El descaro

Francisco Gil Díaz consiguió chamba de lujo tan pronto dejó su puesto como secretario de Hacienda No tendrá que hacer un gran esfuerzo para adaptarse al ambiente del banco HSBC, pues precisamente se dedicó a servir a los banqueros desde sus diversos cargos gubernamentales
Primero lo hizo con Roberto Hernández, cuando éste era el principal accionista del Grupo Financiero Banamex, de quien se hizo empleado apenas dejó su trabajo como subgobernador en el Banco de México, al que había llegado luego de ser subsecretario de Ingresos en Hacienda Ahora, Francisco Gil Díaz, sin el menor rastro de pudor y apenas a 33 días de haber dejado el cargo de secretario de Hacienda, se incorpora al Consejo de Administración del Hong Kong Shanghai Banking Corporation Holdings (HSBC), el gigante financiero con sede en Londres
En el primer caso, llegó a dirigir Avan-tel, la empresa telefónica del polémico banquero –amigo, desde la juventud, de Vicente Fox, a quien apoyó financieramente en su campaña por la Presidencia–, aunque en realidad Gil fungió como asesor económico, financiero y fiscal del empresario, a quien le organizó, ya siendo secretario de Hacienda de Fox, la venta de Banamex a Citigroup, mediante un cruce de acciones en la bolsa para evitar el pago de impuestos
En el segundo caso, Gil Díaz no tiene empacho en ponerse al servicio de una entidad financiera trasnacional, a cuya subsidiaria en México –HSBC México, el cuarto grupo financiero más importante del país, después de Citigroup-Banamex, BBVA-Bancomer y Santander-Serfin– le tocó supervisar en su condición de titular de Hacienda y responsable, por tanto, del sistema financiero nacional
Así, tan sólo a un mes de dejar el cargo –hecho que la ley le prohíbe–, como “consejero independiente” del HSBC Holdings pondrá el caudal de conocimientos y de información de primera mano que le ha dejado su carrera en el sector público, en manos del sector privado
El hecho ha causado tal malestar social que ya hubo, la semana pasada, un acuerdo entre legisladores de todos los partidos, incluido el PAN, para llevar al pleno de la Comisión Permanente un punto de acuerdo a fin de investigar el caso, ya que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos estipula que debe transcurrir cuando menos un año para que un exfuncionario pueda emplearse en actividades privadas relacionadas con su cargo público
Además, argumentaron, bastante caro cuesta a los contribuyentes mantener a funcionarios de alto rango, como para que se vayan a servir a quienes, por definición, sólo velan por sus intereses particulares
Sin embargo, la nueva chamba de Gil Díaz no le generó mayor inquietud a la Secretaría de la Función Pública Su titular, Germán Martínez Cázares, no dio la cara ante las múltiples solicitudes de la prensa Apenas en un escueto comunicado, emitido tres días después de conocerse la incorporación de Gil al HSBC, “descubrió” que la dependencia “tiene facultades para analizar y determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos o exservidores cuando sus conductas concretas pudieran significar conflictos de intereses”
Sin mencionar en sus cinco breves párrafos a Francisco Gil Díaz, el comunicado de Martínez Cázares dice que la SFP ejercerá sus atribuciones en el momento que cuente con elementos probatorios suficientes Pero igual deja entrever que sólo lo hará en cuanto algún ciudadano presente la denuncia o queja correspondiente Es decir, que por sí misma –de oficio, pues– no hará nada contra el exfuncionario, a quien, en suma, deja a salvo

