Los cineastas lanzan un "¡Ya basta!" a exhibidores

lunes, 16 de agosto de 2010

En todo este año las quejas de los realizadores cinematográficos mexicanos han sido recogidas en nuestras páginas, según sus propias experiencias con los estrenos de sus obras. Hoy las voces se agrupan y plantean un frente para detener los abusos contra la producción nacional. Se recogen aquí posturas de varios de ellos, además de actores, productores y especialistas, pero los exhibidores argumentan que no están fuera de la ley.

 

MÉXICO, D.F., 16 de agosto (Proceso).- Cineastas del país arrecian su queja porque los exhibidores comerciales no les brindan espacios ni tiempo a sus largometrajes en cines, y extienden  críticas inculpando a las autoridades por su pasividad al respecto.

Es así que directores, actores, productores y especialistas proponen legislar de inmediato la exhibición del séptimo arte, entre ellos: Damián Alcázar, Felipe Cazals, Armida de la Garza, Amat Escalante, Alejandro Gerber, Daniel Gruener, Diego Luna, Toby Miller, Jorge Sánchez, Víctor Ugalde, Marcela Fernández Violante y Giovanna Zacarías.

Incluso “modificar, reformar o refundar el cine nacional desde su concepción misma”, como plantea el exdirector del Festival Internacional de Cine de Guadalajara Jorge Sánchez, hoy coordinador de Cine de Verano que inició en el DF el 28 de julio y finalizará el 22 de este mes:

“Es decir, su legislación comprende la función del Estado en el cine –incluyendo al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine)–, la implementación de políticas públicas, el sistema de incentivos –como el artículo 226 de Impuesto Sobre la Renta (ISR)–, la relación con la televisión, el papel de las nuevas tecnologías, etcétera.”

Y cuestiona:

“¿Hasta dónde podremos ir y hasta dónde estamos dispuestos?, es la gran pregunta.”

Toby Miller, dedicado a los estudios culturales, autor de varios libros y presidente del departamento de Medios de Comunicación y Estudios Culturales en la Universidad de California en Riverside (UCR), señala a este semanario que desde que surgió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cine mexicano enfrenta multitud de problemas:

“En 1994, el número de producciones locales cayó, y dominan más y más anuncios y producciones internacionales. México regresó a su estatus dentro de la nueva división del trabajo internacional, como un sitio para la producción off shore (extraterritorial).”

Cuando se creyó que la producción del cine mexicano estaba solucionada, en los últimos tres años se filmaron 206 películas (70 en 2008; 70 en 2007 y 66 en 2009), resultó que no se le inserta en el mercado, pues sólo se han estrenado 140 de esas cintas.

Además, la mayor parte de las ganancias en la taquilla de un filme mexicano es para el distribuidor y exhibidor comercial, mientras que el productor se lleva un mínimo de esa tajada económica y no recupera la inversión de su proyecto.

(Cabe destacar que Miller abundará en esta problemática con su conferencia La distribución de cine mexicano y latinoamericano en Estados Unidos el próximo 28 de agosto, a las 10 horas, en la sala cinco de la Cineteca Nacional.)

 

Monopolio total

 

Víctor Ugalde, guionista y director cinematográfico y presidente de la Sociedad de Directores de Cine y Medios Audiovisuales, escribe en la revista mexicana de cine Toma:

“Sólo tres cadenas exhibidoras poseen 3 mil 944 pantallas, es decir  86.34% del total. Cinépolis las encabeza con 2 mil 137 ubicadas en 199 complejos fílmicos; les sigue el grupo México –que incluye a las empresas Cinemex y MM Cinemas– con mil 507 pantallas en 153 complejos, y Cinemark con 300 pantallas, en 31 complejos.

“Los ingresos de estas tres empresas suman 7 mil 281 millones 505 mil 406 pesos que representan 93.73% del total nacional, gracias a que captaron a 163 millones 760 mil 288 asistentes, 91.70% del total.

“El resto de las 624 pantallas agrupadas en 127 complejos con cinco minisalas, sólo obtuvieron 6.27% de los ingresos, ya que los grandes distribuidores les proporcionan los largometrajes dos o tres semanas después, cuando ya pasó la gran demanda de asistentes por la novedad.”

