MÉXICO, D.F. (apro).- La presidenta de la Comisión de Cultura del Senado, Blanca Alcalá, presentó ayer la iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, como el registro del precio único, además de que el “libro electrónico” tenga el mismo equivalente al impreso. Ante el pleno del Senado, se señaló que con la iniciativa se propone una revisión a fin de contribuir a que la disponibilidad de libros en el territorio nacional se dé en condiciones de mayor equidad para lectores potenciales, se destacó en un comunicado. Lo anterior, con base en las siguientes cifras que Alcalá Ruiz dio a conocer: 87% de los mexicanos tienen únicamente entre 1 y 30 libros en su casa, según una encuesta realizada en 2012 por la Fundación Mexicana de Fomento a la Lectura. Y a escala nacional, se reporta un promedio de lectura de 2.9 libros al año, aparte de que sólo la mitad de la población menor de 12 años manifiesta practicar la lectura de textos. La iniciativa, suscrita también por las senadoras priistas Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Arely Gómez González, plantea tres grandes temas: Primero, se establecen las bases para que el libro electrónico tenga un tratamiento equivalente en lo que corresponda con el impreso, tanto en los aspectos generales de la definición establecida por la ley como en las condiciones de distribución. Lo anterior, con el fin de evitar que, con el tiempo, la disponibilidad del electrónico sea un motivo de extinción del otro o, al menos, de la reducción de su accesibilidad, diversidad y oferta. En segundo término, se designa a la Profeco como la autoridad responsable del cumplimiento de la ley, debido a que la ausencia normativa propició la convivencia de dos prácticas comerciales en el mercado del libro. Éstas consisten, por una parte, en la aplicación del precio único durante 18 meses a un determinado número de sellos y casas editoras y, por la otra, un mercado controlado por grandes distribuidores. Y finalmente, se plantea la ampliación de la vigencia del precio único a 24 meses, a efecto de participar en el equilibrio del mercado del libro, tomando en cuenta que el precio único no es un precio fijo y aplica sólo al consumidor final. En este punto, Alcalá Ruiz argumentó que el precio único es un instrumento diseñado para establecer un precio socialmente óptimo a cada título y evitar la pérdida de bienestar de los lectores a manos de los agentes económicos que, en virtud de su participación en el mercado, establecen una oferta diferenciada y discriminatoria en el precio. “La finalidad de esta iniciativa es que cada día haya más autores de obras literarias, de obras científicas, de libros para la reflexión y la crítica, en fin, de textos que hagan de nuestra sociedad un lugar sin restricciones ni límites al conocimiento y a la libertad creativa”, concluyó.