Convenciones de la Unesco

martes, 11 de marzo de 2014 · 19:30
MÉXICO, D.F. (apro).- Las distintas visiones sobre patrimonio cultural, la forma en la cual se le concibe en la actualidad con respecto de la visión que tuvieron los españoles en la época virreinal, la necesidad de protección especial en caso de conflicto armado o el tráfico ilícito, fueron algunos de los temas abordados en el “Encuentro Internacional de Convenciones UNESCO: Una visión articulada desde Iberoamérica”, en el cual participaron expertos de varios países de la región. Realizado en esta ciudad del 22 al 25 de octubre del año pasado, el encuentro fue organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México para analizar las convenciones de Patrimonio Cultural, Natural, Inmaterial y Subacuático, así como sobre la Diversidad Cultural. Ahora se da a conocer la memoria de aquel encuentro en la cual se reúnen 19 ponencias, entre ellas la de Armando Meneses, del Comité Internacional de la Cruz Roja de México, quien habló de la preocupación de las naciones por la protección del patrimonio en caso de conflicto armado, que dio lugar a la Convención de La Haya de 1954. Refiere que en 2012 se integró en México una Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario integrado por las secretarías de la Defensa Nacional, la Marina, Gobernación y Relaciones Exteriores, con apoyo del INAH, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este grupo presentó el 16 de agosto de 2013 la propuesta de solicitar a la UNESCO la inscripción de 12 sitios arqueológicos en el régimen de protección especial establecido en la Convención de La Haya. Se trata de Calakmul, Chichén-Itzá, Kabah, Labna, Monte Albán, Palenque, Paquimé, Sayil, Tajín, Teotihuacán, Uxmal y Xochicalco. Los trabajos de esta comisión intersecretarial dieron como resultado un proyecto de ley con sanciones especiales. Aunque no se expuso en esa ponencia si sería complementaria de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que ya prevé sanciones a quienes dañen los monumentos, o es una legislación específica para los 12 sitios antes mencionados que de cualquier modo ya están protegidos por esta legislación. La antropóloga Sol Rubín de la Borbolla hizo en su presentación un recuento breve de la forma en la cual México ha protegido legalmente su patrimonio cultural. Y señala que si bien la declaratoria de un bien por parte de la UNESCO en el marco de las convenciones, ha salvado numerosos bienes que sin esa protección ya hubiesen desaparecido, el “mundo globalizado exige otras lecturas y otras formas al patrimonio cultural”. Considera que el turismo abre la posibilidad para que se desarrollen proyectos en beneficio de las comunidades portadoras de cultura y para las ciudades y localidades donde existen bienes patrimoniales, sea arquitectura, museos, zonas arqueológicas. Pero advierte también: “Existen ejemplos de problemas, omisiones y amenazas que se ciernen sobre él: la falta de reconocimiento de los derechos colectivos de autor; la necesidad de respetar ritos y ceremonias para evitar que se comercialicen como productos turísticos; el deterioro de sitios arqueológicos por la visita masiva al llamado de corrientes de filosofía esotérica que están de moda; el uso de sitios emblemáticos para eventos masivos en ‘beneficio de la cultura’; el usufructo de ciertos bienes por grandes compañías a cambio del financiamiento que hacen  para la conservación o restauración; el turismo masivo que distorsiona las formas y expresiones sobre todo de las culturas vivas.” De 299 páginas, la memoria incluye entre otras ponencias “Reflexiones sobre la Convención de Patrimonio Inmaterial a 10 años de su adopción”, de Elisa de Cabo; “México y la Convención 2001: un apoyo vital y mutuo”, de Pilar Luna Erreguerena; “Tráfico ilícito: la Convención de 1970 y su experiencia de aplicación”, de Alfonso Ortiz Sobalvarro; y “Los cambios desde Nara 94: retos, obstáculos y oportunidades en la implementación de las convenciones UNESCO”, de Gustavo Araoz. En las conclusiones, Francisco Vidargas, subdirector de Patrimonio Mundial del INAH, destaca que se expusieron experiencias que en el ámbito de las convenciones han permitido procesos de desarrollo sustentable en las comunidades. Agrega: “Hay todavía mucho que discutir para llegar a un consenso operativo, orientado a un objetivo común: una cada vez mayor y mejor implementación articulada de las mismas, para reforzar plenamente el rescate, conservación y salvaguardia de nuestra basta común herencia patrimonial. “En particular existen desafíos específicos que hay que atender, para así poder definir estrategias regionales que contribuyan a complementar las convenciones a partir de la integración de elementos de índole ambiental, tecnológica, cultural, social y económica”, concluye.

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