Luego, Ugalde hace hincapié en que México es el quinto país consumidor de boletos de cine en el mundo: “No es uniforme, y sólo está beneficiando a un sector de la cadena productiva, que es la exhibición, afectando al resto, especialmente al sector de la producción fílmica”.

Partiendo de la forma como se distribuyen los ingresos en la taquilla, ofrece los porcentajes siguientes:

“De cada boleto, el gobierno recibe 16% por concepto del IVA, pagado por todos los sectores de la cadena. Después se descuenta 1.65% por concepto de los derechos en todas las películas mexicanas y de los países que hayan firmado la Convención de Berna. El monto restante se divide entre exhibidor, con un promedio de 63%, y el distribuidor con 37%.”

Del dinero que recibe la empresa distribuidora se deben descontar los gastos por concepto de copias, promoción y publicidad, y del dinero restante la distribuidora se cobra 25% en promedio, por sus servicios.

“Al productor se le entrega el dinero restante y con eso debe de cubrir lo invertido en la producción fílmica, así como su estructura administrativa. En teoría, debería recibir lo suficiente para poder invertir en una nueva película; pero esto casi nunca sucede, ya que en 90% de las ocasiones las cintas no logran recuperar su inversión al 100%.”

En entrevista con Proceso, Ugalde propone, enérgico:

“Se debería de establecer una norma que impulse la distribución de nuestro cine. A las majors (Fox, Sony, Walt Disney, Universal, Warner Bros, Paramount) no les interesa realmente, y para los distribuidores pequeños es más fácil traer películas de 5 o 10 mil dólares que desplacen nuestro cine mexicano, que arriesgar con cintas nacionales que son más caras. Su costo anda alrededor de 1.5 millones de dólares.”

Delata que “todos los día que hay estreno, hay dumping (competencia desleal) contra nuestro cine”, pues “casi no se estrenan cintas del país porque en las buenas fechas hay una gran presencia dominante estadunidense que nos arruina, y en las malas nos programan para canibalizarnos”.

Aboga por establecer mecanismos para “una justa exhibición y una verdadera libre competencia, donde las empresas majors no saturen el mercado con exceso de copias, los cines pongan los trailers y la propaganda a tiempo de los filmes mexicanos. Y que nos den semanas con funciones completas”.

México intentó poner un impuesto al exhibidor con el llamado “derecho de un peso por espectador”, afirma; sin embargo, la SCJN “los amparó violando todo principio jurídico” e informa que en cualquier momento se podría establecer un impuesto a la taquilla, porque “hay las bases jurídicas para ello”.

Además, no se respeta 10% de tiempo en pantalla para el cine mexicano que indica la Ley Federal Cinematográfica desde 1992.

“En la Ciudad de México se estrenaron 54 filmes del país, pero en 50% de los estados sólo exhibieron 25. Sólo siete cintas nacionales se exhibieron en todo el país. Así que 60% de los largometrajes mexicanos no se proyectaron en más de 20 estados y 30% en menos de 10 entidades.”

 

Estallido de inconformidad

 

Armida de la Garza, directora adjunta del Departamento de Comunicación en la Universiad de Nottingham, actualmente en el campus de China donde imparte desde 2004 las cátedras Culturas y narrativas cinematográficas y Cine latinoamericano, incita a que se busquen acciones concretas para mitigar “la situación de marginación que enfrentan muchos realizadores mexicanos”.

Opta por legislar, si bien no cree que sea suficiente “pues las razones por las que se da este problema son complejas, y no va a solucionarse por decreto”. Una legislación efectiva debería ir acompañada de acciones concretas que busquen “involucrar a la sociedad civil en el cambio, buscar modificar paulatina y gradualmente hábitos cotidianos de consumo. Nos encontramos en un momento propicio para este cambio, porque las opciones digitales, tanto en producción como en exhibición, han abaratado costos y abierto posibilidades de nuevas redes de exhibición, incluso alternativas a las salas, que no debemos soslayar”.

Autora del libro Mexico on film, National Identity and International Relations, Armida de la Garza leerá su ponencia Política cinematográfica para el ‘capitalismo flexible’: un estudio comparativo este 28 de agosto en la Cineteca Nacional, al mediodía.

