MADRID (apro).- Todos los líderes políticos que en los días pasados tuvieron audiencia con el rey Felipe VI aseguran que se encuentra sumamente preocupado por la situación de bloqueo político e institucional que vive España. El país entró en su octavo mes de parálisis desde la celebración de las elecciones del 20 de diciembre (20-D), y se produjo tras el frustrado intento del socialista Pedro Sánchez de formar gobierno, lo cual llevó a la convocatoria de unos segundos comicios, el pasado 26 de junio (26-J). España se rige por una monarquía parlamentaria, donde se votan listas de aspirantes y no candidatos en lo individual. Y no existe límite para reelegirse. Es por ello que la lista que encabezó el presidente en funciones, Mariano Rajoy, obtuvo mayoría de votos y 137 escaños en el Congreso de los Diputados, pero insuficientes para llegar a los 176 que es la frontera de la mayoría absoluta. Eso le obliga a negociar un acuerdo con otras fuerzas políticas para que en la votación de investidura tenga la confianza del Congreso para formar un gobierno. Sin embargo, hasta hoy el inmovilismo de Rajoy y el resto de fuerzas que no ceden en sus posiciones dan como resultado la actual indefinición. El expresidente Felipe González profetizaba antes de las elecciones de diciembre que España tendría “un Parlamento a la italiana, pero sin italianos para gobernar”. Es decir que con la fragmentación del voto producida por el arribo de dos nuevos partidos –Podemos y Ciudadanos– al escenario político se podría tener una cámara legislativa muy divertida mediáticamente, pero neutralizada y con poca gobernanza. El problema en España es que aquí no se tiene la misma experiencia de los italianos u otros países europeos, donde se alcanzan acuerdos de gobierno. Aquí el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) son los únicos que han gobernado en lo que va de democracia, aunque en ocasiones con el apoyo de nacionalistas catalanes o vascos. Algunos ya hablan de ir a unas terceras elecciones si no hay un pacto para gobernar, sin embargo, desde su parálisis todos los actores políticos las descartan y lo ven como una hecatombe para el país. Este martes 2, tras reunirse con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en un primer intento para alcanzar una alianza, el presidente en funciones, Mariano Rajoy, deslizó que “si Sánchez se mantiene en el no” para negociar el posible apoyo de los socialistas, “volveremos a repetir las elecciones”. Días antes dijo que unas terceras elecciones serían un “disparate” y un ridículo internacional, y en cualquier oportunidad insiste en esa posibilidad. Nadie puede descartarlas, pero está claro que Rajoy ha utilizado ese argumento como un arma política para trasladar parte del costo político al PSOE. Si las posiciones de los partidos no se mueven y se ofrece una ruta de salida para la formación de un gobierno constitucional, España puede entrar en una situación que pueda comprometer su reputación internacional, como advertía el columnista de El Mundo, Carlos Segovia. El especialista lo planteaba no sólo por la necesidad de tener un gobierno constituido, sino porque España tiene que cumplir con una serie de compromisos y retos que debe enfrentar con un Ejecutivo estable. Está el avance del reto soberanista de Cataluña, que volvió a encender los ánimos en estos días y del que no se ve solución en el horizonte. Coincidiendo con este bloqueo, el Parlament catalán aprobó el 27 de julio el primer paso para la “ruptura” con España, desobedeciendo una resolución del Tribunal Constitucional (TC). Este último organismo suspendió la resolución del Parlament y advirtió a su presidenta Carme Forcadell que podría multarla, inhabilitarla o incluso iniciar un proceso penal en su contra. Pero desde Cataluña ya advirtieron que no obedecerán al TC, sino sólo la decisión de la mayoría en el parlamento catalán. Es previsible que el tema suba de tono cuando el 11 de septiembre, como cada año, se celebre el Día de Cataluña (la Diada), que en años recientes se convirtió