MÉXICO, D.F. (apro).- Creado en 1939 por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene entre sus tareas sustantivas la investigación, conservación, restauración, protección, recuperación y difusión del patrimonio arqueológico e histórico del país, además del paleontológico. Así se establece en documentos como la Ley Orgánica que le dio origen y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, promulgada en 1972 y aún vigente. De lo que adolece el instituto es del reglamento a la Ley Orgánica, lo cual, a decir del historiador Felipe I. Echenique, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del instituto, ha permitido que la autorización a proyectos relacionados con la explotación minera, la construcción de carreteras o proyectos turísticos, entre otros, no curse por un camino institucional, sino que quede a las decisiones discrecionales de algunos de funcionarios y algunos responsables de zonas. Vale la pena recordar el señalamiento del historiador, ahora que un nuevo escándalo de destrucción del patrimonio cultural ocupa las páginas de la prensa nacional: La demolición, con autorización del propio INAH, de vestigios arqueológicos encontrados en el municipio de Tlaltizapán, en el estado de Morelos, durante la construcción de la autopista Siglo XXI. Los medios han recogido declaraciones de funcionarios del instituto, entre ellas la de Alma Rosa Cienfuegos Domínguez, jefa del Departamento de Trámites y Servicios Legales del Centro INAH Morelos, quien admite que hace más de ocho años se permitieron trabajos con maquinaria pesada que dejaron al descubierto los vestigios. Luego atribuye al tiempo, las lluvias y hasta al aire, que se deterioraran y debido a ello se determinó no conservarlos. En suma se abandonaron las funciones sustantivas del instituto y en lugar de corregir la acción y restaurar lo dañado, se optó por su desaparición. Dijo la funcionaria: “Hubiera sido muy irresponsable, primero la evidencia que teníamos no estaba completa, estaba descontextualizada, el que encontremos cimentación no te dice mucho, hubiera sido irresponsable porque no podíamos dejar los vestigios, tenían que entrar en un proceso para consolidarse y yo pregunto ¿quién lo iba a financiar?, y lo más importante es ¿qué íbamos a exponer?, ¿arranques de muros?, ¿qué visitas ahí?, no había un basamento, eran puros arranques de muro, hubiera sido irresponsable dejarlos a la visita pública.” También da por hecho que el único sentido de excavar una zona arqueológica es el turismo, y no la investigación y difusión del conocimiento, tarea primordial del INAH. Y es la exploración permite conocer su contexto y demás. Sorprende que el propio coordinador nacional de Arqueología, Pedro Francisco Sánchez Nava, repita la misma argumentación ante la prensa: “Sería irresponsable” conservar los vestigios. Y lejos de explicar los criterios que pudo haber tomado el Consejo Nacional de Arqueología para determinar las razones por las cuales se optó por la demolición, el arqueólogo añade: “Es una tarea que no es fácilmente comprensible, el excavar en cualquier circunstancia ya implica alterar el contexto, por eso era importante hacer registros muy puntuales, de otra manera no conoceríamos lo que ahí hubo.” Además, evade explicar si había o no estructuras cuando las imágenes muestran maquinaria pesada arrasando las escalinatas de una construcción, al argüir que una estructura puede ser “una hilada de piedras”. En cambio, destaca que se recuperaron algunos “tepalcates”. Hay que recordar de nuevo que la Ley sobre Monumentos no distingue vestigios “importantes” o no, ni tamaños, los vestigios arqueológicos deben preservarse. Echenique lo explicó en una entrevista con el semanario Proceso al subrayar que el patrimonio arqueológico es de interés público y el director general del INAH, en este caso María Teresa Franco, debe hacerlo valer ante quien sea, “incluso el presidente” de la República. Y cuando hay conflicto de intereses, por ejemplo esta autopista o la que va de Jala a Vallarta, que obliguen a cuestionar si es lo prioritario es la obra en cuestión o la conservación del patrimonio cultural de la nación, se debe dirimir en los juzgados y el INAH debe litigar y argumentar: “Aquí usted no pasa porque hay una zona de monumentos.” Pero los funcionarios del INAH no litigaron, cedieron. Han sido los profesores e investigadores del instituto quienes en los últimos años han encabezado la defensa del patrimonio, así como la sociedad civil, las poblaciones. Investigadores del INAH han llevado ante la Procuraduría General de la República (PGR) casos de destrucción del patrimonio, como los del gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla, pero los peritos que busca la PGR han resultado ser los mismos que autorizaron los proyectos que afectaron el patrimonio. La pregunta es qué sentido tiene hablar en el discurso de crear conciencia entre la sociedad civil para que participe de la tarea de conservación de su patrimonio, si cuando deciden defenderlo por considerar que es parte de su memoria histórica, de su legado cultural, las instancias encargadas de la preservación las que autorizan su destrucción y avasallamiento. Pareciera que para el responsable de arqueología en el INAH, lo demolido eran “sólo piedras”, aunque se alcanzaron a rescatar valiosos “tepalcates”.