Inician mesa de diálogo de Conaculta... en camellón de Reforma

miércoles, 4 de marzo de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- En pleno camellón del Paseo de la Reforma, frente a las oficinas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), artistas y trabajadores instalaron mesas de trabajo para hablar, “a la vista” de la ciudadanía, de temas como los pagos de sueldos y prestaciones retrasados, disminución del presupuesto, y en general las políticas culturales con las que no están de acuerdo. Organizado por la Asamblea de la Comunidad Artística, que a finales del año pasado se reunió a las afueras del Palacio de Bellas Artes para protestar por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, el encuentro se preveía como un soliloquio de los artistas y trabajadores. Y es que en su convocatoria emplazaron a los principales funcionarios “que manejan las políticas culturales en el país y la capital” a asistir a las mesas a escuchar sus demandas y dialogar: Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Educación Pública; Rafael Tovar y de Teresa, presidente del Conaculta; las legisladoras Blanca Alcalá Ruiz, presidenta de la Comisión de Cultura en el Senado, y Margarita Saldaña, presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, así como Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura local. “Suponemos que los citados servidores públicos no se presentarán, no obstante, nos importa resaltar el hecho de su ausencia de manera activa, realizando foros de discusión y eventos artísticos”. Su idea era colocar las cinco sillas con los nombres de los ausentes y así lo hicieron. La sorpresa fue que sí asistieron –en representación de Tovar y de Teresa, quien acompaña al presidente Enrique Peña Nieto en su viaje a Gran Bretaña– Antonio Crestani, director general de Vinculación Cultural; Antonio Hernández Brito, coordinador nacional de Relaciones Laborales; Luis Cacho, director general jurídico, y María Eugenia Araizaga, directora general de Administración. Y entre el auditorio se pudo ver a otros funcionarios como Saúl Juárez Vega, secretario Cultural y Artístico; Ricardo Cayuela, director general de Publicaciones; Miguel Ángel Pineda, director general de Comunicación Social; Moisés Rosas, director general del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), y Sergio Ramírez Cárdenas, subdirector general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Permanecieron vacías las sillas de las legisladoras, del titular de la SEP y de Vázquez Martín. Por parte de la comunidad artística y de trabajadores, la socióloga Ishtar Cardona, investigadora y promotora cultural, señaló que se percibe “un caos” en la estructura administrativa de la cultura y se debe en parte a la falta del marco legal del Conaculta, que nació en 1988 por decreto presidencial. Se refirió al atraso en los pagos, que provocó desde el año pasado quejas por parte de trabajadores y proveedores del Consejo, y aclaró que en realidad es la norma: Todos los que trabajan como proveedores del Estado saben que sus pagos saldrán retrasados, sólo que esta vez se alargó la espera más de año y medio. Ello, lamentó, se traduce en que quienes realmente financian la acción cultural del Estado sean los propios artistas. En cambio los recortes presupuestarios no afectan los salarios de los funcionarios ni sus gastos de representación. Pintor y escultor egresado de la Academia de San Carlos, José Ortiz Rivera, miembro de la comunidad de Santiago Tlacotenco, Milpa Alta, expuso que a ese lugar difícilmente llega la cultura que promueve el Conaculta, pues los niños no tienen acceso a ella. Pero además tienen sus propios proyectos de expresión artística y no reciben apoyo de ninguna especie. El gobierno capitalino les prometió hace tiempo que construirían una casa de la cultura y no les ha cumplido. Luego Enrique Cisneros, conocido como El Llanero Solitito, advirtió a los funcionarios presentes que no deberían tomar la crítica, por demoledora que sea, como una agresión. Y recordó también que el Conaculta nació por decreto de Carlos Salinas de Gortari, quien días antes había sido “impuesto” como presidente tras un “fraude electoral” a Cuauhtémoc Cárdenas. En su opinión, el Conaculta adolece de los mismos vicios del sistema neoliberal que desde la época de Miguel de la Madrid se impuso en el país: amiguismo, corrupción, “un país donde por negocio se destruye la naturaleza y la historia se vuelve mercancía para turistas”. Los funcionarios exigieron que las ponencias no se alargaran y que la mecánica les permitiera responder algunas preguntas (cinco en cada una de tres rondas) y sin derecho a réplica. Crestani, quien en varias ocasiones vio con gesto impaciente su reloj, señaló respecto del retraso en los pagos que Rafael Tovar giró instrucciones para revisar los mecanismos administrativos para tener mayor celeridad en el pago a proveedores en el futuro. Respecto de los salarios de trabajadores, Hernández Brito informó que se ha cubierto el pago a todos quienes están contratados por honorarios y afirmó que todos ellos cuentan con seguridad social. Ambos funcionarios aseguraron que se ha cubierto ya más de 90 por ciento de los pagos retrasados, y en pendientes se deben en varios casos a que los propios prestadores de servicios no han cumplido con la normatividad que exige la administración pública para el pago. Según Crestani, cada vez hay mayor transparencia en el ejercicio de los recursos del Conaculta y el ajuste presupuestal viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no impactará los programas sustantivos del organismo resto de la política cultural. Los trabajadores leyeron un pronunciamiento en el cual demandaron el pago inmediato de los adeudos y el compromiso de no más retrasos, que no se cierren recintos culturales (como el Teatro Julio Jiménez Rueda),  no al recorte presupuestal en educación y cultura, reformulación de la relación contractual entre trabajadores del arte e instituciones culturales, seguridad social para trabajadores de arte y la cultura, e instalación de foros a nivel nacional con carácter resolutivo para la elaboración de un nuevo modelo de política cultural, cuya organización corra a cargo de ciudadanos, trabajadores del arte y la cultura y especialistas en política cultural. Se pronunciaron nuevamente por la liberación de Jaqueline Santa y Bryan Reyes, presos desde el 15 de noviembre, y por la aparición con vida de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.