MEXICO, D. F., 22 de noviembre (apro).- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformas al Código Penal orientadas a proteger a víctimas del delito de trata de personas.
Las comisiones unidas de Equidad y Género y Procuración de Justicia aprobaron reformas al artículo 188 Bis del Código Penal del Distrito Federal con el propósito de tipificar como delito la acción de “solicitar y ofrecer” a una persona para que sea sometida a cualquiera de las formas o modalidades de la trata de personas.
    El dictamen de decreto, promovido por el diputado Maximiliano Reyes Zúñiga, señala que comete el delito de trata de personas el que promueve, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas; servidumbre, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para la extirpación de cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito Federal.     En principio, se contempla penas de 10 a 15 años de prisión  y de 10 a 15 mil días de salario mínimo de multa a quienes ejerzan cualquiera de estas acciones.
La pena se aumentará hasta en una mitad, cuando la víctima del delito sea menor de 18 años de edad, no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad de resistir la conducta.
    Según un estudio de la ONU, en México existe 1 millón 500 mil personas víctimas de trata, de las que sólo se han rescatado 22 mil personas; en promedio 20 mil son niños y niñas.
Por otra parte, la Comisión de Equidad y Género aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.
    En las reformas promovidas por la diputada Alicia Téllez, se establece en el artículo 50 Bis que las casas de emergencia, centros de refugio y refugios especializados para mujeres víctimas de violencia, deben prestar servicio las 24 horas de los 365 días del año.
De acuerdo con la iniciativa, los refugios especializados estarán a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), que deberá incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos los recursos necesarios para su operación.