La tragedia de la Calle 14

martes, 20 de septiembre de 2016 · 11:52
El pasado miércoles 14, la noticia recorrió los noticiarios de radio y televisión, rebotó en las redes sociales y aterrizó al día siguiente, ya disminuida a nota roja, en la prensa escrita: un hombre le disparó a cuatro empleadas en la Fiscalía General del Estado. Dos de ellas murieron, dos más fueron heridas de gravedad y el agresor fue ultimado por los policías. Todo estaba dicho. Sin embargo, al escuchar en los medios el nombre del agresor, la coordinadora de información de Proceso Jalisco lo reconoció como el hombre que la noche anterior le hizo prometer que leería sus escritos… GUADALAJARA (Proceso Jalisco).- Era martes 13. Alrededor de las siete de la tarde sonó el teléfono de la redacción de esta casa editorial. Levanté la bocina. Era Luis Homero Águila, que ya se había hecho la costumbre de traer un escrito tras otro para denunciar anomalías atribuidas a varias autoridades o sólo para criticar su desempeño. Nunca le faltaron motivos para quejarse. Por lo general sus textos no tenían respaldo de pruebas, así que se le admitían porque, si bien era insistente, nunca se comportó mal en la oficina ni por teléfono. Eso sí, buscaba un rato de plática. Por eso, cuando avisó que llegaría en unos minutos con unos papeles, miré el altero de información que debía revisar y le comenté que mejor viniera al día siguiente, miércoles 14. “¡No, no! –respondió– ¡Esto es muy importante y mañana va a ser demasiado tarde!” Me recordó que vivía cerca, en la avenida Niños Héroes 1858-10, colonia Americana, es decir, a unas cuadras de esta redacción. Así era, necio. A los ocho minutos entró. Era de complexión robusta, pelo corto, y entonces vestía camisa café de manga corta y pantalón azul. A diferencia de otras ocasiones, se veía agitado. Llevaba tres bolsas de plástico con documentos. Al entregármelas anunció: “Mañana usted va a escuchar algo de mí en los medios. Si no escucha nada, entonces tire lo que le entrego a la basura; pero si escucha, léalos. Por favor véalos hasta mañana. ¿Lo hará como se lo pido?”. Estaba verdaderamente ansioso. Le dije que sí. Extrañamente, no se quedó a platicar. Se retiró como si tuviera prisa. Los documentos, todos mecanografiados y firmados de su puño y letra, se quedaron sobre uno de los escritorios de la redacción, junto a otra pila de papeles por revisar. También dejó una copia de su credencial de elector por ambos lados, donde se lee que nació el 4 de julio de 1960. Como ya anteriormente había dicho que pronto iba a correr por todo el estado una noticia relevante sobre él, pensé que sólo expresaba su deseo de que alguna de sus denuncias se convirtiera en escándalo y derivara en una sanción contra algún funcionario. Algo así. Ahora sé que al salir de la redacción de Proceso Jalisco Águila fue a las oficinas de una estación de radio en la avenida México, frente a la Galería del Calzado. Uno de sus amigos dice que habitualmente participaba en las quinielas que organizaba un programa de deportes. La mañana del miércoles 14, de su casa se dirigió directamente a la Calle 14, en la zona industrial, hasta llegar a las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde despacha el encargado de la seguridad de los jaliscienses, Eduardo Almaguer Ramírez. El Paraguas En la tarjeta de presentación que repartía, Águila se refiere a su negocio como “Escritorio Público El Paraguas”. Bajo un parasol plantado en una cubeta con cemento, en una banqueta medio desmoronada, instalaba una silla, dos bancos y una mesa plegables, ésta con un mantel de plástico, y ahí redactaba en su máquina de escribir roja los documentos que se necesitan para pedir que la policía realice su labor: “Denuncias de robos de celulares, equipos de nextel, medidores de agua y de todo tipo de denuncias penales, extravíos de pasaportes, visas, placas, facturas, tarjetas de circulación, licencias federales, estatales, IFE y de otros documentos”. Así se ganaba la vida de nueve de la mañana a las tres de la tarde. Ese día Luis Homero, a quien sus conocidos apodaban El General Águila por su pasado militar, tenía una audiencia en el área de Atención Temprana. A