CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dijo Miguel Ángel Mancera Espinosa, al dejar el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad de México para ser candidato a senador por la vía plurinominal, que se va “limpio”, aunque ya dio cuenta el semanario Proceso de los saldos de su gestión: impopularidad, improvisaciones, casos de corrupción, además de que abandona los trabajos de reconstrucción tras los sismos de septiembre de 2017. Con casi las mismas palabras se podría hacer el balance de su gestión en materia de patrimonio cultural: La fallida restauración de El Caballito hasta su empecinamiento en llevar a cabo la Línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma, la absurda demolición del edificio que perteneció a la Octava Delegación de Policía en la colonia Narvarte, la “limpieza” con pintura blanca del Hemiciclo a Juárez y la afectación o destrucción de varios inmuebles catalogados como artísticos para que cedieran su lugar a edificios de departamentos o megatorres. El Caballito El caso de la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como El Caballito, obra emblemática de Manuel Tolsá, fue ampliamente difundido. Comenzó el 19 de septiembre de 2013 cuando la empresa Marina Restauración de Monumentos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), inició trabajos de limpieza y restauración en la primera pieza vaciada en bronce de América, dañándola de manera irreversible (según el propio dictamen del INAH), al arrojarle ácido nítrico al 30%. “Una ocurrencia” que afectó una las mejores esculturas ecuestres del mundo, lamentó en su momento el arquitecto restaurador Sergio Zaldívar, en entrevista con Proceso. Cuatro años tardó en llegar la historia a su fin. Hasta el 9 de julio de 2017 cuando, luego de haber tomado a su cargo los trabajos de restauración, el INAH entregó la escultura con una nueva pátina, verde negruzco, que permite ver la obra ya sin los daños, aunque se sabe que en su aleación de metal quedarán por siempre. Mancera y la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, se dieron un abrazo en la ceremonia de entrega, que puso fin al largo proceso, en el cual la empresa Marina fue inhabilitada y retirado del cargo el entonces titular del Fideicomiso del Centro Histórico, Inti Muñoz. Ninguno de los funcionarios que en su momento se mencionaron como posibles responsables de la contratación de la empresa restauradora tuvo sanciones ni administrativas ni penales, entre ellos Alejandra Moreno Toscano, a la sazón Autoridad del Centro Histórico, y los titulares de las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Turismo, Educación y Cultura. Incluso, en su momento se mencionó con insistencia a Héctor Serrano Cortés, quien entonces se desempeñaba como secretario de Gobierno, y luego fue removido para ocupar la Secretaría de Movilidad. Hoy forma parte del equipo del candidato a la presidencia, Ricardo Anaya, coordinador de campaña para la Ciudad de México. El 11 octubre de 2013 el INAH interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia por los daños irreversibles a un monumento histórico, “en contra de quien resulte responsable”, y la ratificó inmediatamente. Días antes, el gobierno capitalino había interpuesto su denuncia ante la Procuraduría de Justicia del entonces Distrito Federal. El propio Héctor Serrano dio información al respecto al afirmar que “con ello se busca deslindar responsabilidades por las afectaciones causadas al monumento”, informó la agencia Apro el 9 de octubre de ese año, destacando: “La responsabilidad administrativa podría recaer en la propia Secretaría de Gobierno del DF porque la Autoridad del Centro Histórico y el Fideicomiso dependen estructuralmente de ella”. Una tras otra Apenas unos meses después de atraer las miradas de la prensa por el desastre de El Caballito, el gobierno de Mancera estaba ya en otro escándalo. En enero de 2014, sin las autorizaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), se demolió el edificio que albergó la Octava Delegación de Policía, en la esquina de avenida Cuauhtémoc y Obrero Mundial, en la colonia Narvarte Poniente. El inmueble, erigido en los años cuarenta del siglo pasado, estaba incluido en el Catálogo Nacional de Inmuebles con Valor Artístico del INBA, institución que envió al gobierno de la ciudad dos oficios con carácter de urgente, fechados el 9 de diciembre de 2013 y el 9 de enero de 2014, respectivamente, para solicitar que no fuese demolido. Las autoridades capitalinas no atendieron. Los dos casos, tanto el de El Caballito como el de este inmueble construido en el terreno que había ocupado el templo y convento de Nuestra Señora de la Piedad, fueron presentados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el abogado José Manuel Hermosillo y el investigador Carlos Lara, pues en su opinión, además de los “posibles delitos, que en su momento la autoridad competente, apegada a derecho, deberá determinar”, constituye una violación a los derechos humanos “a participar en la vida cultural, al acceso a los beneficios de la cultura y al patrimonio común”, señalaron en su momento a esta reportera. Tanto las autoridades de la delegación Benito Juárez como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF (Seduvi), se deslindaron de la demolición. Y no es que estéticamente la antigua delegación hubiera sido un hermoso inmueble, con una fachada bellamente decorada o algo por el estilo, pero era representativa de la arquitectura de una época del siglo XX. Se dijo durante los trabajos que se habían encontrado vestigios de la época prehispánica y