Paladín de banqueros

La llegada de Gil Díaz al HSBC Holdings, el segundo grupo financiero del mundo, como se publicita, no es gratuita Es la culminación de todo un proceso de años: El exfuncionario participó decididamente para que aquel grupo, a finales de 2002, se hiciera finalmente de 9976% de lo que antes fue el grupo financiero Bital, hoy HSBC
Parte de las “conductas concretas” que busca la Secretaría de la Función Pública para determinar los “elementos probatorios” que pudieran indiciar a Gil Díaz, se remontan a 1997 En octubre de ese año –encendida la discusión pública por el rescate bancario y al descubierto las tropelías de casi todos los bancos, que le endilgaron al gobierno cuanto crédito chatarra pudieron–, Gil Díaz autorizó, como integrante del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), en su calidad de representante del Banco de México, la venta de 199% de las acciones del banco Serfin al HSBC
Desde 1996, quebrado el sistema bancario por efecto de la crisis devaluatoria de diciembre de 1994, el gobierno de Ernesto Zedillo encontró como fórmula para recapitalizar a los bancos la entrada de capital extranjero, pero Gil Díaz la exacerbó al grado de que ahora son bancos extranjeros los que dominan el sistema bancario nacional
Y desde siempre mostró favoritismo para con el conglomerado financiero con sede en Londres, aun en perjuicio de los accionistas mexicanos Se vio claro con el caso de Serfin Con el propósito de salvar a este banco, aceptó que HSBC comprara casi 20% de sus acciones a un precio de mil 370 millones de pesos, pero les firmó una claúsula de “protecciones dilutorias”, mediante la cual se le regresaría a los ingleses esa cantidad en caso de que Serfin quebrara (Por supuesto, los accionistas mexicanos que le inyectaron capital a Serfin no tuvieron ese beneficio)
Y así sucedió Para 1999 –cuando Gil ya no estaba en el gobierno ni en el Banco de México, pues era empleado de Roberto Hernández–, Serfin no se pudo levantar por más dinero que le inyectaron El gobierno, que lo había rescatado vía el Fobaproa, lo intervino al 100% a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), pero los inversionistas mexicanos perdieron sus capitales, mientras que HSBC, en virtud de aquella cláusula, recuperó sus mil 370 millones de pesos, así haya tenido que esperar un año
En efecto, el 23 de mayo de 2000 el español Santander adquirió el total de las acciones de Serfin Un día antes a los ingleses se les regresó el dinero que habían invertido, pero no se fueron del país, pues el negocio de la compra de bancos saneados por el gobierno era jugoso Compraron 20% de Bital, también rescatado por el gobierno federal y con la participación de Gil Díaz cuando trabajaba en el Banco de México
En octubre de 2002, Bital adquirió Banco del Atlántico, que había sido previamente saneado por el IPAB, también con Gil Díaz a la cabeza Al absorberlo, el valor de sus “pagarés fobaproa” o “notas IPAB” se había incrementado notablemente Pero aun así, Bital no lograba salvarse de la quiebra, al grado de que sus principales accionistas –las familias Del Valle, Berrondo y Estévez– fueron presionados por Gil Díaz para venderle a HSBC casi la totalidad de sus acciones, hecho que se concretó al mes siguiente
No fue fácil esa decisión para los ingleses, pues después de los procesos de rescate y saneamiento, los bancos mexicanos valían más por los pagarés que el gobierno debía liquidarles a partir de septiembre de 2005 que por sus propios activos Cuando se vendió definitivamente el grupo financiero Bital, los pagarés que tenía en su poder valían 63 mil 200 millones de pesos, que generaban intereses anuales por 4 mil 940 millones de pesos, según datos del propio IPAB
HSBC pagó por la totalidad de las acciones mil 140 millones de dólares, pero a cambio recibiría del gobierno federal la liquidación de los “pagarés Fobaproa”, cuyo valor alcanzó tan sólo en 2003 los 68 mil 646 millones de pesos Es decir, seis veces más de lo que HSBC pagó
Pero la liquidación de los pagarés era aún incierta, pues la Auditoría Superior de la Federación, en sus revisiones de las cuentas públicas 2000, 2001 y 2002, consideró que el Fobaproa había adquirido ilegalmente créditos de los bancos, por lo que demandó al gobierno federal descontar de los “pagarés Fobaproa” ciertas cantidades y éstos empezaban a vencer a partir de septiembre de 2005
Pero no sólo eso El auditor canadiense Michael Mackey, contratado por la Cámara de Diputados para revisar las operaciones del Fobaproa, consideró en 1999 que se habían absorbido por lo menos 72 mil millones de pesos de manera irregular por parte del gobierno Luego la ley del IPAB, en vigor desde 1999, ordenaba nuevas auditorías a los bancos Banamex, Bancomer, Banorte y Bital, y determinar así la legalidad o ilegalidad de dichos créditos Todo esto ponía en duda la total liquidación de los “pagarés Fobaproa”
En 2003, Gil Díaz y su entonces subsecretario de Hacienda, Agustín Carstens –hoy titular de la dependencia–, intentaron sorprender a la Cámara de Diputados para que autorizara nuevos criterios (distintos a los ya establecidos en el IPAB cuando aún había vocales independientes del gobierno) de la auditoría para favorecer a los bancos, pero Adalberto Palma, vocal independiente, logró frenar la maniobra (Proceso 1383)
Tuvo que pasar un año, ya sin Palma en el IPAB, para que Gil Díaz lograra un convenio con los bancos, con los nuevos criterios, gracias a los cuales éstos no salieron perdiendo, pero sí el gobierno federal Estas auditorías eran necesarias para que el gobierno pagara estos millonarios documentos a las instituciones de crédito, entre ellas a HSBC
Quebranto gigantesco

La Secretaría de la Función Pública también tendría elementos para actuar contra Gil Díaz por haber incumplido la Ley del IPAB y ocasionarle un quebranto a la nación por, cuando menos, 72 mil 700 millones de pesos, según consta en la denuncia que ante esa secretaría interpuso el 7 de junio de 2006 un grupo de senadores: los panistas Luis Alberto Rico Samaniego y Javier Corral, los perredistas Miguel Ángel Navarro Quintero y Serafín Ríos Álvarez, y el priista Jorge Abel López Sánchez
La denuncia es contra todos los integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, que encabezaban Gil Díaz y el secretario ejecutivo del instituto, Mario Bouregard Los cargos que se les imputan son: violar el artículo 5 transitorio del IPAB, que establecía la realización de una auditoría; haber cambiado los términos de referencia con beneficio para los dueños de los bancos Banamex, Bancomer, Banorte y Bital o HSBC, y haberle generado a la nación un quebranto de 72 mil 700 millones de pesos a valor histórico de 1999
Los entonces senadores consideraron que Gil y la gente del IPAB actuaron “en franca oposición a los principios de legalidad, honradez, imparcialidad, lealtad y eficiencia que rigen en el servicio público al haber convertido en deuda pública, en contravención de la ley, la cantidad de $72’700,000,00000 generando un quebranto ilícito y sin justificación al erario público, en beneficio de terceros”
Concluye la demanda contra Gil Díaz: el funcionario “se aventuró a ordenar otro tipo de revisión, con la intención y mala fe, de salvar a los terceros de asumir la responsabilidad económica de esa cantidad”
Antes de realizarse las auditorías cuestionadas por los senadores, Gil Díaz frenó la exigencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que a los bancos se les descontara, de la liquidación de sus “pagarés Fobaproa”, cantidades millonarias que no debieron de haberse incluido en el rescate bancario Y lo hizo a través de la controversia constitucional que interpuso el 25 de mayo de 2004 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde cuestionó las facultades de la ASF, recurso que ganó con beneficio para los bancos
Proceso intentó entrevistar al secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, para hablar sobre el caso Gil Díaz, pero se negó

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