Los abusos del calderonismo

De acuerdo con las tendencias actuales, el gobierno de Felipe Calderón se perfila para superar con mucho a sus antecesores priistas y al panista Vicente Fox en los registros de atentados contra la libertad de expresión
Esta opinión es sostenida por Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa, autora de Libertad de expresión Revisión metodológica de las agresiones a periodistas en México, su libro más reciente, publicado por la Fundación para la Libertad de Expresión
La académica asegura que los periodistas mexicanos no sólo están expuestos a desa­pariciones, asesinatos y amenazas También, indica, las leyes suelen ser utilizadas de manera abusiva para demandarlos, en tanto que la restricción de publicidad gubernamental se usa como “mecanismo de castigo a los medios críticos”
Gómez Gallardo ha participado como litigante en tres casos emblemáticos de atentados contra la libertad de expresión: Gerardo Sosa Castelán vs Alfredo Rivera Flores y Miguel Ángel Granados Chapa; Regino Díaz Redondo vs Miguel Ángel Granados Chapa, Froylán López Narváez y Canal Once, y Consuelo Villalobos Ortiz vs Eduardo Huchim, Rubén Lara y otros

Esos procesos judiciales le han permitido a Gómez Gallardo fortalecer las bases de investigación para el trabajo que desarrolla en el Departamento de Estudios Institucionales de la UAM-Cuajimalpa
Los litigios, comenta, tienen elementos comunes con casos como el de Marta Sahagún contra Proceso y la periodista argentina Olga Wornat
“En todos esos juicios –dice– hay irregularidades cuando se tramitan El propio Poder Judicial, en el mejor de los casos, no está a la altura por ignorancia, pues sus integrantes desconocen las leyes en la materia En el peor, están plagados de artimañas legales de las que se valen los demandantes para chicanear los procedimientos a fin de alargarlos”
Al ser entrevistada por este semanario, Gómez Gallardo destaca que casos como los mencionados –”puestos de moda” por Marta Sahagún– permiten documentar que en México se puede agredir “desde la ley” a medios y a periodistas incómodos
Ello es posible, argumenta, cuando los demandantes –por lo general figuras públicas– recurren a leyes anacrónicas como la de Imprenta y la de Radio y Televisión, así como a códigos civiles y penales de los estados que mantienen vigentes los delitos contra el honor –entre los que se encuentran la difamación, la calumnia y la injuria–, lo que indica que la derogación de los mismos establecida por la reforma al Código Penal Federal del 6 de marzo de 2007 es una mera simulación
La investigadora considera que la administración calderonista ha utilizado de manera discrecional el otorgamiento de publicidad gubernamental para premiar o castigar a medios de comunicación Y puede hacerlo, explica, debido a que no existe una ley que regule y dé transparencia a la asignación de recursos públicos destinados a la promoción del quehacer estatal
El presidente abusa de esta atribución “en busca de exterminar a los medios incómodos, y Proceso es claro ejemplo de ello Además, no canaliza esos recursos económicos a los competidores, sino que los destina para fortalecer al duopolio televisivo” Y aquí, puntualiza, “no se está rompiendo ni violando la ley; se está haciendo un uso abusivo de ésta En cambio, cuando quieres defender a un periodista, no hay manera”
–¿Cuáles son esos casos? –se le pregunta
–Cuando son víctimas de agresiones, desapariciones y homicidios La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (Feadp), dependiente de la Procuraduría General de la República, no cuenta con facultades, recursos ni personal para cumplir con su función Y cuando se hace la investigación no se agota la línea de atentado a la libertad de expresión, no se investiga qué publicaba (el periodista), que había publicado, qué iba a publicar, a qué intereses estaba afectando Siempre meten la pista falsa: un crimen pasional, un accidente o que la víctima sólo pasaba por ahí
En el marco de la guerra contra el narcotráfico emprendida por Calderón, añade, las autoridades atribuyen los crímenes contra periodistas al crimen organizado, sin esclarecer los hechos Se olvidan de que “cuando un periodista deja de publicar por una agresión, no sólo se violan sus derechos, sino que perdemos todos el derecho al conocimiento que nos iba a transmitir”
Afirma que en muchos casos las organizaciones criminales atacan a los medios de comunicación cuando “se empiezan a documentar los vínculos del narcotráfico con la corrupción del gobierno” Así lo han confirmado, dice, investigaciones realizadas por agrupaciones como la Fundación Manuel Buendía, Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, entre otros
Señala que el gobierno de Calderón, así como el de Vicente Fox, se han caracterizado por un incremento en las acciones contra la libertad de expresión, lo que no excluye el hecho de que los gobiernos priistas ejercieron un control férreo en los medios, al punto de que no había pluralidad en ellos
Sin embargo, aclara, en la actual administración el aumento de los ataques contra periodistas no tiene precedente Y refiere que en el más reciente informe de la Fundación Manuel Buendía, presentado el pasado 21 de julio, se consigna que durante los primeros dos años de los gobiernos de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox se registraron seis asesinatos de periodistas, respectivamente, mientras que en el caso del régimen calderonista esta cifra ascendió a 17 en el mismo lapso
Sostiene que la impunidad que ha prevalecido en cuanto a las agresiones a periodistas y medios ha dado lugar a la autocensura, sobre todo en el norte del país, e inhibido las denuncias sobre amenazas
Gómez Gallardo explica que ante la inoperatividad de la Feadp, instancia que descalifica las denuncias presentadas por diferentes agrupaciones, decidió, en colabo­ración con Omar Raúl, de la Fundación Buendía, y Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras, “hacer una revisión metodológica, depurar los casos, clasificarlos en dos tipos de agresiones, directas e indirectas, y categorizarlas en términos adecuados para el tipo de responsabilidad civil, penal o administrativa”
De este proyecto surgió el libro referido, en el que clasificó 869 agresiones a periodistas y a medios de información ocurridas entre 2000 y el primer cuatrimestre de 2008 De este número, 591 corresponden a periodistas, 255 a medios, y 23 a ambos
El trabajo coordinado por la investigadora de la UAM logró documentar en ese lapso de casi ocho años 42 asesinatos, ocho desapariciones forzadas, 147 agresiones físicas y 37 demandas entre los ataques más graves a periodistas En lo que se refiere a los medios registró 24 demandas, 36 atentados, 57 amenazas y tres quejas de bloqueo publicitario l

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