cimientos arquitectónicos del siglo XVI correspondientes a los restos del templo de Nuestra señora de la Piedad. Pero no hubo tiempo para investigar, la urgencia era construir en ese terreno el estacionamiento para mil vehículos, frente al centro comercial Parque Delta (nombre tomado del antiguo estadio de beisbol de 1955, propiedad del Seguro Social). Intereses Emblemático fue también el caso del edificio de la calle de Puebla 151, considerado como “obra única” del arquitecto Manuel Cortina García. Construido en 1921 con el propósito de brindar vivienda digna a trabajadores de las clases media y hasta baja-alta o media-media, en un entorno donde aún se encuentra el templo de la Sagrada Familia y la sede de la Casa Universitaria del Libro. Las obras de construcción de una megatorre en la calle de Jalapa, frente a la Glorieta del Metro Insurgentes, causaron severos daños a la estructura del inmueble artístico. Por lo cual el historiador Óscar G. Chávez demandó al gobierno capitalino y a la delegación Cuauhtémoc por “omisión en el ejercicio de sus funciones al permitir el daño”, que calificó de crimen de lesa cultura. La casona de Cortina García es un ejemplo de los varios inmuebles representativos de la arquitectura moderna que han resultado afectados en colonias como la Roma, Condesa, San Rafael, Santa María la Ribera, Guerrero. Juárez, Cuauhtémoc e incluso en el Paseo de la Reforma, donde sus terrenos fueron cedidos para la construcción de elevadas torres. Integrantes del Grupo de Reflexión en Economía y Cultura (Grecu) de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, fundado por el periodista Eduardo Cruz, denunciaron en 2016 el desmedido incremento en la construcción de ese tipo de edificios en Paseo de la Reforma, en beneficio de empresas inmobiliarias. De por medio, dijeron a esta reportera, hay “miles de millones de pesos”. En su opinión, por más que en algún momento Mancera pretendiera ser oposición, “ha quedado claramente definido que también se subordina a los grandes poderes”. Su resumen fue que causó un grave caos inmobiliario y de movilidad que “supera con creces” a los de sus antecesores. Pidieron que no se creara en esa histórica vía --considerada la más bella y emblemática de la capital del país, trazada por Maximiliano de Habsburgo y la cual el gobierno de Benito Juárez decidió dedicar a los héroes de Reforma, y con varios monumentos a lo largo-- la Línea 7 del Metrobús. Mancera fue sordo a las opiniones de los expertos, como también a la de los ciudadanos y vecinos de las colonias aledañas. En junio de 2017, las reporteras Sara Pantoja y Areli Villalobos consignaron en Proceso que, detrás de la construcción de la Línea 7, “se oculta toda una red de intereses económicos con que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pretende opacar con argumentos ambientalistas y de movilidad”. Lo que se buscó realmente fue explotar comercialmente el Paseo de la Reforma y las calzadas de Guadalupe y Misterios mediante anuncios publicitarios colocados a lo largo, que dejarán ganancias de alrededor de 11 millones 500 mil pesos anuales, durante un periodo de 10 años. Al final se hizo la línea del Metrobús con el aval del INAH. Circula desde hace varias semanas y hasta tuvo ya su primer choque. Las concesiones y licencias de construcción a las inmobiliarias que construyen enormes y altos edificios de departamentos u oficinas ya no tienen límite. Acoso a la UNAM El escándalo más reciente, que marcaba las últimas semanas de Mancera al frente de la Ciudad de México, fue la pretensión de la empresa Be Grand, de construir dos moles de 27 niveles (setenta metros de altura) para albergar 600 departamentos en la avenida Copilco, frente a Ciudad Universitaria, cuyo campus central está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los avances en la construcción han puesto en riesgo la declaratoria. En los primeros días de marzo el juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, ordenó la suspensión definitiva de las obras, dando la razón a la UNAM. Se debe señalar, sin embargo, que la misma empresa está construyendo una enorme torre en la calle de Lafragua 7, esquina con Paseo de la Reforma, a unos metros de los monumentos a Cristóbal Colón y a la Revolución, éste último, obra del arquitecto Carlos Obregón Santacilia. Son prácticamente los límites del Centro Histórico. La empresa llevó a cabo un proyecto en el antiguo barrio de Tizapán, en San Ángel, y cuenta con otros en Polanco y diferentes puntos de la ciudad. Ésta es sólo una compañía, pero durante el gobierno de Mancera se habló de un “boom inmobiliario” que lo mismo destruyó el patrimonio cultural que el ecológico, cambió al gusto el uso del suelo con la anuencia del titular de Seduvi, según reportó la periodista Gloria Leticia Díaz en Proceso desde abril de 2013: “Con el gobierno de Mancera la dinámica de las irregularidades continua y también las denuncias por parte de ciudadanos que han exigido al mandatario despedir al titular de la Seduvi, Simón Neumann, por considerar que tiene un conflicto de intereses.” Muchos ejemplos más podrían mencionarse, como cuando el gobierno de Mancera decidió “blanquear” con pintura de aerosol el mármol del Hemiciclo a Juárez, para que no se viera sucio en una ceremonia de aniversario del natalicio del prócer, encabezada por Enrique Peña Nieto. Ello según denuncia de abril de 2016 de restauradores de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” del INAH. Ahora Mancera busca llegar al Senado, aunque no mediante el voto popular, sino con la curul asegurada por su designación plurinominal.