Luego de que a finales de agosto pasado se hizo público el acoso sexual contra una niña gimnasta que aquí llamaremos Rosy, las autoridades reaccionaron. La denuncia se había presentado en marzo de 2008. El presunto responsable, Francisco López Orozco, fue aprehendido y el juicio está abierto. El señalado asegura no recordar a la menor y niega ser entrenador. La Federación Mexicana de Gimnasia dice no tenerlo registrado y Bernardo de la Garza, titular de la Conade, para quien el abuso sexual en el deporte “es esporádico” y “un pequeño lunar en el mundo del deporte de la mujer”, advirtió a los padres de la niña –con quienes por meses rehusó encontrarse–  que si el entrenador es dejado en libertad no podrá negarle el trabajo.

Un año y nueve meses después de que fue denunciado por el delito de abuso sexual agravado, el martes 1 el entrenador de gimnasia Francisco López Orozco fue detenido y encerrado en el Reclusorio Preventivo Oriente.

Luego de que Ángela, madre de la menor Rosy (se omitieron los nombres verdaderos), revelara en este semanario que a pesar de que ambas habían denunciado a López Orozco en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), así como en la Procuraduría General de la República (PGR), la juez 17 de lo Penal, Carlota Guadalupe Mosco Vilchis, resolvió negar la orden de aprehensión “ante la inexistencia de delito que perseguir” (Proceso 1712). Por ello, presentó un recurso de apelación que, finalmente, derivó en la detención del entrenador, quien ahora espera que se le dicte auto de formal prisión o de libertad.

En su declaración preparatoria, el acusado dijo que “no ubica a la niña”. Negó ser entrenador y aseguró que sólo se ha desempeñado como coordinador en la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG). Durante los próximos días tanto el Ministerio Público como los abogados del consignado realizarán el desahogo de pruebas.

“Francisco dijo que no ubica a la niña, que no se acuerda de ella, que sólo trabajaba como coordinador y que no entrenaba a nadie”, cuenta Ángela.

Pero la señora asegura que aportará las pruebas que ayuden a que López Orozco sea castigado por las presuntas ofensas cometidas en marzo de 2007 contra su hija. Mientras tanto, el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza, y el presidente de la FMG, Gustavo Salazar, se han mantenido ajenos al problema a pesar de que el presunto delito fue cometido en Villas Tlalpan –instalación deportiva donde despacha el propio De la Garza– por un integrante de la federación.

Peor aún: sólo después de que Ángela solicitó en múltiples ocasiones una cita con Bernardo de la Garza para enterarlo del proceso judicial, el 14 de octubre pasado el director de la Conade se reunió con los padres de Rosy.

A petición del funcionario, el encuentro se efectuó en una de las cafeterías Starbucks de Paseo de la Reforma y no en su oficina. Ahí les dijo que en caso de que Francisco López Orozco quede en libertad, la dependencia que dirige no puede negarle el derecho a trabajar.

“Me pareció muy mal –comenta Ángela– que no me citara en su oficina y nos viéramos en un lugar público lleno de gente, donde es incómodo discutir un tema tan delicado. De la Garza llegó con un abogado de la Conade y les manifestamos que independientemente del desarrollo del juicio queremos garantías para nuestra hija, que no haya la menor posibilidad de contacto entre la niña y el profesor.”

La mamá asegura que el funcionario pidió que lo mantuvieran informado acerca de las salidas a competencias y el calendario de trabajo, a fin de que la niña y el entrenador no coincidieran en el mismo espacio y tiempo. Además, sostiene que De la Garza les dijo: “En caso de que lo declaren inocente no podemos negarle la contratación y su derecho al trabajo. Vamos a esperar cómo termina el proceso; si es inocente vamos a procurar que su hija no tenga contacto directo con él”.

Deslinde

Ante la indiferencia de la Conade y de la FMG, instancias a las que pidió ayuda desde 2007, cuando Rosy le dijo que el entrenador la “estaba manoseando”, Ángela envió el 17 de agosto pasado una carta al presidente Felipe Calderón, en la que exige justicia para su hija, que ahora tiene 13 años.

Dos meses después, el 28 de octubre último, el titular de la Red Federal de Atención a la Ciudadanía de la Oficina de la Presidencia de la República, Juan Manuel Llera Blanco, le respondió:

“Del análisis de su escrito, mediante el cual solicita se investiguen las presuntas irregularidades en que incurrió el personal encargado de las actividades deportivas en gimnasia artística, le informo que ha sido turnado a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que sea atendido a la brevedad posible.”

