Resistencia de Bancomer en el caso del Club Veracruz

martes, 3 de enero de 2006
* Bloquea la extinción del fideicomiso, se queja el gobierno estatal Jalapa, Ver , 2 de enero (apro)- Este día, el gobierno estatal admitió que ha realizado numerosas acciones con el propósito de dar cumplimiento al requerimiento formulado por el Legislativo, sobre la extinción del fideicomiso Club Tiburones Rojos de Veracruz, sin embargo, encontró "serias dificultades por parte de la institución fiduciaria" que han obstaculizado atender dicha instrucción Y es que a menos de dos meses que se cumpla un año de que el Congreso local solicitara al gobierno de Fidel Herrera Beltrán la disolución del fideicomiso Club Tiburones Rojos de Veracruz, tras detectar irregularidades financieras, hoy se pretexta que el Grupo Financiero BBVA Bancomer ha impedido la extinción de dicha figura jurídica Es así que el presidente de la empresa Promotores Integrales Mexicanos SA, Rafael Herrerías Olea, no sólo se ha negado sistemáticamente a responder ante los órganos de fiscalización de la Legislatura local sobre el quebranto financiero que provocó en dicho fideicomiso, sino también a la propia institución bancaria que participa como fiduciaria El pleno legislativo, el 23 de febrero de 2005, aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se solicitó al Ejecutivo disolver el contrato de ese fideicomiso, creado en 1999 por el exgobernador Miguel Alemán Velasco para la operación de los equipos de futbol propiedad del gobierno, sin embargo, al final de su sexenio la administración de éstos quedó bajo el control total de Herrerías Olea No obstante el quebranto financiero detectado por las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), cuyo monto supera los mil 400 millones de pesos, y a la denuncia penal interpuesta por la Comisión de Vigilancia de la Legislatura local ante el Ministerio Público contra los socios de la empresa propiedad de Rafael Herrerías, es fecha que tampoco se observan avances Según el documento remitido por el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Rafael Murillo Pérez, al presidente de la mesa directiva del Congreso local, Ramiro de la Vequía Bernardí, a pesar de los trámites realizados ante BBVA-Bancomer, para la extinción del fideicomiso público F/313558-5-Club Tiburones Rojos, "no se ha podido avanzar" Dentro de estos trámites, refiere, se solicitó al fiduciario la revocación de la administración delegada a Herrerías Olea, "como primer paso para proceder a la extinción del fideicomiso", y en este mismo sentido, sostuvo, el gobierno estatal emitió un comunicado de prensa en que se informaba se realizarían los trámites necesarios ante la institución bancaria para tal efecto El 18 de marzo la fiduciaria envió su propuesta de cuarto convenio modificatorio al contrato del fideicomiso, en el que se incluyó la siguiente cláusula: "Tercera: fideicomitente-fideicomisario único, en este acto, otorga a la firma del presente convenio el finiquito más amplio que en derecho proceda a favor de BBVA-Bancomer Servicios SA, por su actuación hasta este momento como fiduciario en el fideicomiso, no reservándose derecho o acción alguna en contra de dicha institución fiduciaria" Además, en una cláusula cuarta, se subraya que las partes manifestaron y reconocieron que en el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso "no existe dolo, error, mala fe, lesión o vicios del consentimiento, ya que mutuamente han acordado sobre el objeto del mismo, así como todas las estipulaciones con las que se ha pactado" Ante ello, señala la Sefiplan, "después de consultar a especialistas en derecho fiduciario y administrativo, así como a expertos contables, consideramos que está cláusula es inaceptable para el gobierno del estado, ya que se incurriría en responsabilidad oficial", por lo que después se solicitó a la fiduciaria "toda la información relativa a las operaciones del fideicomiso" En oficio de fecha 9 de marzo pasado, firmado por el director divisional fiduciario de BBVA-Bancomer, Alejandro Marín Leal, respondió haber remitido al gobierno estatal, a través de la Sefiplan, específicamente a la dirección de Fideicomisos, "estados de cuenta del patrimonio registrado correspondiente cada mes", por lo que pide se precise qué otra "información adicional se requiere" Por otro lado, en el mismo oficio signado por el apoderado de la institución bancaria, refirió que, por acuerdo del comité técnico del fideicomiso y con la conformidad del gobierno del estado, en su carácter de fideicomitente y fideicomisario ?A?, "la empresa Promotores Integrales Mexicanos asumió la administración delegada relativa al fideicomiso" Por esta razón, precisó, "esta institución fiduciaria, en diversas ocasiones, ha requerido por escrito la rendición de las cuentas correspondientes a su gestión", sin embargo, "esta empresa no ha otorgado respuesta a nuestros requerimientos, como es del conocimiento del comité técnico, situación que consideramos debe tomarse en cuenta para la toma de cualquier decisión e instrucción que como fideicomitente, fideicomisario ?A? y miembro del comité técnico acuerden tomar" Así, la Sefiplan solicitó al banco copias de los contratos, de los documentos que amparan las aportaciones del fideicomitente ?B? desde el 15 de octubre de 1999 al 28 de febrero de 2005, de documentos que amparen los contratos, convenios u operaciones celebradas por la administración propia o delegada del fideicomiso, así como aquellos suscritos por los apoderados de la fiduciaria, entre otros El 11 de abril de 2005, con motivo del inicio de auditorías a los fideicomisos públicos por las operaciones correspondientes al ejercicio 2004, como titular de la Sefiplan, señala Murillo Pérez, "solicité a la fiduciaria instruir lo conducente para que el despacho habilitado por el Orfis tenga acceso a los archivos respectivos que obran en la institución" Empero el 26 de abril pasado, la institución bancaria, aseguró, "respondió en el sentido de no acceder a lo solicitado en virtud que la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros es la única facultada para llevar a cabo revisiones directas en los archivos de esta institución fiduciaria, por lo que nos es imposible permitir el acceso directo de nuestros expedientes a persona ajena o diferente, tratándose de revisión de expedientes con carácter de auditoría" En torno a la disolución del fideicomiso, la institución fiduciaria solicitó a la Sefiplan una serie de documentos, entre otros, aspectos fiscales, legales y procedimiento para la extinción del contrato, sobre todo "lo que se refiere a la obligación de los causantes de contar con la documentación de comprobación fiscal de cinco años a la fecha" No obstante, aclara la Sefiplan, "ante el hecho de que la fiduciaria solicita información que no está en poder del gobierno del estado, sino en manos de los anteriores administradores delegados, a quienes en su oportunidad la fiduciaria no requirió la documentación que ahora nos piden, nos ha impedido extinguir un fideicomiso creado por el propio gobierno"

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