las 10 horas con cuatro minutos disparó contra cuatro mujeres en las oficinas de la Fiscalía Central. Dos de las víctimas, María Verónica García Carmona, de 58 años, y Laura Castañeda Amaral, de 45 fallecieron. la primera ahí mismo; la segunda, el viernes 16 en el hospital. Junto a ella cayeron, con graves heridas en la cabeza, las trabajadoras sociales Araceli Bautista Rocha, de 47 años, y Elizabeth Flores Sánchez, de 43. El asesino –quien según el fiscal general estaba afectado de sus facultades mentales– fue abatido a balazos por agentes de la Policía Investigadora que vigilan las instalaciones. En las fotos que le tomaron después del ataque, el cadáver de Luis Homero aparece con ropa oscura. Minutos después de la agresión, el fiscal Almaguer dijo, en una rueda de prensa improvisada afuera de las instalaciones de la FGE, que Águila “tenía varios años trabajando aquí, alrededor de la fiscalía; eso fue lo que generó ese relajamiento de quienes deben estar al pendiente de la custodia”. Es decir, los guardias lo conocían y no lo revisaron debidamente. A las 13:00 horas Almaguer ofreció una conferencia de prensa más formal donde añadió que Águila disparó un revólver calibre .22 y llevaba otra pistola .38 fajada a la cintura, así como 36 tiros útiles en los bolsillos del pantalón. También llevaba los documentos de su audiencia de Atención Temprana. Explicó que, según los videos del sistema de vigilancia, Águila entró al edificio y preguntó por un agente del Ministerio Público. Como le respondieron que no estaba, a decir del fiscal, “salió muy molesto y atacó a las compañeras del módulo de atención”. En una fotografía tomada sólo una hora después del tiroteo, El Paraguas aparece ya precintado en la banqueta de la Calle 14. Del parasol cuelgan como siempre las lonas rojas y amarillas. Los agentes de la fiscalía se llevaron en una camioneta blanca a dos mujeres que estaban en ese puesto. La neuralgia Tardé unas horas en conectar la tragedia de la Calle 14 con aquel señor insistente y platicador que de tarde en tarde me compartía sus frustraciones hacia la fiscalía. Ni siquiera las fotos de su cuerpo que difundió la FGE me aclararon la situación. Como certeramente predijo, fue su nombre en todos los medios de comunicación lo que me hizo saber que había logrado al menos ese objetivo suyo: que en todo el estado se hablara de él. En la tarde del miércoles 14 fui a su vecindario y busqué a un amigo suyo, del que me habló en excelentes términos. Él comentó que el exmilitar bebía con frecuencia y admitía que era alcohólico. Se había divorciado, tuvo dos hijos y un nieto, vivía solo y tenía tres perros que cuidaba como si fueran su familia. Para entonces la policía ya había cateado la vivienda de Águila y los animales andaban desorientados en la calle. Del cuello de uno de ellos cuelga una placa con su nombre: Tiberia. Apesadumbrado por la tragedia, el amigo de Luis Homero va soltando algunos datos sobre él: “No pagaba renta del cuartito donde vivía, era el conserje. El dueño del edificio hace algunos años quiso vender el lugar y desalojó a todos, pero Luis no se dejó; tenía un carácter muy fuerte. “Logró quedarse y hasta le dieron chamba para que cuidara el edificio. Debido a que había muchos asaltos por la zona, el dueño le regaló un arma y él compró otra.” Revela entonces que Águila padecía una severa neuralgia. Atribuía ese mal a la mala atención que le dio el dentista Rubén Martínez Maldonado, quien según él le había provocado la pérdida de varias piezas dentales. Según el amigo y vecino, “lo apodó El Matamuelas y le hizo un corrido que subió a YouTube; deje se lo muestro”. Con toda la buena voluntad, enciende su computadora pero en el portal aludido aparece el aviso de que ese video fue borrado. Se le hace raro: Luis Homero “me preguntó hoy en la mañana cuántas visitas había recibido desde que lo subió y le dije que más de 3 mil; eso lo puso contento”. En la memoria caché de YouTube sólo quedó la descripción del corrido que escribió su autor el pasado 15 de agosto: “Yo quiero que este doctor sea castigado, que lo inhabiliten, pero parece que a nadie le interesa los daños que ha causado y todos los pacientes