Tres semanas después de que la oficina de la Presidencia envió su respuesta, la madre de la menor recibió una carta firmada por la encargada del Centro Regional de Atención a Víctimas del Delito del Distrito Federal, Cristina Mendoza. En esa misiva la funcionaria, a nombre del titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, pone a sus órdenes servicios gratuitos de orientación jurídica, atención médica y psicológica, y le reitera el compromiso de procurarle a su hija “justicia pronta y expedita”.

“En esa carta me dicen que en la PGR hacen valer los derechos de las personas que están en un proceso jurídico para que se les procure justicia expedita. Mi hija ya está en terapias y va a salir adelante. Está mejor desde que supo que Francisco fue detenido; pero si ella ve que la justicia no se procura, todo esto de la denuncia le va a provocar daño en lugar de hacerle bien.

“En su vida la mejor clase de civismo que pueda recibir es ser testigo de que sí se procura la justicia. Cuando negaron la orden de aprehensión y vio que él no fue citado ni molestado, estaba bien triste; se sintió desprotegida porque su única esperanza eran sus papás y las autoridades”, comenta Ángela, quien al no tener la capacidad económica para pagarle a un abogado, ha enfrentado sola este proceso judicial.

En su empeño por buscar justicia la madre de Rosy ha tocado muchas puertas; incluso solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). En su carácter de directora de área de la Primera Visitaduría, Pamela San Martín Ríos y Valles envió el oficio 1-19130-09 al presidente de la FMG, Gustavo Salazar, en el que lo conmina a que imponga una sanción a Francisco López Orozco.

En respuesta a ese documento, la FMG emitió el pasado 20 de octubre el oficio P069/09 firmado por su secretaria general, Naomi Chieko Velenzo, en el que ese organismo expresa su intención de realizar las acciones necesarias para evitar que se vulneren los derechos de la menor, pero aclara que “no tiene relación con el presunto responsable”.

“La postura de la federación es que Francisco no tiene ninguna relación con ellos. No entiendo por qué. Todos los entrenadores y atletas están afiliados a la federación; no pueden decir que no tiene ninguna relación cuando apenas hace unos meses él estaba en Tijuana durante las competencias de la Olimpiada Nacional haciendo labores de logística.

“La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una carta a la Conade en la que pidió que actuara de alguna manera porque la federación es una asociación civil y no tiene injerencia sobre ella. Ahí está la raíz del problema: Reciben dinero público y tienen carácter nacional. Es ilógico que sean privados y decidan sobre niños, sobre menores de edad que ni siquiera son conscientes de lo que hacen y que practican deporte por gusto. Nadie se hace responsable de esta gente que tiene en sus manos el desarrollo de los niños”, se queja Ángela.

Abusos “esporádicos”

El titular de la Conade, quien siempre se excusa y prefiere no abordar el tema del acoso y abuso sexual en el deporte mexicano, aceptó tocar el punto con el reportero Enrique Gutiérrez, del diario El Gráfico. El miércoles 16 le dijo que “sí es algo que ocurre esporádicamente, como ocurre en todo el mundo, y que por supuesto que es una prioridad que eso se erradique, pero es un pequeño lunar en el mundo del deporte de la mujer”.

De la Garza no sólo mostró su ignorancia sobre el tema. Incluso mencionó que no sabía que la clavadista Laura Sánchez era menor de edad cuando fue víctima de abuso sexual de parte de su entrenador, Francisco Rueda, y de la entonces esposa de éste, la exclavadista Jessica Ayala.

“Ni sé eh… Eso no fue en mi tiempo, ni sé cuántas denuncias hubo contra Paco Rueda ante el Poder Judicial ni nada; esa es una cosa solamente moral.”

El pasado 26 de octubre, la Conade envió una carta a la mamá de Rosy en la que el coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos, Víctor Manuel Espinoza, le asegura que personal de dicha área se presentó en la Fiscalía de Investigación para Delitos Sexuales a fin de colaborar con la averiguación previa; sin embargo, el funcionario aclara que “se limitaron a entregar información acerca del presunto responsable, porque el personal de la Conade no tenía facultades para intervenir en el desarrollo por no ser parte de dicho procedimiento”.

En ese documento el funcionario enfatiza que para la Conade “lo más importante son nuestros atletas, más aún cuando se trata de menores de edad”. Añade que continuarán trabajando “para obtener una solución en el presente asunto”, que la dependencia tiene el compromiso de desarrollar una cultura deportiva “en un ambiente seguro, conservando los derechos y la dignidad de niños, hombres y mujeres, por lo que resulta intolerable cualquier actuación, ya sea de particulares o servidores públicos, que violenten esos derechos”.

