Ilegal la detención de homicida de porrista del América: Ombudsman de Querétaro

jueves, 21 de febrero de 2013
QUERÉTARO, Qro., 21 de febrero (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) calificó de ilegal la detención de José Miguel Urbina Franco, acusado de asesinar a un porrista del América, después de un partido los Gallos Blancos y las Águilas celebrado en el estadio Corregidora en enero del 2012. Aunque la resolución de la CEDH tiene fecha de 1 de febrero, ésta se conoció hasta hoy en virtud de que el organismo no la emitió mediante una recomendación, sino bajo la figura del “Acuerdo de responsabilidad”, una modalidad que permite al ombudsman no divulgar las conclusiones del expediente, que se conocieron hoy por parte de la quejosa, la madre de José Miguel Urbina. Este acuerdo ya fue aceptado por la Procuraduría de Justicia, misma que tiene obligación de abrir un proceso administrativo para sancionar al agente del Ministerio Público, José Luis Ontiveros Pacheco, y a los agentes investigadores Iván Israel Almaraz y Luis Fernando Ortiz Rivera, aunque no prevé otro tipo de responsabilidades por estos hechos. El muchacho permanece recluido en el Centro de Readaptación Social de San José el Alto desde su detención, y su madre, la señora Ofelia Franco, interpuso una queja ante el organismo estatal por tortura y detención arbitraria, por lo que se inició el expediente CEDH/0076/2012/PJ. Luego de poco más de un año de tener abierto el expediente de queja, la CEDH cerró el caso mediante el “Acuerdo de responsabilidad” dirigido al procurador de Justicia Arsenio Durán Becerra, en el que concluye que el agente del Ministerio Público ante el cual compareció Miguel Urbina y los agentes de la Policía Investigadora que lo aprehendieron, cometieron varias irregularidades en su detención y consignación. Aunque la Comisión –según el acuerdo firmado por el visitador general Juan Orlando Vilchis Cortés-- considera que no hay elementos para acreditar que Miguel Urbina, El Tortillas, fue torturado por los agentes investigadores Iván Israel Almaraz y Luis Fernando Ortiz Rivera para declararse culpable, sí encontró que no se cumplió adecuadamente con el ejercicio de la acción penal en contra del muchacho, al que se señaló como responsable de matar a Cristian Jair Bringas, integrante de la porra del América, en una riña entre seguidores de este equipo y los Gallos Blancos. El pleito ocurrió en la comunidad El Colorado, sobre la carretera México-Querétaro, horas después del partido del 7 de enero, cuando los autobuses en que viajaba la porra americanista de regreso a la Ciudad de México fueron apedreados por personas que se encontraban en la entrada de la comunidad, a pie de carretera. En entrevista con apro, el ombudsman Eduardo Nava explicó que José Miguel Urbina compareció ante el Ministerio Público el 10 de enero del año pasado mediante una orden de localización y presentación, y al dar su testimonio –según la averiguación previa-- declaró ser culpable, por lo que el Ministerio Público debió solicitar la orden de aprehensión al juez penal, sin que ellos ocurriera. En su lugar, el agente José Luis Ontiveros Pacheco acordó una detención “por caso urgente”, que procede cuando se trata de un delito grave calificado y el inculpado se puede sustraer de la justicia, siempre y cuando no sea posible acudir ante el juez por razones de hora, lugar y circunstancias, según lo prevé el artículo 16 de la Constitución federal. “Aquí no procedía ese acuerdo porque estando en la ciudad de Querétaro, el Ministerio Público no tenía impedimentos para solicitar la orden de aprehensión; hay juzgados de guardia, aun en días festivos o fines de semana; no se cumplían las condiciones para que él determinara la detención sin la orden del juez en ese momento”, dijo Eduardo Nava. “Sí hubo una detención ilegal”, señaló el ombudsman estatal. Sanción “administrativa” a MP y agentes El “Acuerdo de responsabilidad” establece que al agente del MP y a los investigadores “se les debe iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, por no haberse conducido bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos”. Además, “se advierte un probable actuar irregular por parte del licenciado José Luis Ontiveros Pacheco, agente del Ministerio Público investigador número uno, toda vez que el 11 de enero, a las 3 horas con 41 minutos dictó un acuerdo por el que se ordenó la detención, por caso urgente, de José Miguel Urbina Franco, cuando esto no era procedente, así como de Israel Almaraz Lázaro y Luis Fernando Ortiz Rivera, policías de la Dirección de Investigación del Delito, toda vez que omitieron señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo al momento de llevar a cabo la detención por caso urgente” del muchacho. El acuerdo asienta que el MP Ontiveros Pacheco “dejó de cumplir con diversas obligaciones que la ley procesal penal le imponía, la práctica y ejecución de diligencias para el ejercicio de la acción penal, promover la iniciación del procedimiento ante el órgano jurisdiccional y solicitar la correspondiente orden de aprehensión y también omitió fundamentar adecuadamente la determinación del caso urgente”. En respuesta, el 18 de febrero el coordinador de Atención de Derechos de la Procuraduría de Justicia del estado, Benjamín Vargas Salazar, informó a la Comisión de Derechos Humanos que se dará vista al órgano interno de la dependencia para que sea iniciado el procedimiento administrativo en contra de los servidores públicos involucrados en la queja. Este “Acuerdo de responsabilidad” ni siquiera ha sido publicado en la página de internet de la CEDH. El visitador general explicó a apro que esto es una “facultad discrecional” del ombudsman, aunque eso no figura en la Ley Estatal de Derechos Humanos de Querétaro. Sin embargo, en caso de que la Procuraduría no cumpla con este acuerdo que ha aceptado, la ley estatal determina que el asunto se podrá hacer público y que el Congreso del estado podrá solicitar la comparecencia de los funcionarios responsables para que informen sobre el incumplimiento. A partir de esta resolución, los defensores de Miguel Urbina Franco buscarán obtener la libertad del muchacho, pues sostienen que la PGJ “fabricó un culpable” para calmar el escándalo por el conflicto posterior al partido de futbol y la muerte del seguidor americanista.

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