MÉXICO, D.F. (apro).- Entre los varios balances de fin de año que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) --presume, por ejemplo, que devolvió “esplendor al patrimonio cultural”-- no se verá uno en el cual se hable de los conflictos sobre ese patrimonio histórico y arqueológico que por ley está obligado a preservar. El INAH inició el 2013 con la dirección del etnólogo Sergio Raúl Arroyo y lo concluyó con la de la historiadora María Teresa Franco sin que se informaran puntualmente las razones de ese cambio, lo cual fue calificado como un hecho autoritario por algunos investigadores. Asimismo, hubo pie a especulaciones en las cuales se consideraron como posibles motivos la cancelación del Museo del Cacao, la oposición del etnólogo a la construcción de un teleférico en el Centro Histórico de Puebla y hasta diferencias entre Emilio Chuayfett, secretario de Educación Pública, y Rafael Tovar, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Arroyo fue “recibido” con el escándalo de los supuestos sobornos auspiciados por la cadena de supermercados Walmart para que se le permitiera abrir más tiendas en México, hecho que alcanzó al funcionario, pues se desempeñaba también como director del INAH cuando en 1994 se instaló una bodega Aurrerá en el pueblo de San Juan Teotihuacan, Estado de México, no dentro, pero sí cerca de la zona arqueológica. El entonces funcionario dijo a la prensa que había hecho llegar a la Procuraduría General de la República (PGR) todo el expediente del caso para que se deslindaran responsabilidades. Hasta la fecha no hay más información.   Historial   Uno de los conflictos que marcaron el año que recién terminó fue el referente al proyecto minero de la empresa canadiense Esperanza Silver que pretendió instalarse en Temixco, Morelos. Arqueólogos, investigadores y trabajadores del propio INAH, así como la comunidad, advirtieron de los daños a la zona arqueológica de Xochicalco, sitios cercanos a ésta (El Jumil, El Jumilito, El Amate y Cuexcomate, entre otros) y al entorno ecológico. El historiador Felipe Echenique March denunció entonces que el caso de La Esperanza no es único en el país y que las mineras amenazan al patrimonio histórico y arqueológico en varias entidades, como Guerrero y Veracruz, aprovechándose de que la Ley Orgánica del INAH no cuenta --a más de cuatro décadas de su fundación-- con un reglamento, lo cual ha permitido a algunos arqueólogos liberar terrenos en favor de las mineras, cuando no tienen atribuciones legales para hacerlo. En medio de este conflicto arribó Teresa Franco, quien ya había ocupado el cargo en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari. Con base en su desempeño de entonces, la comunidad de trabajadores e investigadores del propio instituto, e incluso de otras instituciones académicas, expresó su repudio en una carta pública: “…el cual se funda y motiva en la ilegal e ilegítima actuación que tuvo dicha persona cuando se nos impuso --como ahora-- en la dirección general en 1992. La administración de esta funcionaria se caracterizó por el desapego a lo mandatado por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Orgánica del INAH, en aras de privilegiar supuestos criterios administrativos, de normatividad y ‘gestión’ de los bienes nacionales arqueológicos e históricos, que no tienen sustento legal ni fundamento científico. “La actuación de la señora Franco redundó en el mal empleo de los recursos federales que se le asignaron al INAH y que terminaron en los bolsillos de sus funcionarios, políticos o empresas allegadas a su persona. Su único mérito conocido ha sido ser un fiel alfil de las doctrinas neoliberales que imponen los grandes capitalistas nacionales y transnacionales.”   Asuntos candentes   Cuando Franco arribó de nuevo al cargo, ya estaba en curso la cancelación de la construcción del Museo del Cacao, iniciada “de manera ilegal” por la empresa belga Belcolade, en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Aunque la obra se frenó, el asunto no ha concluido, pues la PGR no ha informado sobre las sanciones por el daño al patrimonio, ni se sabe sobre las denuncias de corrupción contra el director del centro INAH-Yucatán, Eduardo López Calzada, y el arqueólogo José Guadalupe Huchín Herrera. La clausura en el mes de junio de las obras del teleférico en Puebla fue otro de los asuntos polémicos. No se sabe si fue realmente la razón de la salida del etnólogo. Lo cierto es que a dos semanas de terminar el año, el INAH y el gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle acordaron establecer un nuevo trayecto para el teleférico. El Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles del INAH aprobó que fuese del Centro Expositor, en el área de Los Fuertes, hasta el estadio Cuauhtémoc, “con lo que ya no cruzaría la zona considerada patrimonio histórico monumental”. Lo cierto es que Los Fuertes también son patrimonio histórico, fueron --ni más ni menos-- el escenario de la batalla del 5 de mayo de 1862, en la cual el general Ignacio Zaragoza derrotó al vanagloriado ejército francés. Los trabajadores del INAH denunciaron también en su momento que el Fuerte de Guadalupe fue dañado para construir el Centro Expositor. Esto fue en la gestión de Alfonso de Maria y Campos.   El remate   Y el escándalo más reciente es el caso de la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como El Caballito, realizada por Manuel Tolsá, pues que al intentar restaurarla se le provocó mayor daño por parte de la empresa de Javier Marina, contratada por la autoridad del Centro Histórico. Al informar que el daño es irreversible, pues se utilizó ácido nítrico al 30%, el INAH se deslindó del hecho, pues dijo que las obras se iniciaron sin su autorización. Pero expertos como el arquitecto Sergio Zaldívar han cuestionado que las autoridades y trabajadores del instituto no se percatarán de que una obra tan importante estuviera siendo intervenida, tuviera andamios a su alrededor, e incluso amarrados a la propia escultura. Estas no fueron todas las polémicas en torno a la protección del patrimonio cultural, son sólo una muestra de lo que el INAH omite en sus informes anuales.