Presunto Culpable: controversia con tufo político

sábado, 5 de marzo de 2011

La orden de suspender la exhibición del documental Presunto culpable no es un acto de censura... al menos así lo dicen el Poder Judicial y los abogados de Víctor Daniel Reyes Bravo, quien asegura que a raíz de la proyección de la película (en la que aparece como testigo) ha sido agredido e incluso amenazado de muerte. Pero lo que aparentemente está en el fondo del problema es la lucha entre quienes se oponen y quienes defienden la instauración de los juicios orales en México.

MÉXICO, D.F., 5 de marzo (Proceso).- La orden judicial para cancelar provisionalmente la exhibición del documental Presunto culpable dejó a los jueces como “censores” en un linchamiento mediático en el que está de fondo el experimento de la reforma penal para la instauración de los juicios orales en México.

Propiciada desde Estados Unidos y financiada en parte con recursos de la Iniciativa Mérida, la puesta en marcha de la reforma aprobada en 2008 tuvo un fuerte impulso con la exhibición de la película que ahora forma parte de un litigio en el que el Poder Judicial está sometido a fuerte presión social.

Desde su estreno el 18 de febrero –con 130 copias en seis ciudades y con una taquilla que llega a los 22 millones de pesos– el documental había tenido amplia difusión y reconocimiento nacional e internacional por exponer la actuación de jueces, policías y agentes del Ministerio Público en el actual sistema de justicia en México.

Los productores y promotores de la película, sin embargo, nunca consideraron que al exhibir “la fabricación de culpables” pondrían en riesgo la vida de uno de sus protagonistas, el testigo Víctor Daniel Reyes Bravo, quien ahora está amenazado de muerte por bandas de narcomenudistas de Iztapalapa, en el oriente de la ciudad de México.

Al menos ése es uno de los argumentos de la defensa de Reyes Bravo al solicitar un amparo contra la exhibición del documental y del que se hizo eco la titular del juzgado Decimosegundo en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Blanca Lobo Domínguez, quien el martes 1 ordenó que se suspendiera temporalmente la proyección en tanto se desarrolla el litigio que implica la confrontación de derechos: los de la libertad de expresión y de recibir información con los de la intimidad y la vida privada.

Pero el amparo también fue promovido ante las amenazas de muerte que según el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) recibió el testigo.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1792 de la revista Proceso, ya en circulación.