MÉXICO, D.F. (apro).- Con la idea de hacer del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes un organismo con independencia financiera, su titular Consuelo Sáizar pidió hoy, en reunión con miembros de la Comisión de Educación del Senado, que el Conaculta negocie directamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). A menos de un mes de concluir su gestión, la funcionaria demandó independencia financiera vía la SHCP y no a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), porque a su decir “la negociación a veces se alarga”. A esa petición se agregaron otras, no menos urgentes: La creación de un seguro de Estado para las obras de arte de los museos y exposiciones que se realizan en el país, resolver el desafío que representa la nueva frontera digital e impulsar marcos legales en materia de cultura. Ahí reconoció que  los recursos de la dependencia crecieron desde 2006 de 6 mil 121 millones a 15 mil 663 millones de pesos en este año. Entre los asistentes estuvieron Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura, y el senador panista Javier Lozano Alarcón. Alcalá Ruiz coincidió con Sáizar y lo resumió al tocar el tema de darle estatuto jurídico al Conaculta o, en su defecto, impulsar una nueva ley general encaminada a jerarquizar como política de Estado los ámbitos culturales del país, según se detalla en boletín de prensa del Senado. Darle carácter jurídico al Conaculta no ha sido un tema nuevo en torno al Consejo desde su creación. Cabe recordar parte de la entrevista que el antropólogo Bolfy Cotom concedió a Proceso (1861), previo a las elecciones presidenciales en México, en donde planteaba que sería más honesto partir de las necesidades de las instituciones, hacer un diagnóstico, situación que no se hace en un periodo legislativo e involucrar a la sociedad, a los órganos de poder, federales, estatales y al propio Legislativo. “El Conaculta tiene más de 20 años de existencia y no se sabe con claridad cómo está funcionando. Lo que sí se sabe, es que fue creado por decreto presidencial y, en una aberración jurídica, se impuso a los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INAB), creados por ley del Congreso; duplicó sus funciones, y eso es tan ilegal aquí y en China, y ha usurpado funciones que sólo le corresponden al secretario de Educación Pública, además de absorber la mayor parte del presupuesto, asumiendo incluso la facultad de decidir a qué gobierno estatal le da más o menos recursos.” –¿Cuáles son los problemas que se deberán comenzar a atender de inmediato? ¿La situación del Conaculta, la Ley General de Cultura, los nuevos temas de economía y cultura, turismo? –preguntó al investigador la reportera Judith Amador. –Esos son una buena parte de los problemas. Pero lo prioritario es entender el subsector cultura, entender su arquitectura, por qué fue diseñado así. Si se entiende esa lógica, se sabrá en este momento si opera o no, si tiene sentido para el país, porque evidentemente la existencia de este diseño intentaba dar respuesta a un problema social, de interés del Estado nacional. “Una vez entendido cómo se encuentra el subsector, estaremos en posibilidad de entender la lógica de la reforma constitucional (del llamado derecho a la cultura), del asunto de si se necesita o no una Ley General de Cultura, de si debemos cambiar al órgano coordinador (Conaculta). Yo he planteado que si este órgano alguna vez operó, está agotado. Ha demostrado que la tensión entre las instituciones del subsector no cede, no mejora la vinculación interinstitucional y eso es vital para una política pública en materia de cultura”.