MÉXICO, D.F., 5 de octubre (apro).- Víctor Garcés Rojo, destituido en agosto pasado como director jurídico de la Cooperativa Cruz Azul, incurrió en el delito de fraude en la compra de la empresa Productos Cementeros Mexicanos (PCM).

           Así lo dictaminó la auditoría practicada por el despacho Deloitte a la Cooperativa Cruz Azul, que hoy se dio a conocer, un día después de que fue baleada la casa del vicepresidente del Cruz Azul, Alfredo Álvarez, responsable de promover el estudio en su carácter de presidente de la Comisión de Conciliación de la empresa.

           La auditoría reveló que Víctor Garcés, cuñado de Alfredo y Guillermo Álvarez, recibió dos cheques con valor de 24 millones de pesos del entonces actuario de la cooperativa y propietario de PCM, Carlos Terroba Wolff.

              De acuerdo con el portal de internet mediotiempo.com, que adelanta parte de la auditoría, la empresa PCM genera a la cooperativa un pasivo de alrededor de 900 millones de pesos.

          “La cosa está tan grave que hay copias de cheques por 24 millones de pesos que de su cuenta personal Carlos Terroba Wolff entrega a favor de Garcés tres días después de la firma del contrato”, señala el sitio de internet, que atribuye la versión a “un informante”.

          Según esa página de internet, la junta de consejo de la cooperativa ya tuvo acceso a la auditoría, si bien Alfredo Álvarez –quien presenta un fuerte cuadro gripal-- no asistió por prescripción médica.

          Ahora, el resultado de la auditoría se tendrá que hacer –por ley- del conocimiento a la autoridad penal, así como al Ministerio Público, con el fin de deslindar responsabilidades.

             Proceso publicó en sus ediciones 1736 y 1741 que unos 300 cooperativistas llamaron a cuentas al director jurídico de esa cooperativa, Víctor Garcés Rojo, por su  presunta responsabilidad en un desvío de 15 mil 558 millones 937 mil dólares.

            De acuerdo con los reportajes, las presuntas maniobras de Terroba Wolf y Víctor Garcés ocasionaron un multimillonario quebranto financiero  a la cooperativa, derivado de una cadena de irregularidades, entre ellos la adquisición de los terrenos donde se construyó la oficina central de la cementera tasados en sobreprecio, ubicados frente al centro comercial Gran Sur, en el Distrito Federal.