MONTERREY, N.L., 30 de abril (apro).- Abogados del Colectivo Ciudadano en Defensa del Parque La Pastora presentaron hoy un amparo ante la justicia federal para impedir que sea construido el estadio de Futbol Monterrey en terrenos del bosque La Pastora, en el municipio de Guadalupe.
          Encabezados por el abogado Luis Gerardo Vázquez Payán, los ambientalistas argumentaron que la edificación de un estadio para 50 mil personas en 25 hectáreas de zona boscosa provocará un daño irreparable al medio ambiente en la localidad.
           La demanda fue interpuesta en el juzgado II de Distrito en Materia Administrativa y confían que la próxima semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les otorgue una suspensión provisional mientras se analiza la propuesta que, esperan, derive en el otorgamiento de una suspensión definitiva.
          Este es el primero de varios amparos que presentarán vecinos de La Pastora e integrantes de ese colectivo, dijeron.
           Vázquez Payán, quien forma parte del grupo de litigantes Integración Ciudadana, que presta asesoría jurídica gratuita a causas ciudadanas, señaló que con el amparo se busca evitar la violación a leyes y tratados internacionales si se construye del estadio.
           Dijo que eso violaría el artículo 4 de la Constitución, que habla del derecho que tienen los ciudadanos de vivir en un ambiente de salud y bienestar, y la Declaración de Johannesburgo firmada por México en 2002, que promueve la preservación ecológica.
            Por su parte, cinco vecinos de la zona, promotores del amparo, señalaron que el bosque es el único pulmón del área metropolitana y su depredación afectará irremediablemente la salud de los habitantes del área.
            Explicó Vázquez Payán: “Este amparo está enfocado 100 por ciento a la cuestión del medio ambiente. Con esto, los ambientalistas podrán demostrar que efectivamente la construcción daña el ecosistema. Si demostramos que eso pasa, el amparo procede porque procede…
         “Queremos sentar un precedente. Los amparos que se han hecho en contra de estas causas, no han procedido, soy sincero, pero esperamos que la Suprema Corte dé la razón a los vecinos, que son los que demandan”, dijo.
          El pasado 31 de marzo, el Congreso local aprobó entregar en comodato por 60 años el predio a la empresa Desarrollo Deportivo y Comercial, subsidiaria de Fomento Económico Mexicano (Femsa), dueña del Monterrey.
         En el decreto 53 se establece que Femsa tiene 30 días para hacer válido el trámite de la concesión. Si el juez da una suspensión definitiva, la empresa tendría que enfrentar un embrollo jurídico pues no tendría dominio sobre el predio en el lapso que señala el mandato gubernamental, señaló.
           En tanto, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) manifestó su preocupación por las amenazas, vía correo electrónico, de que han sido objeto los activistas Ximena Peredo y Antonio Hernández.
          Mediante un comunicado, señaló que han sido víctimas de hostigamiento y hostilidad principalmente por parte del Congreso de Nuevo León, que ha negado información sobre el comodato.
          Agregó: “De la misma forma nos preocupan las declaraciones del comunicador Roberto Hernández Jr. (de Multimedios), quien incita a la violencia y agrede verbalmente a los integrantes del colectivo”.