguen los fondos de los trabajadores, pensionados y jubilados; además, dice, no le ve ninguna bondad a un megaproyecto turístico en una zona donde los conflictos de tierras son añejos.

 

Ejidos en el abandono

 

Ramón Longoria, director de Asuntos Agrarios del gobierno estatal desde hace dos sexenios, presiona a los ejidatarios para que vendan sus predios, antes de que se los quiten; incluso comenta que está haciendo gestiones para que se construya una aeropista en la zona para comunicar a las poblaciones aledañas que hoy carecen de servicios.

Los pobladores de la zona se quejan porque, dicen, el río San Nicolás sólo lleva agua durante el periodo de lluvias, pero en tiempo de sequía su caudal se reduce significativamente. Por eso les molesta que en diciembre pasado, luego de varias décadas, el ayuntamiento haya autorizado agua para la comunidad proveniente de la presa Cajón de Peña, porque les advirtió que será para el turismo.

El asesor jurídico del ejido José María Morelos, Pedro León Corrales, reitera que sus representados poseen las tierras desde 1960, por lo que le extraña que 400 hectáreas del ejido Campo Acosta se hayan vendido para ese proyecto.

Respecto de las dos lagunas calificadas como humedales Ramsar, el abogado asegura que existen acuerdos internacionales e insiste en que deben protegerse la laguna salada Chalacatepec y la de Xolaparám.

Y aunque algunos ejidatarios ya no quieren saber nada, la mayoría dice que no permitirán que empresarios y gobierno pisoteen sus derechos, por lo que están dispuestos a defenderse jurídicamente.

Es el caso de los propietarios del predio Panaderos, conocido también como Playa de Peñitas, en el ejido Campo Acosta, quienes alegan que fueron despojados en marzo de 2007 para construir en el área un complejo hotelero con 14 mil habitaciones (Proceso Jalisco 123).

Hoy su caso tomó un giro jurídico y la empresa Sierra Vallarta, representada por Laura Teresa Macedo Bonilla, pide a los ejidatarios llegar a un convenio, luego de una medida cautelar (resolución 51/08 del Tribunal Unitario Agrario, Distrito XIII) favorable a ellos, para que las cosas se queden como están y no se levante ninguna construcción más en el lugar.

Ejidatarios de Campo Acosta aseguran que algunos predios de Peñitas vendidos a particulares por Sierra Vallarta son ilegales. Y aclaran que mientras no se resuelvan jurídicamente todas las impugnaciones, los adquirientes no pueden tener certidumbre; además, insisten en que no se han formado los fideicomisos para evitar que los extranjeros se apropien de los predios.

Sus vecinos de Morelos, donde se ubica la playa de Chalacatepec, se muestran pesimistas porque, arguyen, no sólo no habrá ningún beneficio para la comunidad, ni siquiera trabajo. Y en caso de que lo hubiera, se limitarían a pasear en sus caballos a los turistas.

Mientras los conflictos agrarios se agudizan, la construcción del aeropuerto continúa en terrenos del ejido Morelos. La obra se localiza a poco más de 100 kilómetros de los aeropuertos internacionales de Manzanillo, al sureste, y de Puerto Vallarta, al norte de la entidad. Se inició casi en secreto durante el gobierno de Francisco Ramírez Acuña, cuando no se hablaba aún del megaproyecto de Costalegre.

Años antes, durante su gestión (1989-1992), Guillermo Cosío pretendió hacer un desarrollo turístico en la zona, pero al conocerse las corruptelas en las que se involucraba a su familia, allegados y compadres, entre ellos Arturo Altamirano Shehab y Enrique Dau Flores, su gobierno comenzó a tambalearse.

Luego, en abril de 1992, tras las explosiones en el alcantarillado de Guadalajara, presionado por la sociedad, Cosío Vidaurri tuvo que pedir licencia por tiempo indefinido y sus proyectos turísticos quedaron truncos, aun cuando algunos inversionistas intentaron, sin éxito, sacarlos adelante.

Hoy, 18 años después, Emilio González Márquez retoma la estafeta y se compromete a invertir en ese proyecto los fondos de más de 112 mil burócratas en activo, así como de pensionados y jubilados.

A finales del año pasado, con la aprobación de los diputados de la LVIII Legislatura maniobró para crear el Instituto de Pensiones, que sustituyó a la Dirección de Pensiones del Estado. El nuevo organismo descentralizado quedó en manos de Óscar García Manzano, quien ya había comprometido el dinero de sus afiliados en fondos de riesgo fuera del país, según informó Proceso Jalisco en sus ediciones 260 y 261. 

Comentarios