2014, año peligroso para el patrimonio cultural de Puebla

lunes, 5 de enero de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- De las polémicas sobre la protección del patrimonio cultural en 2014, las protagonizadas por el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla fueron las de mayor presencia en los medios pues se refirieron a varios sitios, entre ellos el Centro Histórico y la zona arqueológica de Cholula. Las acciones de Moreno Valle relacionadas con afectaciones al patrimonio histórico de la entidad comenzaron en 2012, cuando trabajadores e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) denunciaron la destrucción y alteraciones que sufrieron los Fuertes de Loreto y Guadalupe, sede de la histórica Batalla de Puebla. Quien fuera secretario general del Sindicato de Investigadores, Felipe Echenique March, explicó a apro que se colocó una techumbre que afectó principalmente el Fuerte de Loreto y cambió su fisonomía: “… Ahora parece un supermercado, no respetaron los principios más elementales de lo que debe ser una restauración de uno de los monumentos históricos más emblemáticos de México”. Lo contradictorio es que el propio delegado del INAH en Puebla, en aquel entonces José Miguel Rivas Garfias, prohibió a los propios trabajadores el acceso a cualquier inmueble custodiado por el instituto mediante el oficio 401-A-311-(724-7)-01-0301. Otra de las más polémicas obras de 2014 fue el Distribuidor Vial en Cholula, para el cual el INAH informó que no existía “dentro de sus archivos” el permiso del Consejo de Arqueología. En octubre pasado se inauguró la estructura que tuvo un costo de 198 millones de pesos; el INAH aseguró que no afectaba ningún vestigio. También el llamado Parque de las Siete Culturas se vio envuelto en el escándalo, pues para construirlo se expropiaron terrenos aledaños a la Gran Pirámide en San Andrés Cholula. En agosto pasado, las movilizaciones por la defensa del sitio y su patrimonio histórico y arqueológico alcanzaron su clímax. “Cholula no necesita un Disneylandia”, fue el clamor más fuerte de los habitantes, organizaciones y especialistas opositores. Activistas que realizaron diferentes movilizaciones, entre ellas la formación de una cadena humana alrededor de la pirámide, informaron a los medios de comunicación que el parque no tenía ninguna utilidad pública, sus fines eran comerciales y violaba las leyes de manejo de suelos arqueológicos vigentes en la zona, pues ahí sólo está permitido el cultivo de plantas y flores, pero no construcciones. El delegado del INAH, Francisco Ortiz Pedraza, explicó que no tenía información sobre el proyecto y no había recibido solicitud oficial para su desarrollo. Sin embargo, admitió que en un recorrido con autoridades estatales y municipales se expresaron ideas de manera verbal. La movilización social en San Pedro y San Andrés Cholula logró que el gobernador Moreno Valle anunciara en octubre la cancelación del parque temático, aunque dijo que continuará la construcción de una estación del tren ligero en la zona para conectar con la capital del estado y un museo de sitio del INAH. El tren irá del museo del ferrocarril en Puebla, hacia Cholula. Según el funcionario, ha dialogado con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la empresa Ferrosur y el INAH para obtener los permisos y licencias necesarios. Se dijo también que museo de sitio en Cholula se construirá en el antiguo hospital de psiquiatría, ubicado en un costado de la pirámide. El gobernador aseguró que tiene los permisos necesarios del INAH. El gobierno de Moreno Valle ha criminalizado la protesta contra sus obras. Incluso, promulgó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, conocida como “Ley Bala”, porque permitía la posibilidad de usar armas de fuego y “no-letales”. La ley le costó la vida al adolescente de 13 años de edad, José Luis Tehuatlie, quien recibió un impacto en la cabeza durante un enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales. Pese a ello, legisladores priistas de la entidad advirtieron que se mantendrá vigente la ley. Tras entregar un dictamen en el cual rechazaron la viabilidad del Parque de las Siete Culturas realizado por investigadores y especialistas del INAH, los representantes sindicales acusaron a su directora, María Teresa Franco, de tener un “pacto” con el gobierno de Moreno Valle. La directora del INAH y el gobernador poblano anunciaron a mediados de año que trabajarán conjuntamente para que la UNESCO incluya en su Lista del Patrimonio Mundial la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, ubicada entre Puebla y Oaxaca.

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