MÉXICO, D.F. (apro).- Desde que fue propuesta en el Senado de la República el 8 de marzo de 2007 por la legisladora Rosario Green, entonces secretaria de Relaciones Exteriores, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo pareció estar marcada por la imputación. Según expresó la senadora al semanario Proceso (No. 1772), desde marzo hasta diciembre de 2007 el proyecto estuvo en la mesa de discusión en espera comentarios y recomendaciones, y finalmente fue aprobado en “sesión pública” el 13 de diciembre de ese año, cuando se le introdujeron algunas reservas para su envío a la Cámara de Diputados, donde sería revisada y analizada. La Cámara baja la aprobó “en lo general” con 369 votos a favor y cuatro abstenciones. Y a decir del diputado petista Porfirio Muñoz Ledo, sería la primera ley “votada y aprobada” en la presente legislatura. Pero organismos y miembros de la sociedad civil imputaron el procedimiento y lamentaron, en entrevistas con el semanario que no se hubiera abierto el debate, lo cual provocó una respuesta airada tanto de parte de la senadora Green, como del diputado Muñoz Ledo, publicados en el reportaje “Rosario Green entra al debate sobre el debate”. Las críticas se centraban particularmente al hecho de que se hubiera marginado de la discusión del proyecto de ley a la sociedad civil, como de la ley misma pues siendo que las organizaciones civiles, instituciones educativas, centros de investigación, iniciativa privada, banca multilateral, agencias bilaterales, el mismo sistema de Naciones Unidas y otras entidades, recibían y brindaban cooperación, no eran considerados sujetos de esta ley. Finalmente la ley se aprobó y el decreto de su expedición de publicó el pasado miércoles 6 de abril en el Diario Oficial. Su propósito es: “Dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos necesarios para la programación, promoción, concertación, fomento, coordinación, ejecución, cuantificación, evaluación y fiscalización de acciones y Programas de Cooperación Internacional para el desarrollo entre los Estados Unidos Mexicanos y los gobiernos de otros países así como con organismos internacionales, para la transferencia, recepción e intercambio de recursos, bienes, conocimientos y experiencias educativas, culturales, técnicas, científicas, económicas y financieras.” Ahora ya aprobada, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Dr. José María Luis Mora, organizan las Jornadas de Diálogo sobre la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo iniciadas el pasado lunes 6 de junio en el Salón Morelos, en la sede de la Cancillería, con el fin de “alentar un intercambio de opiniones entre distintos cooperantes nacionales y extranjeros con visitas a la instrumentación de la ley referida”. El encuentro fue inaugurado por Rogelio Granguillhome, titular de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la SRE, para quien la promulgación de la ley culmina “una expectativa largamente anhelada por un sinnúmero de actores públicos no gubernamentales y privados, interesados en la materia”. A decir suyo, con este ordenamiento, el Estado mexicano fortalece el principio el principio constitucional de la cooperación para el desarrollo y sienta las bases para la modernización integral de la política del ramo. Su implementación dijo, será una tarea que refleje los intereses del los actores que día con día hacen cooperación en México. La segunda sesión de las jornadas se realizó el pasado lunes 14 en el Instituto Mora, con el tema Perspectiva de los actores académicos y Organizaciones de la sociedad civil. El 22, el tema será Perspectiva de los actores públicos (dependencias gubernamentales y organismos internacionales, y volverá a la sede de la Cancillería. La clausura se realizará el 5 de julio será en el Instituto Mora, y las mesas previas tendrán como tema Recapitulación y perspectivas.