que tiene engañados nada más por sacarles dinero, porque eso sí, tiene mucho prestigio”. Al preguntarle al amigo de Luis Homero si cree que el problema con el dentista fue el motivo o el detonante de su crimen, admite que no lo sabe. Comenta que antes de eso “Luis era buena persona, le gustaba ayudar a los demás, pero tenía un carácter muy poco tratable”. De pronto es él quien me pregunta: –¿Usted entró alguna vez a su casa? –No. ¿Por qué? –No se ofenda por lo que voy a decirle. Es que tenía tapizadas las paredes con fotos de mujeres desnudas. Los escritos del rencor Sea como fuere, cumplí el compromiso de no abrir las bolsas de plástico hasta que el nombre de Luis Homero Águila recorrió todos los medios de comunicación. Cada paquete contenía escritos suyos fechados desde 1997 hasta este año. Uno de los más recientes, del pasado viernes 9, está dirigido a los diputados de Jalisco y en él les advierte que actuará contra la FGE: “Hoy un lic. amigo mío me dijo que en la Fiscalía hay consigna de que a toda costa me bloquearan mi trabajo. A mí no me hacen nada, yo vivo del $ y no para el $, además, todo el daño que me están haciendo, llegado el momento, se les revertirá peor aún. Y qué bueno que estoy declarado enfermo mental por parte del Ejército, y así puedo decir lo que quiera.” Párrafos más adelante dice: “No hay Dios, pero sí hay fuerzas sobrenaturales perversas, existe lo paranormal, que son personas que murieron y se convierten en demonios, y en verdad les digo, ojalá pudiera morir y moriría con gusto, así para convertirme en el peor demonio de todos los tiempos, en donde me dedicaría a matar a todos los perversos políticos que sólo se dedican a robar a sus semejantes”. También les recordó a los legisladores locales que les pidió su intervención para que el Ejército le diera una pensión, pero nunca lo hicieron. En otro oficio, con sello de recibido del 4 de abril de este año, Águila le señala al fiscal central, Rafael Castellanos, “que siempre se me ha frustrado mi trabajo como escribiente público y con su llegada (de Castellanos) a la Fiscalía Central empeoraron las cosas, lo que originó que tanto a usted y demás funcionarios, les haya presentado infinidad de quejas de las que nunca me dieron respuesta y menos solución al problema”. Añade que incluso el personal de la fiscalía lo boicotea, pues les dice a los usuarios “que mis escritos ya no sirven, que para qué pagan si ahí todo es gratis”. Su rencor va tomando forma. Menciona que le iba mejor con las administraciones panistas: “Apoyaron mi trabajo, ya que en el módulo de información, a las servidoras les dieron instrucciones de que nos recomendaran a la gente para que acudieran a nuestro escritorio a que les hiciéramos sus reportes de extravíos de documentos”. Y le propone a Rafael Castellanos: “Si quiere resarcir el daño ocasionado, basta y sobra que (desde el módulo de información) me recomiende con unas 10 personas diarias para que les haga su reporte de extravío de documentos”. En un escrito más, del pasado martes 6, señala que algunos funcionarios de la FGE no hacen bien su trabajo. Nombra en concreto a una “Ruth Virginia” quien “olvidó ponerle el número de la carpeta de investigación y el sello correspondiente”, y quien salió regañada fue la víctima del delito denunciado. En el mismo documento dice que ya se ejerció acción penal contra el dentista Martínez Maldonado: “En su momento se resolverá su orden de aprehensión. La pregunta es ¿por qué ninguno de ustedes le ha pedido al gobernador que aclare por qué la Camejal (Comisión de Arbitraje Médico de Jalisco), la Secretaría de Salud y Coprisjal (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco) protegieron al matamuelas? Mismo que sigue en su consultorio, pese a que cometió los delitos de falsedad de declaraciones y usurpación de profesiones” (sic). Esto último, porque Águila denunció al dentista desde 2002. Desde entonces realizó una investigación propia, en la que según él descubrió que no contaba con cédula profesional y ejercía por intervención de su padre, quien sí estudió la carrera. Águila anexó a este escrito un auto de avocamiento del Juzgado Octavo de lo Penal del Primer