Ley de Cultura, ¿será que ahora sí?

sábado, 24 de diciembre de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 14 de diciembre, la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados conformó un Consejo Redactor para que, ahora sí --dicen--, se lleve adelante la aprobación de una Ley de Cultura, sobre la cual no se ha especificado si será reglamentaria, general o de derechos culturales. El plan es que luego de tres sesiones, los martes 10, 17 y 24 de enero quede listo el proyecto y se presente a los diputados el día 30 para su pronta aprobación, que se teme sea con poca discusión y en un madruguete. El grupo quedó integrado por el economista Ernesto Piedras, la antropóloga Lucina Jiménez, el periodista Eduardo Cruz Vázquez, el analista de comunicación Carlos Lara, el antropólogo Eduardo Nivón, el legislador Alfonso Suárez del Real y el encargado de Extensión y Difusión de la Cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Flavio González. Asimismo, el abogado Raúl Ávila Ortiz, la directora del Museo Nacional de las Intervenciones, Cecilia Genel; el secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Celso José Garza; el miembro del Consejo Municipal de Cultura de Celaya, Gerardo Cásarez Patiño; el consultor Carlos Villaseñor; y Nuria Sanz, representante de la UNESCO en México, quien al parecer sólo tendrá una participación presencial y no activa pues es de nacionalidad española. En entrevista con la reportera Niza Rivera de la agencia Apro, Lara explicó que para la redacción se considerarán tres iniciativas de ley presentadas con anterioridad que no han precluido; elementos de otras siete ya precluidas, así como los análisis de las audiencias públicas realizadas con miras a esta ley. El especialista dijo: “Llevamos 15 años debatiendo cómo legislar a la cultura, este Consejo tiene un mes, hay proyectos que podemos tener en cuenta, hay muchas ideas, experiencia, puntos de vista y se puede hacer”. El petate del muerto La historia de las iniciativas de ley y cultura se parecen a la de Pedro y el Lobo: Cada Legislatura asegura al inicio que ahora sí llegó la hora, y concluye su gestión con un “será para la próxima”. Y nuevamente no se da porque se comienza con nuevas consultas, más foros de discusión y los consejos asesores que sólo rotan a los mismos integrantes, con ya consabidas exclusiones. Casi desde la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) se habló de la necesidad de dotarlo de un marco jurídico adecuado. Nació por decreto presidencial de Carlos Salinas de Gortari y durante toda su existencia --concluida en diciembre de 2015 para dar paso a la Secretaría de Cultura-- tuvo la irregularidad de haberse sobrepuesto a los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), creados por ley. Se propuso entonces la elaboración de una ley de cultura que diera el orden jurídico adecuado. Durante años, el entonces titular del Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa, esquivó el tema. Afirmaba que no hacía falta una estructura legal para hacer difusión cultural y realizar actividades artísticas. En marzo de 1997, mediante el acuerdo 223 se transfirieron al Conaculta atribuciones correspondientes a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que pudiera operar en materias que sólo corresponden a los institutos, por ejemplo la conservación, protección y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. Fue Sari Bermúdez, sucesora de Tovar y de Teresa, quien se propuso en 2004 llevar adelante un proyecto para una llamada Ley de Fomento a la Cultura, que en su momento fue conocida como “Ley Sari”, por ser identificada con su gestión. Al mismo tiempo, legisladores del PRD presentaron por su parte una iniciativa similar. Pero apenas se filtraron los borradores en los medios de comunicación, la comunidad cultural, así como trabajadores e investigadores del entonces subsector cultural, se organizaron en su contra. Acusaron que tenían una concepción vertical de las instituciones culturales y adoptaba de manera “acrítica y nodal el concepto de industrias culturales”, además de que se había hecho de espaldas a la comunidad cultural: “Las dos --señaló un grupo de artistas en su momento-- se basan en un entendimiento sobre el valor económico de la cultura que ha sido ampliamente divulgado por la prensa, sin haberse discutido aún en el ámbito académico y con el amplio espectro de la creación cultural de nuestro país”. Desde entonces se demandaba la incorporación al sector cultural de instituciones que no se entiende por qué se mantienen en ámbitos políticos: “La necesidad de una propuesta integral. Una Ley General no puede resolver, por sí misma, las carencias legislativas relacionadas con la creación, la promoción de la cultura y la preservación del patrimonio. Para que una reforma tenga efectos, debe existir un proyecto legislativo que abarque el conjunto de leyes que se relacionan con la actividad cultural. “Asimismo, debe incluir un catálogo de instituciones de cultura, tanto las que hoy se encuentran bajo la égida del CNCA como de las que continúen funcionando en otras dependencias del Ejecutivo. En particular, debe estudiarse la posibilidad de que el Archivo General de la Nación, y otras dependencias análogas, dejen de formar parte de la Secretaría de Gobernación”. Decisión de poder Para mayo de 2005, diputados y legisladores presumían consenso para sacar adelante una ley general de cultura. Para ello organizarían foros públicos. La idea era lograr al menos una reforma constitucional del artículo 4º o del 3º para incorporar a la Carta Magna el derecho a la cultura; luego, crear el marco jurídico del Conaculta o crear una Secretaría de Cultura. En realidad, desde 1998 la entonces diputada perredista María Rojo ya había presentado la iniciativa para incorporar a la Constitución el derecho a la cultura. Fue hasta septiembre de 2008 cuando la LX Legislatura aprobó, por unanimidad, reformar el artículo 4º. Ya aprobado, se comenzó a insistir en que para ejercer cabalmente ese derecho era necesaria una ley reglamentaria, una ley federal o una ley general de cultura. Pero no se lograba. El paso de la legisladora panista Kenia López Rabadán por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados no sólo no logró avanzar en un proyecto de ley. Especialistas señalaron en su momento que ni siquiera tenía una agenda de trabajo en materia cultural. Se sabía que el Conaculta, con Consuelo Sáizar a la cabeza, elaboraba su propia iniciativa de ley y que se anunciaría como parte de las fiestas por el Bicentenario de la Independencia. Que la tarea era realizada por el entonces secretario técnico Fernando Serrano Migallón. Un documento también fue filtrado a la prensa. Eran tres cuartillas que no podían ser consideradas realmente una iniciativa y jamás institución alguna se atribuyó su paternidad. Al final no hubo ningún avance legislativo. Tras lamentar que prevalecieran las decisiones presidenciales en la cultura, Carlos Lara anticipó aquel 2010 que quizá mediante un decreto o decisión presidencial se otorgaría al Conaculta una nueva personalidad jurídica, quizá un organismo autónomo “o de plano se cree una Secretaría de Estado”. En diciembre de 2015 se creó la Secretaría. Fue, en efecto, un decreto presidencial aprobado por el Congreso. Cumplió su primer año de actividades el pasado10 de diciembre. Unos días después se anunció que se trabajará en el próximo mes para sacar adelante una ley de cultura. Lara dijo a Apro el pasado 14 de diciembre que una de las labores del Consejo Redactor será “dirimir la diferencia entre una ley general con una ley de derechos culturales y una ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional; dejar claro a la cultura como el bien jurídico a tutelar y, tercero, una propuesta (un articulado) que enmarque los principios de la política cultural del Estado mexicano”. Habrá de verse si realmente se logra sacar adelante una iniciativa de ley que satisfaga a la diversa comunidad cultural, que subsane las carencias del reglamento interno de la Secretaría de Cultura, y dé orden jurídico al sector cultural.

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