Sobre concesión en panteón municipal a líder del PRI en Guerrero

martes, 27 de febrero de 2018
Sr. Director: Distorsiona conferencia de prensa y miente el corresponsal del Proceso en el estado de Guerrero, Ezequiel Flores, al afirmar que “el líder del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez firmó un contrato con el gobierno por siete millones de pesos para construir fosa común”, ya que ante 17 reporteros de varios de medios de comunicación el dirigente estatal priista informó que: 1.- No es propietario del parque cementerio La Paz sino socio de una propiedad de su familia de 5.6 hectáreas, la cual es una concesión a 15 años con oportunidad de revalidarla otro período igual por el gobierno municipal. 2.- Desmintió la información publicada por la agencia de la revista Proceso el pasado 21 de febrero de que hubiera un negocio con el gobernador Héctor Astudillo ya que el proyecto empresarial fue iniciado desde 2012 y fue aprobado mediante convocatoria del ayuntamiento de Chilpancingo en 2013 y tras cumplir con la normatividad de impacto ambiental y los requisitos puestos a concurso, es decir, antes que el presidente del PRI ocupara algún cargo en el gobierno o en el PRI y mucho antes de que Héctor Astudillo tomara posesión como gobernador del estado. 3.- El trato para poder vender a la secretaría de Salud y a la entonces procuraduría general del estado para la construcción de seis módulos que albergan 280 bóvedas es de 6 millones de pesos (eso si es que se vendieran todas las bóvedas con un costo promedio aproximado de 22 mil 500 pesos cada uno), de los cuales solo han dado un adelanto de 1.2 millones de pesos, datos que pueden ser corroborados de manera transparente. Por tanto no son fosas comunes, sino bóvedas de un panteón ministerial en donde se depositan los cuerpos hasta ser identificados por las autoridades correspondientes y de acuerdo a protocolos jurídicos. 4.- Ni el gobierno estatal ni los actuales administradores del panteón La Paz cobran ninguna cantidad de dinero a los familiares o deudos cuando son identificados, ya que el cementerio fiscal tiene como propósito el resguardo de los cuerpos hasta complementar las acciones jurídicas, de manera humanitaria y solidaria, sin que represente un riego para la salud pública, siendo este modelo el primero en ser implementado en la República mexicana. 5.- Las precisiones a las informaciones dolosas, y hasta parece personales de Ezequiel Flores, fueron realizadas en una rueda de prensa realizada el pasado 22 de febrero, que fueron reproducidas en varios medios impresos, agencias informativas de las redes sociales, en las que se consignó que el monto total de la compra de la sección del cementerio ministerial fue de 6 millones y no siete como afirma incorrectamente el corresponsal de la agencia informativa de la Revista Proceso. 6.- Se cuenta con la grabación completa y transcripción de esa rueda de prensa que ponemos a disposición de los directivos de la Revista Proceso para que avalen lo publicado por su corresponsal con lo que en realidad se informó a los 17 informadores que asistieron. 7.- Solicitamos de acuerdo al derecho de réplica la publicación de estas precisiones en el mismo espacio en que fue publicada la información poco verídica de su corresponsal en el estado de Guerrero en dos publicaciones hechas el 21 y el 24 de febrero del presente año. Atentamente Francisco Rangel Cruz Secretario de Estrategia Institucional CDE del PRI Guerrero Señor director: Rechazo haber distorsionado la información sobre el caso del panteón estatal forense que el gobierno de Héctor Astudillo Flores construyó en 2016, al interior del cementerio privado denominado Parque La paz, ubicado al poniente de Chilpancingo y que administra una inmobiliaria de la que es socio fundador el actual dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez. De manera sistemática, el gobierno estatal se ha negado a transparentar el procedimiento de adjudicación y el monto del contrato que benefició directamente al líder priista y su familia, a pesar de que este reportero ha solicitado oficialmente esta información que debe ser pública de oficio como indica la Ley de Transparencia local. A más de un año de que Proceso publicó el texto En Guerrero se desbordan los cadáveres, Huicochea Vázquez citó en privado a un grupo de reporteros, que nunca documentaron el caso, para fijar una postura sobre el tema en su oficina donde admitió que él y su familia administran el cementerio privado donde el gobierno de Héctor Astudillo construyó el panteón forense para almacenar los cuerpos que permanecen sin identificar en las unidades del Servicio Médico de Iguala, Acapulco y Chilpancingo. De acuerdo a las declaraciones del titular de la Fiscalía, Xavier Olea Peláez y el secretario de Salud en la entidad, Carlos de la Peña Pintos, el proyecto del panteón estatal forense consiste en una construcción de siete módulos con 80 gavetas cada uno. Ahora, el dirigente estatal del PRI contradice a los funcionarios, al afirmar que el panteón forense consiste en “seis módulos que albergan 280 bóvedas por un monto de seis millones de pesos” pero que solo ha recibido 1.2 millones, sin presentar pruebas documentales que avalen su dicho como el contrato que el gobierno estatal mantiene en secrecía. Ojalá que el líder priista explique el procedimiento de adjudicación y exhiba el contrato que lo benefició a él y su familia con el tema de los cuerpos que permanecen sin identificar en el Semefo. La semana pasada, representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron públicamente que el proyecto de los panteones forenses que se tienen contemplados construir en el país como el caso de Guerrero, representan un fraude y un negocio que beneficia a los gobernadores y particulares porque en lugar de destinar los millonarios recursos para elaborar perfiles genéticos, están optando por depositar los cuerpos sin identificar en este tipo de fosas comunes. Ezequiel Flores Corresponsal

Comentarios

Otras Noticias