MÉXICO, D.F. (apro).- La famosa Colección Windsor que el gobierno federal adquirió hace un par de años para la exposición México 200 años. La Patria en construcción, con la cual se reabrieron las galerías de Palacio Nacional en el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, no escapó a la fiscalización que hizo la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública 2010. Desde que el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, anuncio en julio de ese año que pagarían 142 millones de pesos por ese acervo, diversos especialistas advirtieron que la suma era exorbitante pues no todo valía la pena y algunas piezas eran “baratijas”. El fallecido coleccionista Ricardo Pérez Escamilla declaró en el número 1782 del semanario Proceso (25-12-2010) que el acervo, integrado por mil 500 piezas, estaba sobrevaluado. El antropólogo y legista Bolfy Cottom dijo en las mismas páginas que el Estado tenía la posibilidad de haber expropiado --no comprado-- esa colección, pero el régimen que nos gobierna ha privilegiado el interés privado sobre el interés público y pidió una auditoría para que el gobierno probara si realmente había valido la pena el gasto. Según los resultados presentados por la ASF en días pasados, el contrato con los antiguos propietarios del acervo, Pearl & Pearl, S.A. de C.V., se hizo desde el 29 de enero de 2010 por 140 millones 950 mil pesos, por la adquisición de mil 510 piezas vinculadas con la Independencia y la Revolución, “las más relevantes” serían presentadas en la exposición de Palacio Nacional. Cabe señalar que se mostraron sólo cincuenta, entre ellas el crismero de Miguel Hidalgo y una virgen de José María Morelos. El contrato, sigue la ASF, se realizó mediante adjudicación directa por excepción a la licitación pública, con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La Secretaría de la Función Pública lo aprobó. En un escrito del 11 de enero de 2010, mencionado por la ASF, el titular del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), José Manuel Villalpando, argumentó para justificar esa forma de adjudicación que son bienes cuya naturaleza reviste un carácter histórico y no tienen sustituto, lo cual le impidió llevar a cabo una investigación de mercado. Aunque el propio Villalpando reconoció que "era muy difícil encontrar colecciones que tuvieran piezas relevantes y fundamentales de la historia del país y que generalmente se comercializan algunos objetos en forma aislada". “Con lo anterior --considera el organismo-- pone de manifiesto la existencia de bienes alternativos (diferentes pero con carácter histórico) por lo cual sí era posible llevar a cabo un estudio de mercado.” Explica también la Auditoría que el INEHRM argumentó que había sometido el montó al Comité Técnico del Fideicomiso del Bicentenario (CTFB), y se calculó considerando el importe necesario para la adquisición de los bienes, pero “no proporcionó evidencia de ese cálculo”. Para establecer el precio de mercado de cada pieza se contó con un avalúo (hecho por el galerista Rafael Matos Moctezuma), pero destaca la ASF que el Banco del Ejército contó con éste cuando el CTFB ya había autorizado la adquisición. Al Banco se dijo que se podría aceptar, rechazar o negociar con los precios, pero no hubo negociación y se pagó el precio ofertado originalmente, por lo cual “al prescindir del estudio de mercado para verificar la existencia de bienes alternativos y omitir la negociación del precio de las citadas piezas, no se cumplió con los criterios de economía e imparcialidad en la elección del proveedor y de los bienes por adquirir”. En un oficio del 11 de noviembre de 2011, el titular el INEHRM reiteró que el monto fue calculado tomando en cuenta el importe necesario para la adquisición de esos bienes y el pago del perito que los valuara y autentificara, con la certeza de que “se trataba de bienes auténticos y de que el precio era adecuado”. Y no negoció pues “no existe disposición jurídica que establezca que, en el caso que nos ocupa, el contratante estuviera obligado a ‘negociar’ el precio. Esto además de que el peritaje correspondiente desprendió que los bienes fueron valuados en un monto superior al pagado por aproximadamente 18 millones de pesos (aquí sólo considera algunas de las piezas), lo cual generó la certeza de que el precio fue adecuado y conveniente, y de que los bienes son auténticos”. ¿Y son auténticos, ciertamente? En aquel Proceso de diciembre de 2010, Matos Moctezuma admitió que es difícil determinar si un objeto realmente perteneció a un personaje histórico. Y se le preguntó: --¿Pero en este caso usted asume la responsabilidad? --Razonablemente. --Puede ser incluso una responsabilidad histórica, porque se supone que se está adquiriendo una colección de mucho valor histórico por la cual el Estado pagó 142 millones de pesos. --Yo asumo la responsabilidad con sus limitantes. Si el día de mañana se descubre, ya no digas que el crismero no fue de Hidalgo sino de su medio hermano, sino que ni siquiera existió Hidalgo, ¡ay, en la madre!, ¿pues qué hago? Dentro de los términos razonables es aseverable que esta era, por ejemplo, la virgen de Morelos. ¿Pueden haberla falsificado? Nosotros hicimos las pruebas y vimos que el pigmento corresponde al de la época, pero aun así, puede ser que el notario se la clavó o que Juan Nepomuceno la dejó en Francia y se trajo otra, todo puede ser.”