MADRID (apro).- Los montajes policiales no son patrimonio de un solo país. España entró al club de los anuncios oficiales grandilocuentes, pero que desbarran en chapuzas. El 10 de junio de 2011, Manuel Vázquez, entonces jefe de la Brigada de Investigación Científica de la Policía Nacional, posó sonriente en una conferencia de prensa, jugueteando en la mano con una máscara de Guy Fawkes, símbolo del movimiento de hacktivistas. “Hemos desmantelado a la cúpula de Anonymous en España”, decía orgulloso. Presumió que se había “desmantelado el principal servidor de Anonymous en España”. La conferencia de prensa tuvo lugar a menos de un mes del surgimiento del 15-M, el movimiento de los indignados que mantenía tomada la Puerta del Sol, en el corazón de la capital española. La clase política y empresarial estaba contra las cuerdas por la protesta ciudadana que ocupaba las calles y las plazas para levantar la voz y gritarles a esas élites que no les representaban. La reacción al anuncio de la policía en las redes sociales fue inmediata. Con el hashtag #cupulasinexistentes, se precisaba que Anonymous no tiene una “cúpula” y que cualquiera con capacidad tecnológica, hoy al alcance de cualquiera, podría actuar. El 18 de mayo de 2016 –un día después del día de Internet—, los tres detenidos (en Barcelona, Alicante y Almería) se sentaron en el banquillo del juzgado número 3 de lo Penal de Gijón (Asturias). Los supuestos miembros de Anonymous, Rodrigo T., Yuri L. y José M. F., están acusados de preparar un ciberataque que perturbó el normal funcionamiento de la página de la Junta Electoral Central (JEC), en los días previos a las elecciones del 22 de mayo de 2011, la del Congreso de los Diputados y el sitio de internet de la central sindical UGT. Se les acusa por los delitos de pertenencia a grupo criminal y daños continuados. La actual cúpula policial, muy cercana al Partido Popular y, en especial, a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dado varias muestras del uso político de los recursos de esas instituciones y de llevar al extremo la criminalización de la protesta ciudadana. Al momento de la detención, el ministro y su policía todavía no contaban con la ley de Seguridad Ciudadana, una norma tan restrictiva que aquí todo mundo la conoce como Ley Mordaza. Sin embargo, la actuación contra la supuesta cúpula de Anonymous, dejó en evidencia cuál era el talante de dichas autoridades por inflar las acusaciones para imprimir el mayor castigo posible. Las evidencias muestran que el caso se les desinfló: Un informe elaborado para conformar la acusación, reveló que los famosos daños contra estas instituciones llegaba al ridículo monto de 700 euros. El 19 de mayo pasado, el caso quedó visto para sentencia contra la supuesta “cúpula” española de Anonymous. A partir de los alegatos aportados por la acusación y por la defensa de los acusados, la juez decidirá sobre la petición del fiscal Alberto Rodríguez Fernández, de imponer una pena de cinco años de prisión a cada uno de los acusados y multas individuales que oscilan entre 4 y 5 mil euros. A su vez, las defensas de los acusados defienden que el proceso es “una chapuza”, porque existen pruebas que “no resultan concluyentes” y piensan que es exagerada la petición de responsabilidades por parte de la fiscalía. A esto se suman supuestas irregularidades cometidas por la policía, que ya fueron denunciadas, como la “intervención de comunicaciones entre abogados defensores y sus clientes” o el polémico papel de los agentes infiltrados en los chats de Anonymous. Las autoridades españolas afirman que Rodrigo T, un marino mercante, arrestado en Almería, donde trabaja –aunque tiene su domicilio en Gijón— usaba los nicks (alias en internet) Tuerinator y Devnuller. En su casa, según la policía, se hallaron “los equipos informáticos que soportaban los servidores caseros creados por el acusado y utilizados para dar soporte a los ataques”, se lee en la acusación. La fiscalía asegura que este presunto responsable “creó una red de servidores casera desde la cual se coordinaban los ataques y se daban instrucciones sobre los ataques”. En 2013 le añadieron la acusación de “revelación de secretos” por supuestamente filtrar el sumario del caso a la prensa, sin embargo, la acusación fue desestimada y archivada. José M. Z., a quien en el escrito de acusación se le identifica con el apodo Seraf, usaba los nicks Mugen, Seraf y Sipias. Y de él afirma que “era uno de los principales administradores del canal IRC (chat) ‘Anonymous annonet’, donde se ejecutaban los ataques previamente planificados”, contra la página de la Junta Electoral Central. También le atribuye haber dado la orden de inicio del ataque. El acusado reconoció los hechos y facilitó su computadora portátil. Yuri L., apodado Wicker y que usaba ese mismo como nick, además de Némesis e Irae, es señalado por la fiscalía de ser otro “coordinador” del ataque a la JEC y ser “gestor de servidores, creador de canales en el sistema de chat, fijar objetivos, analizar vulnerabilidad de sitios web para facilitar los ataques y dirigir los ataques planificados”. Desde su detención en 2011, la Policía y la fiscalía buscan relacionar estos ataques cibernéticos con el movimiento 15-M. El fiscal asegura que “el 18 de mayo de 2011 (a tres días de la acampada de los indignados), bajo el nombre SpanishRevolution, organizaron un ataque DDoS (ataque de denegación de servicio distribuido, por sus siglas en inglés) contra el entorno informático de la JEC, contra la central sindical UGT y contra la página del Congreso de los Diputados”. El ataque afectó el funcionamiento de los servicios de correo electrónico (casi 345 mil correos electrónicos en los buzones de la JEC los días 19 y 20 de mayo) y la web del organismo recibió picos de dos millones de peticiones en menos de un minuto lo que la colapsó. Los daños: 700 euros En enero de 2015, tres años y medio después de la detención, la