MÉXICO, D.F. (apro).- En un acto que los especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) califican como de “malentendida y trasnochada modernidad”, el gobierno de Chihuahua demolió en el centro de la ciudad de Hidalgo del Parral un conjunto de siete edificios históricos, ubicados frente al Palacio de Alvarado, con el fin de crear una plaza-explanada. Para realizar el proyecto, el gobernador César Duarte creó, en agosto de 2011, la Coordinación de Proyectos Especiales y nombró como su titular al arquitecto Carlos Carrera Robles, quien se desempeñaba como coordinador de Comunicación Social. Al dar a conocer el proyecto de demolición y creación de la plaza, el presidente municipal, César Dajlala Amaya, dijo a los medios que los trabajos tienen como propósito “mejorar el entorno turístico” Desde entonces, arquitectos peritos del Instituto establecieron en un oficio dirigido a Elsa Rodríguez García, directora del Centro INAH-Chihuahua que los inmuebles se encontraban en una zona declarada de monumentos históricos y estaban protegidos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. La traza urbana misma de la ciudad de Hidalgo del Parral es un legado histórico y “constituye un patrimonio cultural de la localidad, es la expresión de la identidad de los habitantes del lugar”. Por todo ello recomendaron se conservara la traza, así como los inmuebles patrimoniales y los entornos cultural y natural de la zona de monumentos. Y fueron enfáticos al indicar que “no se permitirán las demoliciones parciales o totales de los inmuebles catalogados como patrimonio histórico”. Advirtieron la necesidad de brindar “especial protección y vigilancia con el fin de que los monumentos históricos existentes no sufran alteraciones que los degraden por acciones negligentes y desconocimiento de los antecedentes históricos que les dieron origen”. Y concluyeron que una propuesta “que implique la pérdida de inmuebles históricos para la conformación de un nuevo espacio público, no se considera factible”. Rodríguez García envió al presidente municipal un oficio con el dictamen de los arquitectos, en el cual le habló de la protección jurídica de la ley de monumentos, de que el lugar forma parte de la Ruta del Camino Real de Tierra Adentro, declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y de que la propia ciudad de Parral cuenta con un reglamento de protección del patrimonio, pero no prohibió explícitamente, dijo al final: “Consideramos que todas las obras de infraestructura a realizar en esta Zona de Monumentos deben ser encaminadas a su conservación y fortalecimiento.” A finales de febrero pasado, se iniciaron las demoliciones. El INAH había logrado la suspensión de la obra en abril. Sorprendentemente algunos medios locales cuestionaron su intervención, quejándose de que alegara “valor cultura e histórico a las casonas en proceso de destrucción”, como publicó el diario El monitor de Parral, que dijo también: “La inversión para la ciudad es importante en materia de obra pública, sin embargo, por aspectos como el señalado se ha frenado la derrama financiera y en consecuencia, también la ampliación de sitios destinados para la cultura.” Finalmente, según reportes de los arquitectos peritos del INAH, las demoliciones habían concluido ya para el 15 de abril. Incluyendo una finca que había logrado sellar para impedir su destrucción. “Estamos --lamentaron los peritos-- ante un inusitado caso de devastación del patrimonio cultural edificado del antiguo Real de Minas de San José del Parral, en el municipio de Hidalgo del Parral, en el fronterizo estado de Chihuahua, impulsado por mismo gobierno estatal. Esto, aun cuando se ha dado una tardía y muy limitada actuación del INAH para contener dichos embates.” Asimismo cuestionaron: “¿Qué acaso todos los monumentos históricos del país correrán la misma suerte de los indefensos inmuebles de Parral? ¿Cuál es la postura institucional que no logra garantizar la conservación del patrimonio cultural, y con ello incumple los compromisos asumidos internacionalmente ante UNESCO? ¿Cómo es posible que un gobierno estatal logre tirar en dos noches ese patrimonio, que tanto tiempo ha perdurado?” Y tan lamentable como la actuación de los gobiernos estatal y municipal les pareció la actitud de la sociedad chihuahuense que permitió la demolición de su historia material. Finalmente denunciaron que el gobierno ya ha iniciado también la construcción de un paso subterráneo frente a la plaza principal. La pregunta que cabe también es si esto es lo que se entiende por “turismo cultural”.