Partido Judicial, fechado el pasado 30 de agosto, en el que consta que aquella instancia recibió el oficio INDEM/DV/AG04/1254/2016, suscrito por el licenciado Jorge Zaragoza, agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 4 de Responsabilidades Médicas, de la Fiscalía Central. En ese documento oficial se lee que se ejercitará acción penal contra Martínez Maldonado por los delitos de lesiones a título de culpa y responsabilidad médica, cometidos en agravio de Luis Homero Águila. Se precisa que deben practicarse diligencias para comprobar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, además de que sigue pendiente de resolver la orden de aprehensión. En contraste con lo asentado en el oficio del Juzgado Octavo de lo Penal dirigido al Ministerio Público, en el cual se pide ejercer acción penal contra el dentista, en sus declaraciones posteriores al ataque armado Almaguer afirmó al respecto: “No había un tipo de delito que perseguir, lo que él quería era que unas muelas que le habían extraído le fueran pagadas y estaba en el proceso de conciliación”. En otros dos escritos, del 20 de julio y el 18 de agosto del presente año, Águila se queja ante el Congreso local y el titular de la Secretaría de Salud estatal (SSJ), Antonio Cruces Mada, de la presunta protección que le brindan al dentista esta dependencia, la Cajemal y la Coprisjal. En el segundo paquete había reportes de denuncias levantadas por al menos 41 personas ante la FGE (antes Procuraduría General de Justicia del estado) desde 2008 hasta 2016 y acuses de recibo de paquetes enviados a los panistas Felipe Calderón Hinojosa, Francisco Ramírez Acuña y Tarcisio Rodríguez Martínez. Encima de todos estos papeles Luis Homero escribió a mano: “Estas son pruebas (con sellos oficiales de recibido) de que en la Fiscalía se han hecho puros trabajo inútil (sic)”. En otro paquete venían tres revistas con olor a humedad, que contenían un artículo que escribió Águila y dos entrevistas que le hicieron sobre la corrupción y el narcotráfico en el interior del Ejército. En lo particular señala al general Jesús Gutiérrez Rebollo como solapador de esos ilícitos. La portada de una de esas revistas, IQ Magazine de febrero de 2004, anuncia la entrevista que concedió Águila acerca de la corrupción en el Ejército durante la década que estuvo en sus filas, donde obtuvo el grado de sargento primero escribiente. En el más antiguo de los escritos que entregó a Proceso Jalisco, con sellos de recibido del 8 de septiembre de 1997, se dirigió al entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, para reclamarle de nuevo una pensión del Ejército. En ese texto relata que fue obligado por el secretario particular del general Jesús Gutiérrez Rebollo a darse de baja, después de que denunció a Vicente Rosas Villa por robar dinero del presupuesto militar. Bajo esa presión, afirma, firmó su retiro del Ejército a raíz de que permaneció detenido en los separos de la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco del 23 al 28 de noviembre de 1991, acusado en falso de asesinar a dos personas y de cometer un robo de joyas y 60 millones de viejos pesos. Con la baja voluntaria, dice Águila, “automáticamente renuncié a reclamar cualquier prestación o beneficio económico que pudiera corresponderme”, a pesar de haber servido más de una década en la institución. Por esas fechas, añade, “fui declarado enfermo mental”. Quedó bajo la custodia de su esposa desde el 12 de octubre de 1991. En el escrito entregado a Proceso Jalisco cuestiona: si se le consideraba afectado de sus facultades mentales, ¿cómo se dio por válida su renuncia voluntaria al Ejército? Eso argumentó en su carta a Cervantes Aguirre para pedirle justicia, pero el secretario no lo escuchó. Águila les mandó escritos similares a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, en los que reitera sus denuncias sobre la corrupción y la injusticia que se viven en el Ejército, además de exigir una pensión. Jamás recibió una respuesta. En los paquetes que me dejó aquella noche del martes 13 también había un disco compacto que contiene dos grabaciones.

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