fiscalía solicitó un informe para cuantificar los daños informáticos al organismo electoral. La cuantía final establecido quedó en solo 700 euros. Carlos Sánchez Almeida, abogado de uno de los acusados, argumentó que la acción de la que se acusa a los jóvenes, “no es un delito”, porque el referido informe “solo dice que hubo un gran número de direcciones IP que lanzaban un gran número de peticiones, pero no informa cuánto tiempo estuvo inoperativa la página de internet, ni qué servicios quedaron afectados”. En relación al mail bombing, el abogado recuerda que a los acusados “no se les ha acusado de haber enviado esos correos, no se ha demostrado que ellos enviaran correos ni se han aportado pruebas” de tales supuestos delitos. Otro de los abogados defensores, David Maeztu, también aclaró que “no hay constancia en el sumario de ningún otro ataque aparte del de la JEC”, pese a que la policía insistió en el ataque a UGT y al Congreso. “La policía dice que han atacado a otros sitios de instituciones o partidos, pero no se aportan pruebas de ello”, lo cual vacía la acusación de “un delito de daños continuados”. En su opinión, es casi como responsabilizarles “de todos los ataques en todo el mundo de Anonymous”. El abogado Sánchez Almeida argumentó que la acusación como “grupo criminal” es “ridícula”, si se parte que “Anonymous es simplemente una idea, un meme de internet, porque cualquier persona puede utilizar para reivindicar cualquier cosa”. Añade: Anonymous “carece de la infraestructura necesaria y la organización de sus miembros”. A juicio de Maetzu, “no se reúnen los requisitos que exige el Código Penal para que lo que hay en los autos justifique la existencia de un grupo criminal” y cree que el Ministerio fiscal está exagerando la acusación para justificar las intervenciones informáticas y telefónicas del caso, así como los registros (cateos) en los domicilios de los acusados, puesto que la ley solo ampara estas medidas para delitos graves, como los vinculados a delincuencia organizada y terrorismo. Quizá uno de los puntos más controversiales es que en la instrucción judicial se incluyera el contenido de cuatro conversaciones entre el abogado David Maeztu y su cliente, lo cual pone en riesgo el derecho a una defensa efectiva. Las intervenciones a dichas comunicaciones dejaron al descubierto la estrategia procesal del defensor con su cliente, en las que se refieren a una serie de “medidas sobre la privacidad acordadas por el juez, debido a que los daños informáticos es un delito menos grave que no justifica ni entradas ni registros (de los domicilios), ni intervención de comunicaciones”, explica Sánchez Almeida. Solo a nivel de ejemplo, por una actuación similar –ordenar a la policía intervenir comunicaciones—, el juez Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación y apartado de la carrera judicial. De regreso al caso de los supuestos miembros de Anonymous, el inicio del juicio también dejó al descubierto las pruebas aportadas por los agentes encubiertos que, durante meses, trabajaron infiltrados en chats. Uno de ellos con el nick Sprocket se introdujo en el canal de IRC #Hispania para ganarse la confianza del administrador. Los abogados consideran que la figura del agente encubierto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene una serie de requisitos y unas autorizaciones, que aquí no se dieron. Maetzu, además, advierte en medios de comunicación españoles, que en las conversaciones recogidas en el sumario, ven incluso una posible incitación al delito. “No es lo mismo monitorizar, sin ningún tipo de intervención y que simplemente mire lo que está pasando, que un agente que encima propone ataques, que ofrece redes de bots, que es una figura que está muy cerca del delito provocado”, explica. En su opinión, “hay irregularidades de todo tipo; creo que hay más cosas raras de lo que parece, estoy seguro de que hay más agentes infiltrados que participaron en ataques informáticos, y creo sinceramente que estamos ante un delito provocado, alguien de la Policía participó activamente en varios ataques para tratar de pillar a gente y ligar todo esto con el movimiento 15M”, dijo en una de esas entrevistas. Ley Mordaza La Ley de Seguridad Ciudadana en España entró en vigor el 1 de julio pasado, promovida por el Ministerio del Interior y con el voto mayoritario del PP y la oposición del resto de fuerzas políticas, por considerar que crea un “Estado policial”. La llamada Ley Mordaza, es una legislación extremadamente restrictiva –que aplica sanciones de hasta 600 mil euros por faltas graves y cárcel por vía administrativa, sin pasar por un juez—, y fue impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy. Lo hizo a través de su ministro Jorge Fernández Díaz, el político más conservador del gobierno, miembro del Opus Dei y de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, quien acostumbra acudir al Valle de los Caídos a realizar ejercicios de meditación junto a la tumba del dictador Francisco Franco, según publicó el digital El Plural. Este halcón del gobierno, un hombre de mano dura, lleva sus extravagancias al grado de imponer las más altas condecoraciones de los cuerpos policiacos (Policía Nacional y Guardia Civil) a la Virgen del Amor y a la Virgen de los Dolores. Los candidatos al gobierno –que contienden en la elección de este domingo 26— como el socialista Pedro Sánchez o el líder de Podemos, Pablo Iglesias, anunciaron que la derogarían. Y lo prometen porque la ley ha provocado mucho malestar y protestas, pero sin duda una de las más simbólicas es la que llevó a cabo el 1 de julio, cuando la plataforma de piratas informáticos Anonymous difundió los datos personales de cinco mil 400 agentes de la Policía Nacional en protesta por la aprobación de la Ley Mordaza. Argumentaron: “España es el único país de la Unión Europea que permite y aplica la censura. ¡Nosotros, Anonymous, no podemos tolerar este comportamiento!”.