Ley de cultura: El debate que vendrá

miércoles, 31 de diciembre de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- Una nueva controversia se aproxima en el ámbito cultural. El próximo año, al retomar sus actividades, el Senado de la República podría aprobar el proyecto de Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute de la Cultura, que en septiembre pasado presentó la senadora Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara alta. En días recientes trabajadores de los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), así como del Centro Nacional de las Artes y Bibliotecas, unidos en el Colectivo de Sindicatos de Educación y Cultura, dieron a conocer su posición sobre la ley, en un documento de seis puntos en el que concluyen que es inconstitucional. Detallan que es anticonstitucional porque regula disposiciones relativas a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, además de que rompe con el pacto federal al regular facultades exclusivas de la Federación como si fuesen concurrentes. Precisan, asimismo, que una de las consecuencias, en caso de ser aprobado el proyecto legislativo, sería la modificación de las atribuciones sustanciales de los institutos INAH e INBA. También afecta de manera directa el principio de progresividad de los derechos humanos al modificar la estructura de las principales instituciones protectoras del patrimonio cultural de la nación. Según el texto, el Congreso de la Unión no puede violentar con este proyecto el sistema federal previsto en la Constitución Política, y tampoco el sistema actual de derechos humanos. El proyecto de Ley General, añade, debe constreñirse técnicamente a lo que manda la propia Constitución. En el documento se explica que las competencias establecidas en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, son facultad de la Federación y corresponden a los institutos INAH e INBA. “En este orden de ideas, cuando el proyecto de Ley General intenta legislar sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, incurre en problemas de inconstitucionalidad al violentar el sistema de federalismo residual al cual pertenece esta materia”. Apunta la ley en cuestión. El análisis contenido en el documento de 13 páginas fue realizado por los integrantes del Colectivo de Sindicatos, con la asesoría del abogado Francisco Javier Dorantes Díaz, quien en su momento también destacó las inconsistencias del proyecto de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, presentada hace una década por la entonces titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), Sari Bermúdez. Autor del libro Derecho cultural mexicano (Problemas jurídicos) y especialista en derecho constitucional y administrativo, Dorantes Díaz no rechazó entonces la creación de una Ley General de Cultura, pero dejó en claro que no debe ser sólo para legitimar al Conaculta (nacido de un decreto presidencial cuestionado hasta el día de hoy). Su propuesta de entonces era reformar el artículo tercero constitucional para que el Estado asumiera a la cultura no como obligación, sino como un derecho fundamental que ponderara “el concepto de interés legítimo y no simplemente de interés jurídico, de tal suerte que se propicie su tutela judicial efectiva (y su exigibilidad administrativa) en un contexto que maximice las oportunidades culturales para las generaciones venideras y considere la composición pluricultural de la nación”. Habló además de la necesidad de incluir en las reformas estructurales el campo cultural. Lo que se hizo años más tarde, en 2009, fue modificar el cuarto constitucional y establecer el llamado “derecho a la cultura”. Desde entonces quedó pendiente la ley que lo regularía. Desde la aparición de aquel libro, Dorantes advirtió sobre la posibilidad de facultades concurrentes entre la Federación y los estados, pero reservando como exclusivo para la primera lo arqueológico, histórico y artístico de interés nacional. Los cuestionamientos que hace ahora el colectivo (representado por Virginia Barrera, Julio Rosales y Yolanda Águila, del INBA, y Miguel Ángel Castañeda y José Manuel Figueroa, del INAH) son: “¿Podríamos imaginar a monumentos arqueológicos, artísticos o históricos normados por autoridades locales? ¿Dónde quedaría el interés nacional? La respuesta para los representantes de los trabajadores a la primera pregunta es no. Y por ello instan a que la iniciativa de ley de la senadora Alcalá se apegue al mandato constitucional.