Continuarán las disertaciones de Luisela Alvaray sobre “Pactos regionales” (Regional Pacts, New Trasnational Imagineria: What is Brewing Beyond Ibermedia); así como Misha Mclair con Towards a Trilateral Aprroach to North American Film Production: Mexico and Canada Since Nafta (“Hacia un acercamiento trilateral de la producción fílmica en América del Norte”), e Israel Tonatiuh Lay, con Los proyectos políticos y culturales en las reformas legislativas de la Ley de Cine 92 y del 98.

Dispuesta a emprender su lucha una vez más contra los distribudores, la directora cinematográfica y secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana (STPC), Marcela Fernández Violante, exige con un grito de batalla:

“¡Ya basta! ¡Ya está suave de que nos vean la cara! Están violando un acuerdo de industria que hicimos en el cual se apoyaría al cine mexicano, se trataba de garantizar la segunda semana para una película. Está regulada por ley, en el artículo 19 de la Ley Federal de Cinematografía, la primera semana de estreno; pero en la segunda, esa cinta la mandan a otros horarios y salas lejanas que nadie ubica.”

Cuenta que en mayo pasado, en reunión del Comité Técnico de Fidecine, José Díaz (dueño de la cadena Lumiere) señaló la alarma que había en Fidecine porque se apoyan muchos largometrajes y no se estrenan, “pero culpaban a los productores”. Ella se atrevió a decir que la gran responsabilidad caía en los exhibidores y Díaz se sintió agredido:

“Yo simplemente señalé un fenómeno que está ocurriendo de un tiempo para acá , pero él se inconformó y me atacó públicamente. Como estaba el representante de Cinematografía de Gobernación, le comenté a ver cuándo nos recibían en esa secretaría para empezar a buscar políticas adecuadas que permitan la supervivencia del cine mexicano, porque sin estreno no hay manera de recuperar nada, ni el prestigio ni la parte económica, además, nadie se entera de que las cintas del país están en salas porque no las anuncian los distribuidores.

“Serían reuniones cordiales, no de enfrentamiento; se trata de encontrar soluciones inteligentes. Debemos organizar un foro pues hay muchas películas sin estrenar y que nos apoye la Comisión de Competencia Económica en vigilar el funcionamiento de monopolios del mercado del cine.”

Una ley sin sanciones “no sirve de nada”, ni un reglamento así:

“Por eso he insistido que hay que ir a Gobernación, instancia encargada de vigilar que se cumpla la Ley de Cinematografía y especificar sanciones por violar los artículos que protegen el estreno de las películas mexicanas. Esta propuesta viene arrastrándose desde hace tiempo.”

Las senadoras María Rojo y Rosario Ibarra de la Garza presentaron el 6 de noviembre de 2008 una iniciativa de ley para reformar el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley de Cine, que conceda tres semanas de permanencia a una cinta mexicana.

No prosperó y ahora Rojo labora junto con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para cambiar dicha norma.

 

Una compleja telaraña

 

El reconocido cineasta Felipe Cazals emite que la distribución de su filme Chicogrande en 60 salas del territorio nacional, a partir del pasado 28 de mayo, ha seguido su curso de tres modos:

“Inevitable porque el tradicional espectador de películas mexicanas ha desaparecido del panorama, cediendo su asiento al consumidor de productos estadunidenses que absorben 98.2% de las pantallas nacionales durante todo el año. Adverso, porque mientras no exista una ley de competencia que regule la exhibición del cine en México, se seguirán imponiendo los motivos del lobo.

“Y poco rentable, en tanto que todo el aparato publicitario de los medios siga otorgando su interesada preferencia al servicio de las compañías distribuidoras estadunidenses, pues el futuro de nuestro cine será inevitablemente imprevisible y, por tanto, ruinoso”.