en una de las fiestas más reivindicativas por los independentistas. El gobierno detenta otros dos retos que tienen relación entre sí, uno es la presentación de un proyecto de presupuesto del Estado que debe contemplar las medidas de restricción para cumplir con el objetivo de déficit, compromiso éste al que España se sometió como miembro de la Unión Europea, y otro cuando recibió de sus socios europeos ayudas financieras durante la crisis económica. España tiene el compromiso de disminuir el déficit fiscal por debajo del 3% del PIB para 2017, lo que implicará nuevos recortes. Aunque en pleno bloqueo, gracias a la intervención de Alemania, no fue sancionada por la Unión Europea por sus incumplimientos con la rebaja del déficit, entre 2017 y 2018 deberá reducir 10 mil millones en “recortes estructurales”. Rajoy presiona a las otras fuerzas políticas, en especial al PSOE y Ciudadanos –los llamados constitucionalistas–, con un acuerdo que le permita formar gobierno para hacer frente a estos retos, presentándolos como pactos de Estado. Busca desde un gobierno en coalición hasta un gobierno en minoría, pero con pactos programáticos. No obstante, hasta ahora no se ve alternativa. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le ha dicho reiteradamente: “No es no” a la investidura, ni con un voto a favor, ni con la abstención. El socialista criticó duramente a Rajoy por su inmovilismo, ya que durante semanas no inició contactos con las otras fuerzas ni les hizo propuestas específicas, sino que sólo se dedicó a presionar mediáticamente al PSOE y a Ciudadanos para recibir su apoyo o bien obtener su abstención. Le ha dicho a Rajoy que busque las alianzas con los partidos con los que el PP tenga más afinidades, como Ciudadanos. “Que las derechas se pongan de acuerdo”, dijo, “si no consigue el apoyo de las derechas, que no esperen el apoyo de la izquierda”. En cambio, desde Ciudadanos aspiran a que el PSOE se abstenga en la votación, lo que le daría a Rajoy la posibilidad de formalizar dicho gobierno. De cara a su propio electorado, Pedro Sánchez y el PSOE tienen una dura carga, que sería muy costosa en términos electorales: Sería llevar al gobierno al PP, que ha impulsado unas políticas que los socialistas ofrecieron cambiar. Sería muy costoso para los socialistas y sería la debacle para Sánchez permitir un gobierno del PP que enfrenta acusaciones en procesos judiciales por temas de corrupción y financiamiento ilegal (Caso Bárcenas y la Operación Taula, en Valencia), mismo que impulsó una severa ley de Seguridad Ciudadana que recorta derechos para la libre manifestación en las calles y da un poder desmedido a los policías y a la administración, cosas que el PSOE se comprometió a combatir. Sánchez comparte la “urgencia” de desbloquear la situación, pero exige que Rajoy se presente a la investidura y ofrezca un calendario para buscar la confianza del Congreso, sin embargo, Rajoy no clarifica si se presentará a la investidura ni la fecha. A partir de la presentación ante el Congreso, se arrancaría el reloj de dos meses para formalizar gobierno, en dos oportunidades, de lo contrario se tendrían que disolver las cortes generales (la XII legislatura) y convocar a nuevas elecciones. Es lógico que frente a todos estos desafíos, el rey Felipe VI, quien funge como jefe del Estado, se muestre preocupado. Sin embargo, algunos quieren que el monarca rebase sus atribuciones constitucionales. El secretario general de Ciudadanos, Albert Rivera, llegó a declarar al diario El País que en la sesión de consultas con el rey Felipe VI le pediría que les ayude y convenza a Sánchez que el PSOE tiene que abstenerse “para que esto se ponga en marcha”. Sin embargo, las atribuciones constitucionales del monarca se lo impiden. Su papel es solo el de “facilitar” que haya gobierno, como un mediador, y proponer al Congreso al candidato que intente formar gobierno. Pese a la limitación, muchos exploran fórmulas en las que pueda facilitarse ese eventual acuerdo, si no se quiere ir a unas nuevas elecciones.