Ángela argumenta que no le queda claro cómo es que ni la Conade ni la federación pueden documentar que Francisco López Orozco entrenaba a Rosy, pues –de acuerdo con el convenio que firmó la Conade con la FMG durante la administración de Nelson Vargas– como parte de sus obligaciones para que dicha asociación civil pueda usar el gimnasio ubicado en Villas Tlalpan, trimestralmente debe entregar por escrito al organismo del gobierno federal una relación de los profesores y alumnos que hacen uso de esas instalaciones.

También comenta que solicitó, por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), las listas correspondientes al último trimestre de 2006 y al primero de 2007, y la Conade respondió que no las encontró.

“Para que los papás tengamos confianza (en los responsables del desarrollo deportivo de los niños y jóvenes mexicanos) deben cambiar su postura. Si hay algo mal hay que limpiarlo y corregirlo, pero caen en lo mismo de esconder los trapos sucios.

“Conozco a muchas mamás que ya no quieren saber nada de la gimnasia porque es una porquería; no quiero decirlo así pero es lo que tenemos que aguantar los papás y los atletas para que nuestros hijos destaquen en la gimnasia, para que puedan hacer el deporte que les gusta. Es más triste porque son menores de edad, pero como ya compiten a nivel internacional y se van con los entrenadores, ellos son quienes toman decisiones por las niñas y las manipulan. ¿Cómo se van a defender si no son adultos?”, cuestiona Ángela.

El “pequeño lunar” al que se refiere el responsable del deporte nacional ha adquirido tintes alarmantes en México y en otros países. Tanto la presidenta de la asociación civil Deporte, Mujer y Salud (Demusa), Charlotte Bradley, como la titular de la Comisión de la Mujer del Comité Olímpico Mexicano (COM), Bertha Jiménez, han realizado sondeos y encuestas entre los atletas mexicanos, cuyos resultados evidencian que el acoso y el abuso sexual son una práctica generalizada.

Cifras reveladoras

De acuerdo con una encuesta aplicada en 2005 por el COM a 350 deportistas de alto rendimiento, 87% de ellos declaró haber sido tocado inadecuadamente sin su consentimiento, y 90.5% reconoció haber recibido una propuesta sexual insistente. A la pregunta de si durante su participación en el deporte han sido violados o víctimas de acoso sexual, 16.3% respondió que sí; es decir, 57 de los encuestados, de los cuales 56.1% son mujeres y 43.9% hombres, contestaron de manera afirmativa.

Datos como éstos revelan las condiciones en que trabajan y se relacionan integrantes de selecciones nacionales, entrenadores, dirigentes, médicos, acondicionadores físicos y personal administrativo del deporte nacional. En la encuesta realizada en 10 estados del país, incluido el Distrito Federal, también se preguntó: ¿Quién es el acosador? Y 53.9% respondió que el entrenador. ¿En qué lugares ha observado que se lleve a cabo el acoso sexual? 76.2% aseveró que en el lugar de entrenamiento. (Proceso 1583).

La economista y periodista Charlotte Bradley aplicó un cuestionario a 150 atletas mexicanos, hombres y mujeres; 71% reveló que alguna vez fue víctima de acoso o abuso sexual o que conoce a personas que sufrieron lo mismo. (Proceso 1566).

A escala mundial, en Noruega, por ejemplo, quedó documentado que 72% de las mujeres encuestadas reconocieron haber experimentado alguna forma de acoso sexual.

Por su parte, Celia Brackenridge, profesora de Ciencias del Deporte de la Universidad Brunel de Londres, indica que todos los países deben atender este problema, cambiar las leyes del deporte y otorgar a los atletas el poder de expulsar a los entrenadores, “sobre todo en los deportes olímpicos porque el acoso y abuso sexual deben ser combatidos en la misma medida que el dopaje, pues son igual de graves” (Proceso 1566).

Mientras que en países como Holanda, Inglaterra, Canadá y Australia, incluso en algunos de África, se reconoce el acoso y el abuso sexual como una práctica común y se diseñan mecanismos para atacarlos, en sus atropelladas declaraciones De la Garza aseveró que “en la etapa de desarrollo es cuando hay que tener más cuidado, porque normalmente, cuando pasan cosas indeseables, las mujeres son más proclives a que haya algún tipo de acoso o molestias de entrenadores y es ahí donde tratamos de reforzar el esfuerzo, en particular con las mujeres”.

Sobre esos esfuerzos que supuestamente se realizan, el titular de la Conade no ofreció ningún detalle.

Este es un  reportaje que se publica en la edición 1729 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 20 de diciembre.