Rechazan nombramiento en la Comisión de Pueblos Indígenas

viernes, 18 de enero de 2013 · 20:24
MÉXICO, D.F. (apro).- El nombramiento de Nuvia Magdalena Mayorga Delgado como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) generó un amplio rechazo a sólo unas horas de haber sido anunciado por Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con Genaro Bautista, de la Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN), la toma de posesión de Mayorga Delgado, quien hasta hace unos días se desempeñaba como diputada federal plurinominal de la 62 Legislatura, se realizó “a escondidas” por el descrédito que tiene entre la población indígena. Como presidenta de la Comisión de Presupuesto en la Cámara baja, dijo, fue la responsable de que se negara un incremento presupuestal para programas indígenas, y consideró que la funcionaria federal no sólo es “una auténtica desconocida” para los pueblos indígenas, sino además una desconocedora de los temas. “Fiel a los estilos, sin perder el porte o preocupación por las críticas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, designó a la exdiputada Mayorga, identificada como uno de los personajes políticos afines al exgobernador de Hidalgo, actual secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong (se desempeñó como secretaria de Finanzas del Estado de Hidalgo)”, señala Bautista en un comunicado. La decisión, agrega, “provocó la protesta de liderazgos indígenas mexicanos, quienes reclaman el derecho que les corresponde de encabezar y participar en las instituciones de gobierno encargadas de las políticas públicas destinadas a los pueblos indígenas”. En su texto, Bautista cita al etnólogo José Manuel del Val Blanco, director y fundador del Programa Universitario México Nacional Multicultural de la UNAM, y a la socióloga Natividad Gutiérrez, fundadora del Sistema de Consulta de Organizaciones Indígenas y Conflictos Étnicos e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, también de la UNAM, quienes coincidieron en que se requiere a alguien con experiencia y trabajo en temas indígenas. De acuerdo con ambos especialistas, el indígena es un tema demasiado delicado para ser un simple botín político. Además, señalaron, Peña Nieto debió dar cumplimiento a los convenios y protocolos internacionales donde se estipula el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en todos aquellos asuntos y temas que les conciernen. Por lo tanto, la designación de Mayorga Delgado es una falta de respeto, pues con ello anula a los indígenas del llamado Pacto por México, puntualizaron. Para Del Val, lo fundamental es que sean los propios indígenas quienes hablen de sus problemas y evitar la consulta permanente a antropólogos e investigadores. Tal fue el sentido de creación del programa que dirige y que actualmente cuenta con 550 becas para estudiantes indígenas. A decir de Bautista, la decisión de designar a una persona ajena a los pueblos indígenas va en sentido contrario a lo que ocurre en la comunidad internacional, donde se está apostando por el fortalecimiento institucional de esos pueblos, mientras en México apuntan a su debilitamiento. Entre quienes han protestado por el nombramiento de Mayorga Delgado destacan los diputados Carlos de Jesús Alejandro, nahua de Guerrero, y Juan Luis Martínez, cuicateco de Oaxaca, ambos secretarios de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados por el PRD y Movimiento Ciudadano, respectivamente. En la lista también están: Martha Sánchez Néstor, asesora por la sociedad civil de ONU Mujeres de América Latina; Saúl Vicente Vázquez, del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas; Marcos Matías Alonso, primer director indígena del ya desaparecido Instituto Nacional Indigenista; Margarito Ruiz, líder tojolabal; Abundio Marcos, dirigente del Movimiento Indígena Nacional, y el escritor y poeta nahua Natalio Hernández, Premio Netzahualcóyotl, cuyo nombre fue mencionado por la ahora embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes, para ocupar el cargo. Marcos Matías advirtió a Mayorga que le corresponderá reconocer los derechos de los pueblos indígenas, entre ellos los Acuerdos de San Andrés, y acabar con los despojos disfrazados de mineras, acueductos presas, balnearios, carreteras y fraccionamientos.

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