MÉXICO, D.F., 21 de marzo (apro).- A la polémica que generó el amparo que interpuso el testigo de cargo que aparece en el documental Presunto culpable, este lunes se sumó la solicitud de la empresa Cinépolis para dar marcha atrás a la resolución de la juez Blanca Lobo, en la que se pide difuminar la imagen de Víctor Daniel Bravo.
    La semana pasada, el apoderado legal de Cinépolis, Juan Pablo Estrada Michel, adelantó que la empresa estaba impedida por ley para alterar, modificar o mutilar los contenidos de la cinta, porque no es titular de los derechos de autor del documental.
    Bajo ese argumento, la empresa solicitó a un tribunal colegiado de circuito que revoque la resolución de la juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa.
El tribunal dio entrada a la queja y fijó un plazo de tres días hábiles a Lobo para que rinda un informe justificado y pormenorizado del caso.
De acuerdo con la Ley de Amparo, el tribunal deberá decidir esta queja en un plazo de 10 días.
El pasado lunes 14, El Poder Judicial federal decidió en definitiva, en una doble resolución, mantener en cartelera la película Presunto Culpable, pero le pidió a la Secretaría de Gobernación que durante su exhibición “resguarde y camuflaje” la identidad de Víctor Daniel Reyes Bravo.
Las titulares de los juzgados Décimo y Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa, rechazaron conceder la suspensión del documental que habían solicitado de forma separada los familiares y el testigo de cargo del asesinato de Juan Carlos Reyes Pacheco, cuyo caso judicial es el tema del documental.
La titular del juzgado Décimo Segundo, Blanca Lobo Domínguez, se echó atrás en su decisión inicial de suspender provisionalmente la exhibición de la película, dictada el pasado 1 de marzo, con lo que se desató una fuerte presión contra el Poder Judicial, al que distintos sectores sociales acusaron de censura.
La juez Lobo dijo que el interés general está por encima del individual, por lo que resolvió como improcedente la petición de Reyes Bravo de suspender la exhibición del documental, autorizada por la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la secretaría de Gobernación.