PUEBLA, Pue. (apro).- Los dirigentes de los tres sindicatos de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se unieron este jueves para clausurar simbólicamente las obras que realiza el gobierno de Rafael Moreno Valle en los Fuertes de Loreto y Guadalupe, donde se desarrolló la Batalla de 1862 contra la invasión francesa. Representantes de los Sindicatos de Académicos e Investigadores, de Arquitectos y Restauradores, y de Trabajadores Técnicos, Manuales y Administrativos del INAH, así como aproximadamente 70 trabajadores de ese instituto, acusaron al gobierno poblano de haber convertido un sitio histórico, patrimonio emblemático de los mexicanos, en un parque de diversiones. A nueve días de que Moreno Valle inaugure –en compañía del presidente Felipe Calderón Hinojosa– este conjunto cívico-cultural en el que se invirtieron más de 600 millones de pesos, los manifestantes acusaron a las autoridades federales y regionales del INAH de autorizar “una afectación” del sitio histórico, que no se apega a lo que establece la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos. De acuerdo con los investigadores y especialistas, además de alterar la historicidad del escenario en el que se fraguó una de las batallas más recordadas por los mexicanos, se autorizó la instalación de locales comerciales, puestos de comida y parques de deportes, que tendrían que haber sido construidos en otra parte de la ciudad. En el caso de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, señalaron que los trabajos que se hicieron no corresponden a una restauración de los monumentos históricos, sino que más bien se pueden considerar una “redecoración”, al haber hecho cambios, destrucción y alteraciones, como la colocación de un techo con estructura metálica y plafón al Fuerte de Guadalupe, lo que hace temer que pueda ser usado en un futuro para eventos sociales. Carlos Miguel Huitz Baqueiro, representante de Profesores Arquitectos y Conservadores del Patrimonio Cultural, deslindó a los especialistas en este ramo de los trabajos que se realizaron en estos edificios. “Rechazamos y nos deslindamos de las intervenciones realizadas a los Fuertes de Loreto y Guadalupe, ya que no se siguieron las políticas de conservación de los profesionistas y los investigadores de este instituto”, dijo. Añadió: “Los arquitectos consideran que la falta de un análisis interdisciplinario ha permitido que se malentiendan los procesos históricos, la recuperación y la conservación de los monumentos históricos”. Señaló que además de violentar la normatividad y las leyes de México, las alteraciones van en contra del Convenio de Patrimonio Mundial que firmó México en 1984. En representación de los académicos e investigadores, el arqueólogo Felipe Echenique March lamentó que ninguna autoridad federal o local aceptara la invitación que hicieron los especialistas para discutir la legalidad de las obras, detrás de las cuales –asumió– se puede presumir que hubo actos de corrupción. “Las obras en ese bien nacional, que ha sido brutalmente afectado, poco tienen que ver con lo que sucedió hace 150 años. Lo que realmente hubo fue mucho negocio, mucho dinero de por medio, donde alguien o algunos se embolsaron una buena cantidad de dinero. “Estamos ciertos que debe haber muchos espacios de recreación dignos para los niños, jóvenes, ancianos, familias, pero éstos no se pueden construir sobre los bienes históricos que son el referente de una memoria histórica que es importantísima y que están protegidos por la Ley de Monumentos Históricos”, manifestó. Aunque reconoció que la alteración del cerro donde se desarrolló la Batalla del 5 de Mayo ya es un hecho, dijo que la lucha ahora se debe centrar en evitar que el lugar histórico sea privatizado, como lo apuntan las rejas y puertas que colocó el gobierno estatal  alrededor del sitio. “El cerro y los fuertes deben seguir siendo referentes identitarios de esa batalla, donde la sangre de los que lucharon férreamente no puede ser mancillada por la modernidad, sepultar lo que queda de una batalla que fue tan importante y emblemática para los mexicanos, con obras de concreto y de diversión que poco tienen que ver con lo que aquí ocurrió”, expuso. La historiadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Rosalva Loreto, quien habló en representación del Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, respaldó las denuncias de los tres sindicatos del INAH. “Responsabilizamos al gobernador Rafael Moreno Valle; al director del INAH federal, Alfonso de María y Campos; al director regional del INAH, Víctor Hugo Valencia; al alcalde Eduardo Rivera, y a todos los funcionarios y trabajadores implicados en este conjunto de intervenciones, por la alteración, destrucción y la corrupción de un espacio que debió de ser dignificado en memoria de la heroica batalla del 5 de mayo de 1862”, expresó. Loreto recordó que desde agosto de 2011 esa asociación se manifestó en contra de la construcción del viaducto Zaragoza, en la que el gobernador Moreno Valle también incurrió “en la ilegalidad flagrante”, pues omitió el seguimiento de las normas federales, locales e internacionales de conservación de monumentos, puntualizó. Por último, la investigadora leyó una convocatoria que lanzó la Subsecretaría de Administración de Patrimonio y Recursos Naturales y Materiales del gobierno del estado para los interesados en rentar  30 locales comerciales en el Centro 5 de Mayo, mientras los trabajadores del INAH se dirigían a las puertas de los Fuertes, donde colocaron letreros de clausura.