Destrucción de monumentos en el DF

martes, 21 de enero de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- Aun sin resolver el problema por la mala restauración de la estatua ecuestre de Carlos IV, El Caballito, el gobierno encabezado por Miguel Ángel Mancera enfrenta ya otro escándalo por atentar contra el patrimonio cultural de la Ciudad de México: derribar –sin el consentimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) —el edificio que albergó la Octava Delegación de Policía en la colonia Narvarte Poniente. El asunto, igual que el de El Caballito, ya fue a dar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una queja presentada por los investigadores José Manuel Hermosillo y Carlos Lara González, para quienes el derribo del inmueble, además de constituir “posibles delitos, que en su momento la autoridad competente, apegada a derecho, deberá determinar”, es una violación a los derechos humanos “a participar en la vida cultural, al acceso a los beneficios de la cultura y al patrimonio común”. Como ciudadanos, apelan al hecho de que para la CNDH “el patrimonio cultural no puede ni debe verse como propiedad individual, ni limitarse a la comunidad asentada en el lugar en el que los bienes se encuentran, sino como patrimonio de toda la humanidad, por lo que el acceso a ellos como expresión de culturas pasadas, producto de la historia y de los pueblos, constituyen una garantía de los derechos culturales, de los cuales todas las personas son titulares”. El edificio demolido, que se encontraba en la esquina de avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial –detallan—se construyó en 1945 (sobre el templo y convento de Nuestra Señora de la Piedad, nada menos), y citan un oficio de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para destacar que estaba incluido en el Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico y por lo tanto cualquier intervención requería del visto bueno y autorización del INBA. Explican además que según el INBA, mediante dos oficios fechados el 9 de diciembre de 2013 y el 9 de enero de 2014, solicitó “con carácter de urgente” a Luis Vizcaíno Carmona, director general Jurídico y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez, que no se demoliera el edificio, lo cual no fue atendido. Los denunciantes lamentan que el daño al patrimonio inmueble en la Ciudad de México sea “cada vez más habitual debido a la voracidad inmobiliaria” que no considera los usos de suelo y debido también a la “falta de coordinación entre autoridades locales y federales para instrumentar políticas de conservación del patrimonio arquitectónico”. Los últimos gobiernos de la ciudad han causado revuelo por su actitud frente a la conservación de edificios de valor histórico y cultural. Marcelo Ebrard demolió 16 edificios coloniales en el Centro Histórico de la Ciudad, para dejar planchas de concreto a los vendedores ambulantes cuando se estaban celebrando 20 años de la inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de esa zona de la ciudad, el más importante de ellos la Casa de Calderas que se ubicaba en la calle de Regina 97. Los especialistas citan también la casa de la pintora Carmen Mondragón (Nahui Olin), la Unidad Habitacional “Benito Juárez” y el Centro Médico Nacional. Mancera terminó el año 2013 con el escándalo de la mala intervención de El Caballito, que causó, de acuerdo al dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un daño irreversible. Pero no toda la responsabilidad es del gobierno del Distrito Federal, que ciertamente ha ignorado los llamados de atención de las instituciones responsables de la preservación del patrimonio. Hay que recordar que para el caso de los edificios catalogados como artísticos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos del INAH no prevé sanciones para quien dañe o destruya un bien catalogado. Es necesario que cuente con una declaratoria de monumento para que quede bajo la protección de la ley. El artículo 34 Bis prevé incluso que cuando exista el riesgo de causar efectos irreparables sobre un bien con valor estético relevante, sea mueble o inmueble, la Secretaría de Educación Pública, por conducto del INBA, “podrá dictar una declaratoria provisional de monumento artístico o de zona de monumentos artísticos, debidamente fundada y motivada de acuerdo con la misma ley, que tendrá efectos por un plazo de 90 días naturales a partir de la notificación de que esa declaratoria se haga a quien corresponda, en la que se mandará suspender el acto y ejecutar las medidas de preservación que resulten del caso”. Este recurso se utilizó cuando Ebrard pretendió la demolición de un edificio de Vladimir Kaspé en el Súper Servicio Lomas, en Lomas de Chapultepec, que finalmente logró salvarse. En el caso de la Octava Delegación, el INBA se limitó a solicitar la “colaboración” de Vizcaíno Carmona para verificar y suspender las obras. Y nunca se recibió respuesta. Ya lo dijo el arquitecto restaurador Sergio Zaldívar al hablar de la “ocurrencia” de restaurar El Caballito: En la falta de cuidado al patrimonio cultural y su destrucción son tan responsables las autoridades como el policía de la esquina, que debería preguntarse y reportar qué es lo que está sucediendo.

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