MÉXICO, D.F. (apro).- El primer informe de gobierno de Enrique Peña Nieto en materia cultural, no se diferencia del de sus antecesores. Copioso en cifras pero escaso en información real, destaca los aproximadamente 35 millones de personas que se beneficiaron de 64 mil actividades culturales y artísticas. Quiénes fueron concretamente los beneficiarios, de qué ciudades, estados o comunidades, con qué actividades, cuáles son los impactos (en materia de educación, de conciencia cívica, de formación ciudadana) más allá de la asistencia de la gente a un evento, qué metas se cumplieron, cuáles no, cuánto del gasto público se ejerció, qué grupos y artistas fueron beneficiaros con la realización de esas actividades y un sinnúmero de preguntas más, no tienen respuesta en las páginas de ese informe. El apartado de patrimonio cultural se repite año con año el mecanismo de “información”: “se restauraron 2,511 metros cuadrados de pintura mural, más del doble de lo realizado para ese mismo periodo en 2012”. Pero si la ciudadanía no conoce exactamente cuáles fueron los murales restaurados, dónde se encuentran y dónde puede visitarlos ya renovados, qué sentido tiene hablar de miles de metros. “Se recuperó una obra robada y cuatro piezas dañadas por incendio, las cuales se encuentran en proceso de restauración”. Pero cuántas piezas han sido dañadas por incendios, inundaciones, vandalismo o simplemente por los efectos del medio ambiente. Nadie lo informa. Y menos se dice que México no ha podido recuperar obras de arte precolombino subastadas en países como Francia y Alemania, ni cuántas se pierden por el tráfico ilícito de bienes culturales. En un párrafo se anuncia un “amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del país”. Se desglosa el apoyo a 38 proyectos en 35 destinos (turísticos) de 16 entidades del país, en los cuales se invierte un monto de 212.3 millones de pesos. Porque eso sí, se explica que el propósito del programa es mejorar las condiciones de esos espacios y “agregar valor a nuestro patrimonio cultural, a través de los convenios de coordinación en materia de desarrollo turístico”. Y se mencionan como ejemplo de esos proyectos el de la ciudad de Aguascalientes, el pueblo mágico de Calvillo, en la misma entidad; la Paz, en Baja California Sur; el centro de Torreón, en Coahuila; la Ciudad Amurallada de San Francisco, Campeche. Pero no hay una sola línea para especificar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), siendo su director el recién destituido Sergio Raúl Arroyo, clausuró las obras para construir un teleférico en la histórica ciudad de Puebla, donde además se modificaron los históricos fuertes de Loreto y Guadalupe. Por los días en que los trabajos fueron clausurados, Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), prometió respaldar los proyectos del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Ahora no se sabe, ni lo dice el informe si las obras continuarán o se cancelaron definitivamente. La salida de Arroyo se atribuyó al enojo de éste y otros gobernadores. Y hace unos días la actual directora del INAH, María Teresa Franco, estando al lado del ejecutivo poblano, se negó a declarar abiertamente sobre el futuro de ese proyecto. El informe tampoco hace referencia a las polémicas obras en el antiguo Convento de La Merced, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se han invertido ya más de 100 millones de pesos para la colocación de un techo que varios especialistas en restauración de monumentos e historia del arte reprueban por innecesario y agresivo a la arquitectura original del emblemático edificio de estilo mudéjar. De otra parte son sólo tres los párrafos dedicados al patrimonio arqueológico (ni uno sólo al paleontológico, bibliográfico antiguo o documental). Y el mecanismo es el mismo, cifras y más cifras: 650 sitios arqueológicos registrados, con lo cual el universo asciende a 45,732. Nada sobre su estado de conservación, necesidades de investigación o problemáticas, como el hecho de estar buena parte de ellas en terrenos de propiedad privada o ejidal, o rodeados de crecientes manchas urbanas. Y desde luego no hay mención a los polémicos museos del cacao en las zonas arqueológicas de Uxmal y Chichén Itzá, al estado en el cual se encuentra ahora el museo de sitio de Tzintzuntzán que fue tan criticado en su momento por haberse construido arriba de una pirámide, a los proyectos de paradores turísticos que anunció recientemente el patronato Cultur en Yucatán. Nada sobre si continuarán o no proyectos de índole comercial y turística como la Cumbre Tajín, los conciertos de figuras del espectáculo como Plácido Domingo, Elton John o Sara Brightman o proyectos para establecer espectáculos de luz y sonido como el que también quiere imponer Cultur en Chichén Itzá. Así pues, se trata de un informe más de cuentas alegres en un momento en el cual el discurso sigue hablando de “transparencia”.