Se opone el director de Presunto Culpable a la resolución de la juez

martes, 15 de marzo de 2011

MÉXICO, D.F., 15 de marzo (apro).- La resolución de la juez Blanca Lobo Domínguez que desde ayer condiciona la exhibición del documental Presunto culpable a que  se “camuflé” el rostro de Víctor Manuel Reyes (primo de la víctima y quien se amparó debido a que no se le solicitó permiso para aparecer en el filme), fue rechazada por el codirector y abogado Roberto Hernández.

         “Los mexicanos no debemos tolerar que la juez mutile la cinta”, escribió en una misiva enviada a esta agencia desde Los Ángeles, California, donde con su esposa Layda Negrete, productora del polémico filme, concluye, en la Universidad de Berkeley, su doctorado en leyes.

         Luego de que la semana pasada Lobo dio entrada al amparo de Reyes porque se le filmó durante su comparecencia en el juicio contra José Antonio Toño Zúñiga, por lo cual se suspendió la exhibición, y tras haberla autorizado nuevamente, ayer resolvió mantenerla en pantalla, con el argumento de que retirarla violaría los derechos individuales.

         Pero Hernández (codirector con el conocido documentalista australiano    Jeoffre Smith) señala en el mensaje  dirigido a apro que “la juez ‘ordena’ que “camuflemos” al testigo e incluso alterar el sonido de la cinta para  ocultar la identidad del quejoso como medida ‘cautelar’  mientras se decide el amparo”, lo cual es inadmisible “porque ello representa  mutilar también el arsenal de derechos que tenemos para exhibir injusticias y para formular críticas a un sistema de ‘justicia’ que urge reformar”.

         Explica que “camuflarlo” es “disfrazarlo de algo que no es”, y que la película “no viola, ni podría violar el derecho del testigo a su vida privada”, pues “la justicia que tenemos necesita ser expuesta, sin camuflage, maquillaje ni censura, para que la luz del sol la limpie y la cure”.

Por otra parte, para Roberto Hernández la medida “cautelar” de la juez XII de Distrito en materia administrativa es improcedente, al no hablar de “difuminar” el rostro de Reyes, sino de “camuflar”, y se convierte en una “mutilación”, pues desde el punto de vista técnico “el material de 35mm de celuloide no es tentativamente modificable, cual las palabras que se borran o se reescriben a placer en un procesador de texto”, ya que la modificación se vuelve “irreversible y permanente”.

Lo anterior, por tanto, es una forma de censura, “implica mutilar una obra artística, informativa y académica permanentemente”.

         Además, Hernández aduce que el testigo “no fue filmado en su cama, o en su casa, ni siendo menor de edad”, sino “abiertamente, con pleno conocimiento suyo y de las autoridades.”

 

Postura de Cinépolis

 

En cuanto a la empresa exhibidora Cinépolis, en un comunicado informó que esta tarde recibió el oficio DG/1174/11 de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), donde se le invita a que, “de forma inmediata, realice las acciones materiales y técnicas tendientes a cumplimentar lo ordenado en la sentencia interlocutoria” dictada por la juez  Lobo Domínguez.

         Ante ello, Cinépolis fijó su postura al señalar que como la juez negó al quejoso (Reyes) la suspensión definitiva, Presunto culpable continúa vigente y, por lo tanto, la exhibición del documental es “válida y legal”; y respecto de la “medida cautelar”, consistente en “girar ciertas órdenes”, éstas van dirigidas “únicamente” a RTC, “en lo cual Cinépolis no puede sustituirse (sic), al no ser autoridad competente en materia cinematográfica”.

Además, indica, “la ley prohíbe a distribuidores y exhibidores alterar, mutilar, censurar o cortar las películas sin la autorización previa del titular de los derechos de autor (aunque se tratare de alteraciones tendientes a resguardar o camuflar la identidad o proteger los datos personales del quejoso).

Por tanto, concluye, el oficio de RTC “no deja sin efectos la autorización para la exhibición comercial de Presunto culpable otorgada a Cinépolis ni ordena suspender ésta.”

Y para rematar, informa,  la empresa considera la “medida cautelar” como violatoria del artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo y de la Ley Federal de Cinematografía vigentes, por lo cual analiza “las medidas legales disponibles para combatirla”.

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