Luna, director de Abel (filme que se proyecta en los cines de varios territorios del Pacífico mexicano), ve también la parte de exhibición del cine mexicano como “una competencia muy injusta la que hay que librar”.  Y arguye:

“Creo que el cine es un reflejo más de este país. Es una industria muy cerrada, prácticamente imposible de penetrar. Hay que entender que no tendremos una industria hasta que haya una ley de protección al cine y a la cultura en este país. Una política integral que decida apoyar el desarrollo de una industria a largo plazo. Tiene que ser un apoyo que vaya desde el desarrollo de proyectos, su producción y su distribución en todas las ventanas posibles, como son la salida comercial en cines, ventas internacionales, la venta a televisión y, por último, al video y DVD.

“Hoy no existe negocio para los productores más allá de que pueda suceder un milagro en taquilla, las ventas a televisión no existen porque no hay capacidad de negociación, ya que los interlocutores son sólo dos y la piratería tiene tomado el mejor negocio de todos, que es la venta de video y DVD.

“La realidad de nuestra industria es la de muchas industrias de hoy que están tratando de subsistir.”

El realizador de Los bastardos, Amat Escalante, comenta:

“Vivimos en un país muy vulnerable a los antojos y exigencias de Estados Unidos, y el cine no ha sido la excepción. La propuesta de cobrar un peso en taquilla al cine de Hollywood fue una gran idea y debería de volverse a plantear, al cabo ya no están Valenti ni Vicente Fox.”

Daniel Gruener, quien hizo Sobrenatural y Morirse en domingo, expresa sin rodeos:

“El cine nacional es el negocio más absurdo que he conocido. ¿En qué negocio tú ves que el que invierte el capital de riesgo y produce el producto sea el último en recuperar? Así funciona nuestra industria.”

Alejandro Gerber, quien estrenó Vaho este año, asegura que es claro que las las exhibidoras comerciales Cinemex, Cinépolis y Cinemark en todo momento su intención es favorecer a las distribuidoras estadunidenses para garantizarles el mercado y que las cintas nacionales lanzadas por distribuidores nacionales se convierten en un claro estorbo para sus fines al restarles pantallas.”

El actor Damián Alcázar acusa a los exhibidores de no dar oportunidad de dos semanas en panalla al cine nacional o iberoamericano, ni al de arte de otro país, argumentando que el público no asiste “cuando en realidad son ellos quienes determinan la duración en sala con horarios pésimos, y si a eso agregamos que las autoridades y los funcionarios mexicanos están absolutamente alejados de la cultura y los intereses reales de la sociedad mexicana, ese ‘mercado’ seguirá siendo ‘libre’.

Para la actriz Giovanna Zacarías es el exhibidor a quien debe obligarse que permita una sala exclusiva para el cine mexicano, ya que una semana de exhibición para cualquier cinta “es la muerte”, y las películas merecen permanecer como mínimo tres, en horarios accesibles.

“Es indignante que programen películas en horarios en los que el grueso de la población está trabajando. El otro día fui a ver Vaho a las 11 de la mañana, ¿es buena hora para una película mexicana?, y ¿por una semana? ¡Dios, es la muerte segura!”

Marina Stavenhagen, directora de Imcine, acepta que “si hay un momento de crisis importante en la exhibición a la que hemos contribuido con el volumen de producción de cine mexicano y que aventurosamente ha crecido, entonces esas películas están a la espera de pantallas”.

Pero se trata de un “fenómeno complejo” cuando hay cerca de 400 estrenos al año “y nuestras 60 o 70 películas que queremos incluir en el mercado deben encontrar espacio en el contexto de esos 400 títulos”. Además, “como se sabe, existe en el panorama de la programación anual en fechas que son prácticamente coptadas por las grandes distribuidoras estadunidenses, y sus producciones llegan en vacacionales o en el verano, en diciembre o Semana Santa, acaparando el mercado. Eso atenta contra la diversidad de la oferta y la necesaria pluralidad y apertura que debe existir”.

Admite que existen prácticas poco leales en la promoción “que todos hemos detectado en el momento mismo de la exhibición que tienen que ver con el mal control de la boletería, necesitaríamos una fuerza civil de supervisores para ver qué sucede día a día en la exhibición, pero ni es competencia nuestra ni tenemos esa capacidad, y la ley no establece alguna sanción cuando no se cumplen los términos de los convenios pactados”.

En síntesis, concluye:

“Es un asunto muy complicado.”

 

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