CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Enumerar la obra completa del arquitecto Jaime Ortiz Lajous sería tarea complicada para este espacio: Libros, colaboraciones periodísticas, participaciones en la defensa del patrimonio cultural en México y el extranjero, restaurador él mismo, funcionario durante una época y crítico puntilloso cuando no coincidió con los criterios de restauración de sus colegas. El también urbanista, quien nació el 1 de diciembre de 1932 en la Ciudad de México y falleció el pasado domingo 26 de marzo a los 84 años de edad, realizó estudios en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se especializó en restauración de monumentos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Sapiencia, en Roma, Italia. Autor de Querétaro, tesoros de la Sierra Gorda (1992), Oaxaca: tesoros de la Alta Mixteca (1994), y coautor de San Luis Potosí: Una veta de cuatrocientos años, con Ignacio Urquiza, entre otras obras, expresó también sus ideas en su columna “Fortín” en el diario El Universal, y a través de entrevistas. Denunció en 2002 la pretensión del entonces presidente Vicente Fox de devolver el edificio del Antiguo Palacio del Arzobispado a la jerarquía católica, y declaró al semanario Proceso que dicho inmueble tendría que seguir siendo propiedad de la nación, e incluso propuso que la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (hoy Secretaría de Cultura) hiciera un catálogo de todos los palacios arzobispales, con un estudio sobre su estado de conservación y el registro de su uso actual. Ocupó distintos cargos en las secretarías de Patrimonio Nacional, de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y de Desarrollo Urbano y Ecología. Fue miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) y secretario ejecutivo de la desaparecida Comisión de Preservación del Patrimonio Cultural de México, entonces organismo del Conaculta, desde la cual creó comisiones estatales y locales. Presidió en México el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, del cual fue cofundador, y fue asesor del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Junto con personajes como Guillermo Tovar de Teresa, Fernando Benítez, Manuel Arango, Luis Felipe del Valle Prieto y la pintora Carmen Parra, integró la Sociedad de Amigos del Centro Histórico. En octubre de 1998, tras un decomiso por parte de la PGR al coleccionista Ignacio Ortiz Cedeño, el arquitecto hizo una dura crítica a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, que data de 1972, en una entrevista con el semanario Proceso. Opinó que a las “mafias y a la gente que controla la cultura en México” no le convenía hacer cambios a la legislación. Por ello propuso que “las fortunas” que se estaban invirtiendo en proyectos como el rescate del exconvento de Santo Domingo en Oacaca, se utilizarán para inventarios a nivel nacional y delimitar bien los sitios arqueológicos. Y es que fue un tenaz crítico de la remodelación del inmueble de la orden dominica en Oaxaca, llevada a cabo por el arquitecto Juan Urquiaga, por lo que aprovechó para señalar también: “Se ha instaurado en la cúpula de la impunidad de la cultura el procedimiento de no consultar a los verdaderos especialistas e ignorarlos con tal de sacar adelante los proyectos que dan luz y esplendor; es el caso de Teotihuacán y de los museos de Monte Albán, Oaxaca, y Xochicalco, Morelos, o de Cacaxtla, en Tlaxcala. En ningún país del mundo se exhiben los antiguos documentos originales (códices exhibidos al público), todavía no se inventa la luz que no lastime tintas y composiciones estructurales de papel, generalmente manufacturados con componentes vegetales, y gracias a que los documentos se guardan en la obscuridad se han conservado muchos de ellos.” También consideró como negativa la intervención que el mismo Urquiaga hizo en el Exconvento de La Merced, en el Centro Histórico de esta ciudad, en donde se colocó una cubierta, se planeó un estacionamiento, que él, junto con el ingeniero Roberto Melo, recomendaron suspender. En entrevista en la misma publicación en enero de 2001, planteó la posibilidad de que el gobierno terminara con la “ridícula” división entre patrimonio arqueológico e histórico, y patrimonio moderno. Sugirió que se creara un único organismo responsable de todo el patrimonio, cuyo cuidado se ha dividido históricamente, y hasta hoy, en los institutos nacionales de Antropología e Historia (hasta 1900) y Bellas Artes (a partir de 1900).