MÉXICO, D.F. (apro).- María Teresa Franco no retorna con buenos augurios al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Más bien se le ve como la llave que destrabará diversos asuntos relacionados con los grandes capitales, entre ellos la construcción del Teleférico en Puebla o los proyectos mineros, en perjuicio del patrimonio arqueológico e histórico. Profesores, investigadores y trabajadores de la institución suscribieron una carta al presidente del país y al pueblo de México, en la que expresan su repudio a la funcionaria, quien anteriormente ocupó el cargo durante la segunda mitad del sexenio de Ernesto Zedillo y en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, junto con Rafael Tovar, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; María Cristina García Cepeda, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes; Gerardo Estrada, director del Auditorio Nacional, y otros funcionarios de la presente administración, se le considera como parte del equipo cultural salinista. Ella estuvo junto con Tovar y Estrada en el foro de cultura que se organizó para Enrique Peña Nieto durante la campaña presidencial. Los trabajadores apelan: “…hemos contribuido a consolidar y dar proyección al INAH y tenemos derecho a este repudio, el cual se funda y motiva en la ilegal e ilegítima actuación que tuvo dicha persona cuando se nos impuso –como ahora– en la dirección general en 1992. La administración de esta funcionaria se caracterizó por el desapego a lo mandatado por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Orgánica del INAH, en aras de privilegiar supuestos criterios administrativos, de normatividad y ‘gestión’ de los bienes nacionales arqueológicos e históricos, que no tienen sustento legal ni fundamento científico.” Y acusan: “La actuación de la señora Franco redundó en el mal empleo de los recursos federales que se le asignaron al INAH y que terminaron en los bolsillos de sus funcionarios, políticos o empresas allegadas a su persona. Su único mérito conocido ha sido ser un fiel alfil de las doctrinas neoliberales que imponen los grandes capitalistas nacionales y transnacionales.” Los firmantes no enumeran los hechos criticables de la administración anterior de Franco, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, pero los más polémicos fueron recogidos en su momento por la prensa y fueron recordados hace unos días cuando fue nombrada por Emilio Chuayffet, secretario de Educación Pública, como nueva directora del INAH, en sustitución del etnólogo Sergio Raúl Arroyo, quien fue retirado del cargo sin explicar los motivos. Ella misma reconoció en una entrevista con el semanario Proceso, al término de su primer periodo en el INAH: “He vivido múltiples conflictos que parecen nunca tener solución.” El más polémico y escandaloso fue el de la construcción de un mall en Teotihuacán como parte de uno de los 12 proyectos especiales de arqueología impulsados por Salinas de Gortari. Por ese asunto María teresa Franco fue demandada formalmente ante la Procuraduría General de la República y se pidió a la Cámara de Diputados se le hiciera un juicio político, junto con Tovar y de Teresa. Pero la lista de los señalamientos que hicieron críticos, especialistas y trabajadores en su momento es larga: Afectaciones patrimoniales en sus respectivos proyectos de restauración al exhospicio y Hospital de Bethlemitas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec, la zona de monumentos históricos de Puebla y el exconvento de Santo Domingo de Guzmán. Asimismo, la autorización de conciertos en zonas arqueológicas, como el de Luciano Pavarotti en Chichén Itzá; la autorización para la construcción de un centro comercial y una torre de 22 pisos para el Grupo Carso-Inbursa, de Carlos Slim, en las inmediaciones de la zona arqueológica de Cuicuilco; el proyecto Monte Albán Siglo XXI, en Oaxaca, donde habría también un centro comercial, y el apoyo al proyecto de Ley de Patrimonio del entonces senador panista Mauricio Fernández Garza. Si bien cuando Sergio Raúl Arroyo llegó al INAH, en diciembre pasado, no se le extendió un cheque en blanco, generó la expectativa de que reordenaría la institución luego de la crisis en la que lo hundió Alfonso de María. El regreso de la funcionaria genera un franco rechazo. Los trabajadores le exigen respeto a la institución, a su trabajo, a las leyes que salvaguardan la historia y los bienes arqueológicos, históricos y paleontológicos. Y en reiteran su rechazo a los proyectos que --se prevé-- sean autorizados en su nueva administración: el teleférico en Puebla, el Museo del Cacao en el interior de la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, proyectos mineros “que arrasan con territorios indígenas y zonas arqueológicas en Morelos y en todo el país”, la carretera Silao-San Miguel de Allende y “la venta y destrucción de los bienes nacionales e históricos”. Firman, entre otros, Felipe Echenique, Gilberto López y Rivas, Sergio Gómez Chávez, Víctor Joel Santos Ramírez, Iván Franco Cáceres, Rosa María Vanegas, Carmen Lechuga y María Teresa Quinones.