CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace ya ocho años, en 2010, la entonces presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar, se empeñó en construir en el corazón de Coyoacán el Centro Cultural Elena Garro, que incluyó una gran librería, remodelando una casona del barrio de la Concepción (calle Fernández Leal 43) catalogada como patrimonio artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Se proyectó que también contara con una sala de usos múltiples con isóptica, donde se pudiera proyectar cine y presentar teatro, y un restaurante que finalmente quedó en cafetería. Todo ello para impulsar el fomento a la lectura. A la propuesta se opuso un grupo de vecinos que hablaron de los posibles impactos en la zona histórica donde Hernán Cortés tuvo su residencia. Basado en el estudio de costo-beneficio que entonces dio cuenta de la existencia de 59 librerías (entre ellas las de mayor venta: Gandhi y Octavio Paz del Fondo de Cultura Económica), 21 museos, 24 teatros, 15 centros culturales, siete galerías, 20 bibliotecas y 15 universidades en Coyoacán, el periodista y autor del libro ‘Economía cultural para emprendedores, perspectivas’, Eduardo Cruz, cuestionó en su momento por qué una librería o espacio cultural más en Coyoacán y no en zonas de la propia Ciudad de México donde hasta la fecha se cuentan con los dedos de una mano. El estudio en el que se basó el proyecto --dijo Cruz Vázquez a esta reportera-- carece de un diagnóstico del impacto ambiental, uso de suelo, implicaciones del desarrollo urbano, y no dice que la zona, habitada por sectores de medianos a altos ingresos, “no demanda ni requiere de un nuevo equipamiento cultural”. Baste asistir cualquier día a este espacio para darse cuenta de que tiene poca asistencia y se siguen imponiendo la Gandhi y la Octavio Paz. Con motivo del proyecto Tren Maya, los especialistas en derecho cultural, Carlos Lara y José Manuel Hermosillo, plantearon la necesidad de un estudio de “factibilidad cultural” que provocó cuestionamientos en las redes sociales. Se inquirió por qué no se ha solicitado para otros megaproyectos como las mineras, desarrollos turísticos u obras de infraestructura (presas, carreteras, en fin) que operan cerca o en territorios de comunidades y afectan sus derechos culturales. En realidad, no es la primera vez que se demanda el respeto a los derechos culturales. Desde 2002, el Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señalaron “un enorme vacío” en la planificación del desarrollo, desde el nivel local hasta el internacional. Esto es, los estudios de factibilidad cultural con el fin de lograr “ese difícil e indispensable equilibrio entre el progreso de los pueblos, con justicia, paz y libertad, y la preservación de los valores culturales” El mismo 2002, el Senado de la República reformó los artículos 2, 8, 21, 27 y 40 de la Ley de Planeación para incorporar el concepto, que debe aunarse a los estudios de factibilidad financiera, económica, social, política o ambiental, según ha explicado el mismo Carlos Lara. Pero hasta hoy ha sido letra muerta y no ha habido un solo estudio de factibilidad cultural para algún proyecto de desarrollo. El Tren Maya, abundó, podría “estrenar” lo señalado por dicha ley en sus artículos 2º y 3º. Este último dice en un párrafo: “Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados”. ¿Por qué si los gobiernos anteriores (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) no cumplieron con ese estudio (en muchos casos tampoco con los de impacto ambiental y financiero), se le exige ahora al de Andrés Manuel López Obrador? La respuesta no es sólo para que no se repitan casos como el de la librería Elena Garro, que se planeó en el escritorio de un funcionario, nació con un presupuesto de 30 millones que se triplicó a lo largo de su realización y se impuso a cualquier oposición y al mismo estudio de costo-beneficio. La razón es porque el nuevo gobierno logró llegar con el apoyo de la gente, (53.17 % de los electores que hicieron que la jornada electoral fuera calificada como “histórica”). Y también porque ha prometido llevar a cabo la “Cuarta Transformación”.