MÉXICO, D.F. (apro).- El pasado 14 de julio, al constituirse el Consejo Asesor del Marco Jurídico de la Cultura en México, se destacó que su trabajo, orientado a contribuir con el quehacer de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, no se centrará en la discusión del tipo de institución que debe regir la política cultural del país (secretaría, el propio Conaculta u otro), porque el polémico tema lleva más de 20 años y ha obstaculizado el desarrollo de otros planteamientos o premisas no menos urgentes. Pero la creación de una Secretaría de Cultura o la subsistencia del Consejo Nacional para Cultura y las Artes (Conaculta) no es un punto menor, dado que la creación de esta institución, en 1988, en los albores del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es parte de un proyecto más amplio, vinculado a un nuevo modelo económico impulsado desde organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Así lo considera el antropólogo y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Iván Franco, en su más reciente libro ¿Quiénes lucran con el patrimonio cultural en México?, editado por Unas Letras Industria Editorial, en donde refiere: “La aplicación de las primeras políticas fundadas en el ideario neoliberal (1986-1994) trajeron como consecuencia la casi extinción del débil pero operativo Estado social surgido de la ‘revolución’ cardenista. Una gran parte de empresas fundadas y operadas por el Estado mexicano de ese lapso fueron liquidadas, quebrantadas o definitivamente entregadas a grupos empresariales ‘emergentes’, los cuales --en su mayoría--, hoy forman parte de la elite plutocrática mexicana (Slim, Hernández, Azcárraga, entre otros), mimetizada a las transnacionales que determinan u orientan las ‘necesidades’ y deseos de la sociedad mexicana. Esa plutocracia mexicana, de hecho, se adecuó y compactó en la etapa posterior a la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los intereses estratégicos de los Estados Unidos de América (1994-2010); siendo estos los años que la literatura marca como claves para la consolidación del Estado transnacional a escala mundial.” Para el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hay un proyecto para insertar a la cultura en ese proyecto neoliberal, no sólo nacional sino global, avalado, impulsado y justificado teóricamente hasta por organismos como la UNESCO, teóricos como George Yúdice, en Estados Unidos, o Néstor García Canclini “y seguidores en México”, y periodistas asimilados a Televisa, que ven a la cultura como un recurso económico. Franco dice que el modelo cultural que imperó en México estaba apegado a los preceptos científicos y humanísticos inaugurados por la Revolución Francesa “(básicos en cuestiones como el derecho a la educación y al disfrute de bienes culturales en condiciones de equidad)”, pero hoy se cede terreno humanístico a favor de las grandes industrias y hasta la recreación de las culturas tradicionales beneficia sólo a las grandes financieras. “Paradójicamente, la misma representación de la UNESCO en México se ha doblegado a los criterios de legistas, políticos y académicos que operan en esa dirección, la de conceder e impulsar marcos legales en donde lo cultural se concibe desvinculando de la materia educativo y, acaso más grave, como recursos económico sujeto a los vaivenes de la oferta y la demanda.” Considera el autor que el Conaculta se creó en relación a la necesidad de fomentar actividades culturales redituables, en el contexto de apertura comercial propiciado por el mercado global. Y que lamentablemente se ha evadido la discusión sobre su razón de ser y hasta se considera que se solucionarán algunos de sus problemas operativos “otorgándole su mayoría de edad legal”. Pero, a decir suyo, aunque el Conaculta tiene poder e influencia, tiene una crisis funcional, exceso de burocracia, duplicidad de funciones, sueldos excesivos, dispendio de recursos y desde que el Partido Acción Nacional asumió la presidencia de la república, se ha nombrado a “personajes de bajo perfil intelectual al mando de la institución” que han hecho una política marcad por el influyentismo, la discrecionalidad administrativa y poca democracia. Así pues, obstáculo o necesidad, la discusión sobre el Conaculta o una Secretaría de Estado no está saldada, seguirá siendo parte del debate cultural.