MÉXICO, D.F. (apro).- El documental Presunto culpable fue exhibido en el Juzgado 18 de lo Civil durante la audiencia para el desahogo de pruebas por tres demandas de tres mil millones de pesos en contra de sus realizadores fílmicos Layda Negrete y Roberto Hernández, quien señaló que este largo proceso pretende silenciar a ambos con aval del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF). “Detrás de la demanda por tres mil millones de pesos hay una venganza por haber exhibido los vicios del sistema judicial del Distrito Federal en Presunto culpable. No dudo que detrás de esto se encuentre el presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar. Es la mano que mece la cuna”, apuntó Hernández tras la proyección a la cual asistieron periodistas como Carmen Aristegui y Denisse Maerker, a quienes designaron como sus representantes para acceder al expediente. Realizado en 2011, Presunto culpable documenta la historia de Toño Zúñiga, joven injustamente condenado a 20 años de prisión por asesinato. “Litigamos contra quienes robaron su libertad a Toño Zúñiga. Desde marzo del 2011, a la fecha, no hay una sola sentencia en nuestra contra. El juicio largo, ineficiente y absurdo es el dique que la autoridad opone para que nadie más se atreva a cuestionarla. El proceso mismo es el castigo. Litigamos por nuestro derecho a la libertad de expresión”, recalcó el realizador Hernández. El Poder Judicial Federal censuró la película a tres semanas de su exhibición, iniciando así una serie de procesos legales que no han cesado. A la postre, Presunto culpable se convertiría en el documental más visto en la historia de México. Las primeras diligencias, por órdenes de la jueza, se habían desarrollado a puerta cerrada, lo que permitió a los demandados alegar que con la conducta de los juzgadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) estaban tomando represalias por haber sido exhibidos en sus malas prácticas en el documental. “Así operaban y así operan las autoridades que deciden el alcance de nuestras libertades. Es ante el mismo Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal cuyas prácticas denunciamos con Presunto Culpable ante el cual Layda Negrete y yo estamos siendo demandados, juzgados, con los mismos métodos absurdos que denunciamos en Presunto culpable”. Las tres demandas civiles fueron interpuestas por: José Manuel Ortega Saavedra, el policía judicial que detuvo a Toño Zúñiga sin orden de aprehensión ni pruebas. Víctor Daniel Reyes, testigo que acusó falsamente a Toño Zúñiga, y la familia Reyes, quien reclama a los directores que su documental exhibe la fotografía del cadáver del joven Juan Carlos Reyes Pacheco (tomada por peritos de la PGJDF). Primero se presentaron dos testigos por parte de Víctor Reyes para argumentar hostigamiento en su zona de trabajo; se exhibió el documental Presunto culpable “como prueba del uso no autorizado” de la fotografía del fallecido Juan Carlos Reyes Pacheco y para probar daño moral en relación al policía que detuvo a Toño Zúñiga, espeta Roberto Hernández: “Lamentablemente, en lugar de cambiar, las autoridades han preferido usar el propio sistema judicial y sus ineficiencias para silenciarnos. En lugar de preguntarse cómo es que Toño Zúñiga llegó a la cárcel siendo inocente, prefirieron negar su inocencia. En lugar de disculparse con Toño por hacerlo perder años de su vida, las autoridades prefirieron desacreditar la película y usarla políticamente. “Durante su campaña para reelegirse como presidente del Tribunal, Edgar Elías Azar usó la película para obtener el voto de sus colegas. En una sesión a puertas cerradas con el pleno del TSJDF, Elías Azar dijo que había que esperar a que el asunto ‘se enfriara’ y después salir a medios a decir que ‘este tipo’ (refiriéndose a Toño) no había probado su inocencia”. Públicamente, Elías Azar ha manifestado que la justicia del Distrito Federal se ve mal retratada en el documental porque está editado mañosamente. “Pero la realidad es distinta de lo que Edgar Elías Azar quiere hacernos creer. Sabemos que Toño Zúñiga fue una de miles personas juzgadas sin juez, acusadas sin pruebas, arrestadas sin orden de aprehensión; uno de los más de 40 mil presos que languidecen en las cárceles de la Ciudad de México. “Mientras tanto, gracias a que tenemos un Poder Judicial que falla como mecanismo de rendición de cuentas, México sigue teniendo policías con armas pero que carecen de reglas. Policías que tienen órdenes pero que carecen de leyes. Policías con patrullas y uniformes pero ninguneados por el Ministerio Público que los comanda. Y defensores anémicos incapaces de hacer rendir cuentas a la policías y fiscales que arrestan sin pruebas y que obtienen condenas sin haya jueces en los juicios. No descansaremos hasta que esa realidad cambie.” La filmación de Presunto culpable fue autorizada por dos administraciones de la Suprema Corte de Justicia del Distrito Federal, con Guadalupe Carrera, Edgar Domínguez y Elías Azar. La juez 18 civil, Alejandra Muñoz, atrajo el caso luego de que la titular del 17, Rosario Mancera, desistió de emitir una sentencia por lo delicado del caso. La juez Norma Muñoz dirigió la visualización del documental Presunto Culpable, exigiendo que se apagaran los celulares. Al final, Hernández mostró cierto desencanto: “Lo que resta es esperar la sentencia, pero la expectativa no es positiva. La pretensión de estas demandas por 3 mil millones de peso es mandar una señal de quien se atreva a hacer este tipo de documentales no saldrá bien librado… Tienen ganas de matar al mensajero”. Adelantó que al haber un fallo en su contra enviaría una queja ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “lo que evidenciaría de manera internacional los problemas que enfrenta el Poder Judicial de la ciudad”.