MÉXICO, D.F., 4 de marzo (apro).- El desenlace judicial del caso del documental “Presunto Culpable” se realizará el martes 8 y no el 11, como inicialmente se había programado, informó hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con la Corte, la decisión de adelantar la audiencia fue por la trascendencia del tema y la virulenta reacción social que generó el controvertido fallo de la titular del juzgado 12 en Materia Administrativa del Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, que el pasado miércoles 2 ordenó suspender la exhibición de la cinta.

A través del Canal Judicial, la Corte informó que el pasado martes 1 la juez admitió la demanda de amparo presentada por Víctor Daniel Reyes, el testigo acusador, en contra de la autorización que otorgó la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación para la difusión del documental.

En la demanda, el quejoso asegura que nunca dio su autorización para que el documental fuera exhibido públicamente, por lo que se violó su garantía constitucional de respeto a su privacidad al aparecer en la película.

De acuerdo con la juez, se trata de un juicio "de colisión de derechos", pues por una parte está el derecho del quejoso a la intimidad y a la vida privada, y por otra parte –agregó– se tiene que considerar los derechos de los productores de la película, así como el derecho de los espectadores a verla.

Ayer, la Secretaría de Gobernación afirmó que la resolución de la juez que atiende el caso del documental es “oscura, confusa y ambigua”, y confirmó que combatirá jurídicamente la suspensión provisional otorgada, porque están convencidos de que clasificaron y autorizaron la exhibición de Presunto culpable con base en la ley.

También ayer, en entrevista con la cadena radiofónica MVS, Roberto Hernández, codirector e impulsor del documental, dijo que la suspensión de la cinta “es un intento de censura que creo que en estas épocas no era de esperarse”.

Además, los autores del documental sospechan que el recurso de amparo que presentó el primo del joven asesinado fue impulsado por sectores de la justicia mexicana que intentan limitar el impacto de la película y frenar la instrumentación de la reforma penal de 2008, que consagra el derecho a la presunción de inocencia y la oralidad y apertura de los juicios.