MÉXICO, D.F. (apro).- Después de año y medio de la expulsión de diez cooperativistas, el juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal concedió el amparo indirecto a los quejosos, con lo que se obliga a la Procuraduría capitalina a continuar las investigaciones en contra del director general de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo Álvarez, por presunta administración fraudulenta. El daño ocasionado a la cooperativa supera los mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de Cristian Cárdenas, uno de los abogados del depuesto Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, presidido por Armando Valverde Talango. La resolución del juez, con fecha del martes 11, deja sin efecto el intento de la defensa de Billy Álvarez de evitar la aplicación del ejercicio de las investigaciones. Se trata de la sentencia favorable número 34 que recibe el grupo disidente desde que en 2011 inició una serie de demandas en contra de Álvarez Cuevas en diversas instancias, la civil y la penal, así como por diferentes jueces de distrito y tribunales unitarios y colegiados. Pero el más reciente descalabro del director general de la Cooperativa La Cruz Azul también deberá anotársele al despacho del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en sociedad con Julio Esponda. “Se otorgó el amparo al no ejercicio de la acción penal por la Procuraduría del Distrito Federal, con lo cual se evidencia que fue dictaminado de manera ilegal, y evidencia la corrupción que existió en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en el sentido de que omitieron investigar la administración fraudulenta en Cruz Azul”, resumió Cristian Cárdenas. El 16 de abril, la PGJDF resolvió el no ejercicio de la acción penal, a pesar de las pruebas presentadas por la parte disidente. José Pastor, otro de los abogados del depuesto Consejo de Administración, asegura a Apro que a partir de dicha sentencia la PGJDF “no tendrá más remedio que continuar con la averiguación previa y consignarla para que el juez penal dicte las órdenes de aprehensión correspondientes contra Guillermo Álvarez Cuevas y los demás responsables. “Así las cosas, ni el exsecretario de Gobernación, ni el doctor Esponda, como el personero traficante de influencias calderonistas más poderoso y sofisticado de los últimos años, podrán salvarlos de rendir cuentas a los cooperativistas”. Según Pastor Suárez, aun cuando Álvarez Cuevas y su grupo de abogados interpongan el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en contra de la sentencia, “lo único que conseguirán es dilatar una semanas la exigencia de las responsabilidades que deberán enfrentar por su corrupta y negligente administración de la cooperativa y empresas filiales. “Se trata de recuperar y refundar la cooperativa más importante de México, que genera alrededor de 50 mil empleos directos e indirectos en cinco estados de la República: Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, Puebla y Distrito Federal”, puntualizó José Pastor Suárez. La denuncia contra Guillermo Álvarez Cuevas presentada a finales de 2011 ante la PGJDF es derivada de una serie de auditorías practicadas a la cooperativa entre 2010 y 2011 por despachos de reconocida solvencia internacional, mismos que encontraron presuntas graves irregularidades y daños patrimoniales.