Nace asociación civil para defender los derechos culturales

miércoles, 20 de marzo de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Inspirados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 27 establece que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”, los especialistas Carlos Lara y José Manuel Hermosillo lanzaron hoy una asociación civil para litigar en materia de cultura. Ya tienen la experiencia en el ramo pues desde hace más de diez años han venido trabajando diversos temas. En octubre de 2013, por ejemplo, denunciaron ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por el ahora senador Miguel Ángel Mancera, por haber causado daños irreversibles a la escultura ecuestre de Carlos IV, conocida como “El Caballito”, como resultado de una mala intervención con la que se buscaba su limpieza. “Artículo 27 S.C.” es el nombre de la agrupación, registrada ante notario público y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundada por Lara y Hermosillo, quienes también han venido trabajando en la defensa de los derechos colectivos de los artesanos mexicanos ante la piratería de grandes empresas de sus diseños originales, como son los casos de las muñecas de Amealco y los Tenangos de Doria del Estado de Hidalgo, por mencionar sólo un par. A través de un documento enviado a esta redacción explican sus propósitos: “Una vez que la Reforma Cultural ha sentado las bases de un nuevo paradigma constitucional en favor del derecho a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales, a partir del principio pro persona, ha llegado el momento de que los agentes culturales del país comiencen a hacer valer estos derechos, mediante el ejercicio de una pedagogía jurídica y de un activismo judicial en esta materia.” Entre otros temas culturales que los investigadores han llevado también al terreno jurídico, se puede mencionar la demolición del antiguo edificio de la Octava Estación de Policía, un edificio de estilo art decó que se encontraba en la avenida Cuauhtémoc en la colonia Narvarte, donde “la lentitud institucional y la voracidad inmobiliaria no hicieron posible la defensa del inmueble”, pese a que se encontraron también vestigios prehispánicos. El sitio terminó como estacionamiento funcional al centro comercial Parque Delta. Y qué decir de sus señalamientos y objeciones a la construcción de la Línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma, pues destacaron en su momento, en entrevista con el semanario Proceso, que se trata de una avenida emblemática cuyos orígenes se remontan al siglo XIX durante los gobiernos contrapuestos de Benito Juárez y Maximiliano. Mediante sendas cartas solicitaron sin éxito la intervención de los institutos nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes, “toda vez que las obras de este proyecto impactaban los elementos históricos y artísticos” de la avenida. El pasado 25 de enero un juez federal les dio la razón al determinar que el gobierno de la Ciudad de México dañó el patrimonio del Paseo de la Reforma, por lo cual ordenó la eliminación de espacios destinados a la publicidad en las estaciones del Metrobús. En la actualidad trabajan en demandar la intervención de la CNDH y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente al proyecto del Tren Maya en el sureste mexicano, con el fin de que los pueblos y comunidades indígenas sean consultados como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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